UY Press - Agencia uruguaya de noticias

11.10.2026

Un país no es verdaderamente seguro solo porque puede defender sus fronteras: también necesita que sus ciudadanos puedan vivir, trabajar y construir su futuro sin miedo.

Cuando pensamos en seguridad, solemos imaginar fronteras, ejércitos, sistemas de defensa y capacidad de respuesta ante una amenaza externa. Es comprensible. El mundo atraviesa un período de incertidumbre geopolítica y los Estados tienen la responsabilidad de proteger su territorio y a sus ciudadanos.

Pero América Latina conoce otra dimensión de la inseguridad.

Una que no necesariamente comienza con una guerra ni termina cuando se firma la paz.

Una sociedad también es insegura cuando una familia teme salir de su vivienda; cuando un comerciante debe pagar una extorsión para mantener abierto su negocio; cuando una comunidad vive bajo el control de organizaciones criminales; o cuando un joven concluye que emigrar ofrece más posibilidades que permanecer en su propio país.

Estas amenazas no siempre llegan desde el exterior.

Muchas crecen dentro de nuestras propias fronteras.

El gasto militar mundial alcanzó aproximadamente 2.89 billones de dólares en 2025, el nivel más alto registrado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Esa cantidad representó alrededor del 2,5 % del producto interno bruto mundial [1]. 

El dato refleja la importancia que los gobiernos atribuyen a las amenazas internacionales. No sería riguroso concluir que cada dólar destinado a defensa representa automáticamente un recurso retirado de la educación, la salud o las políticas sociales. Tampoco sería responsable desconocer la obligación de los Estados de proteger su soberanía.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo obliga a formular una pregunta más amplia:

¿Qué significa estar verdaderamente preparados?

En América Latina, responder exige mirar tanto hacia el exterior como hacia el interior.

La región enfrenta formas de violencia capaces de alterar profundamente la vida cotidiana sin necesidad de una declaración formal de guerra. El narcotráfico, las pandillas, las redes de extorsión y otras organizaciones criminales disputan mercados, controlan territorios y, en determinados contextos, desafían la autoridad del Estado.

La magnitud del problema puede observarse en una cifra particularmente dura. Un informe elaborado conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sitúa la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe en 19.7 por cada 100.000 habitantes en 2023, la más elevada entre las regiones del mundo [2]. 

La criminalidad organizada no equivale jurídicamente a un conflicto armado. Tampoco todos los homicidios de la región son consecuencia del crimen organizado. Confundir fenómenos distintos conduciría a diagnósticos equivocados.

Pero algunas de sus consecuencias pueden parecerse.

Familias desplazadas. Actividades económicas interrumpidas. Restricciones a la movilidad. Comunidades sometidas al control de actores armados. Pérdida de confianza en las instituciones. Personas que modifican horarios, trayectos, inversiones y decisiones familiares porque el miedo se ha convertido en una variable cotidiana.

La inseguridad tiene además un costo económico considerable.

El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que los costos directos del crimen y la violencia equivalieron al 3.4 % del producto interno bruto de 22 países de América Latina y el Caribe en 2022 [3]. La estimación incorpora pérdidas de capital humano asociadas con homicidios, gastos de las empresas en seguridad y recursos públicos destinados a prevenir y responder al delito. 

Detrás de ese porcentaje existen empresas que destinan dinero a protegerse en lugar de invertir; comerciantes que reducen sus horarios; familias que modifican sus actividades por temor; y gobiernos que utilizan recursos para contener una violencia que limita otras posibilidades de desarrollo.

La inseguridad, por tanto, no es exclusivamente un problema policial.

También es un problema económico y de desarrollo.

La criminalidad organizada puede incluso modificar las decisiones de inversión. Garriga y Phillips analizaron los estados mexicanos entre 2000 y 2018 y encontraron que una mayor presencia de organizaciones criminales estaba asociada con menores niveles de nueva inversión extranjera directa. Las tasas generales de homicidio y criminalidad no presentaban la misma asociación, lo que sugiere que la estructura y la competencia entre organizaciones criminales pueden importar de una manera diferente a la violencia agregada [4]. 

Ese resultado debe interpretarse dentro de su contexto: se refiere a México y no demuestra que el mismo efecto tenga idéntica magnitud en toda América Latina. Pero ayuda a comprender que la criminalidad organizada puede afectar mucho más que a sus víctimas directas. Cuando actores ilegales disputan territorios, extorsionan actividades económicas o generan incertidumbre sobre las condiciones en las que operará una empresa, también alteran los incentivos para invertir.

La experiencia colombiana ofrece otra lección.

El acuerdo de paz de 2016 abrió una posibilidad histórica de transformación política y territorial. Sin embargo, la persistencia de grupos armados, economías ilícitas y disputas por el control de distintos territorios demuestra que terminar una confrontación no garantiza automáticamente la seguridad cotidiana.

El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que en 2025 las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más grave de la última década [5]. El deterioro estuvo asociado tanto con la intensificación de las hostilidades como con la forma en que fueron conducidas y con el impacto sobre la población civil. 

La lección trasciende a Colombia.

El Salvador y Guatemala también conocen las dificultades de reconstruir sociedades después de largos conflictos internos. Sus acuerdos de paz constituyeron acontecimientos históricos, pero la reconstrucción de la confianza, el fortalecimiento institucional y la creación de oportunidades requieren esfuerzos que se extienden mucho más allá del momento en que se silencian las armas.

La ausencia de guerra es indispensable.

