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18.08.2026

Democracia, derechos humanos y soberanía popular: una misma cuestión

Cuando hablamos de soberanía, casi siempre imaginamos un mapa. Pensamos en fronteras, banderas, límites territoriales y Estados nacionales. No es extraño. Durante siglos nos enseñaron que la soberanía consistía, esencialmente, en la capacidad de un Estado para ejercer autoridad sobre un territorio y su población sin interferencias externas.

Pero esa definición, aunque correcta, hoy resulta insuficiente. Porque el problema de la soberanía ya no pasa solamente por las fronteras. Pasa, sobre todo, por el poder.

¿Quién decide? ¿Quién fija las reglas? ¿Quién controla los recursos estratégicos? ¿Quién determina qué producir, qué consumir, qué investigar, qué comunicar y hasta qué pensar?

La soberanía siempre ha estado íntimamente ligada a las formas que adopta el poder.

Durante siglos se legitimó en nombre de Dios y se concentró en las monarquías absolutas, cuyos reyes gobernaban por derecho divino. Más tarde, con las revoluciones liberales y republicanas, comenzó a fundarse en la nación y, progresivamente, en el pueblo.

En términos políticos, la soberanía puede entenderse como la autoridad última para tomar decisiones y establecer las reglas que organizan una sociedad. En el caso de los Estados, supone la capacidad de gobernar un territorio y una población sin subordinación a un poder externo. Pero, en una democracia, la cuestión fundamental es otra: ¿en quién reside, en última instancia, esa autoridad?

Y allí aparece la soberanía popular.

Una historia uruguaya de la soberanía

En Uruguay, esa tradición encuentra una de sus expresiones más profundas en José Gervasio Artigas. Cuando sostuvo que "mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana", estaba formulando una idea profundamente revolucionaria para su tiempo: la autoridad no pertenecía al rey ni al imperio, sino que emanaba de los pueblos.

Ese principio atravesó nuestra historia.

1811. Antes incluso de constituirnos como país independiente, comienza a delinearse una concepción propia de soberanía. En el pensamiento y la acción de Artigas se afirma la idea de que la soberanía reside en los pueblos y no en la Corona española. Es una concepción profundamente política