Pero no garantiza por sí sola una sociedad segura.

También debemos evitar otra simplificación: presentar las respuestas frente a la criminalidad como una elección entre medidas policiales y políticas sociales.

Los Estados necesitan instituciones capaces de investigar delitos, proteger a las víctimas, perseguir organizaciones criminales, controlar los territorios bajo su jurisdicción y hacer cumplir la ley. La prevención, la educación y las oportunidades económicas son fundamentales, pero no sustituyen la responsabilidad estatal de garantizar el orden público.

Al mismo tiempo, la capacidad coercitiva del Estado resulta insuficiente cuando no está acompañada de justicia eficaz, profesionalización institucional, controles democráticos y políticas capaces de reducir las condiciones que facilitan la expansión de organizaciones criminales.

La seguridad requiere resultados.

Pero también requiere legitimidad.

Esta discusión adquiere todavía mayor importancia en una región donde persisten profundas vulnerabilidades económicas.

La CEPAL estimó que 162 millones de latinoamericanos, equivalentes al 25.5 % de la población regional, vivían en situación de pobreza por ingresos en 2024. Otros 62 millones se encontraban en pobreza extrema [6]. Aunque la incidencia de la pobreza disminuyó respecto de años anteriores, esas cifras muestran la magnitud de la población que enfrenta una capacidad limitada para absorber crisis económicas y sociales. 

Eso no significa que la pobreza produzca delincuencia.

Millones de personas viven en condiciones económicas difíciles sin participar jamás en actividades criminales. Establecer una relación automática entre pobreza y delito sería incorrecto y, además, estigmatizaría precisamente a quienes sufren buena parte de sus consecuencias.

El problema es diferente.

Cuando pobreza, informalidad, instituciones débiles y organizaciones criminales coinciden en un mismo territorio, disminuyen las alternativas disponibles. La violencia puede destruir empresas y empleos, deteriorar servicios, expulsar inversión y obligar a las personas a abandonar sus comunidades. Al mismo tiempo, la ausencia de oportunidades puede ampliar el espacio en el que las organizaciones criminales reclutan personas, ofrecen ingresos o sustituyen funciones que debería ejercer el Estado.

Se crea así un círculo que ninguna patrulla puede romper por sí sola.

Por eso necesitamos una concepción más amplia de seguridad.

Proteger las fronteras, pero también recuperar los espacios públicos.

Mantener capacidades de defensa, pero también construir justicia.

Perseguir las organizaciones criminales, pero impedir que puedan sustituir al Estado.

Proteger a las empresas de la extorsión, pero también crear condiciones para que puedan invertir y generar empleo.

Y garantizar que un joven pueda imaginar un futuro dentro de su comunidad antes de concluir que la única posibilidad consiste en abandonarla.

Una nación puede disponer de sistemas militares sofisticados y, al mismo tiempo, tener ciudadanos que no pueden circular libremente por sus barrios.

Puede proteger su espacio aéreo mientras pierde territorios cotidianos frente a la extorsión y el control criminal.

Puede defender sus fronteras mientras pierde inversión, capital humano y confianza institucional debido a la violencia interna.

Eso no convierte la defensa nacional en innecesaria.

Demuestra algo diferente: un arsenal protege solamente una dimensión de la seguridad.

La cuestión, entonces, no consiste en elegir entre prepararnos para la guerra o prepararnos para la paz.

Consiste en comprender que la seguridad nacional también se construye cada mañana cuando una persona abre su negocio sin pagar extorsión, un estudiante puede caminar hacia la escuela, una familia utiliza un parque y un trabajador regresa a casa sin tener que calcular qué calles debe evitar.

La fortaleza de una nación se demuestra cuando puede defender sus fronteras.

Pero también cuando sus ciudadanos pueden vivir dentro de ellas sin miedo y encuentran razones para construir allí su futuro.

Luis J. Camacho es académico, investigador y editor en las áreas de negocios internacionales, comportamiento del consumidor y sostenibilidad. Preside ALBUS y dirige LABSREVIEW. 

Referencias

[1] Liang, X., Tian, N., Lopes da Silva, D., Scarazzato, L., Karim, Z. A., & Guiberteau Ricard, J. (2026). Trends in World Military Expenditure, 2025. SIPRI Fact Sheet. Stockholm International Peace Research Institute. https://doi.org/10.55163/ZLHQ1057 

[2] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Development Programme (UNDP), & United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2026). Latin America and the Caribbean: Indicators on Peaceful, Just and Inclusive Societies. Regional Snapshot Series 1. United Nations Development Programme.
https://www.undp.org/policy-centre/governance/publications/latin-america-and-caribbean-indicators-peaceful-just-and-inclusive-societies UNDP

[3] Perez-Vincent, S. M., Puebla, D., Alvarado, N., Mejía, L. F., Cadena, X., Higuera, S., & Niño, J. D. (2024). Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0013238 

[4] Garriga, A. C., & Phillips, B. J. (2023). Organized crime and foreign direct investment: Evidence from criminal groups in Mexico. Journal of Conflict Resolution, 67(9), 1675-1703. https://doi.org/10.1177/00220027221145870 

[5] Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2026). Informe de la situación humanitaria de Colombia en 2025. Comité Internacional de la Cruz Roja.
https://www.icrc.org/es/publicacion/informe-de-la-situacion-humanitaria-de-colombia-en-2025 

[6] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025: Cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. CEPAL.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/84175-panorama-social-america-latina-caribe-2025-como-salir-la-trampa-alta-desigualdad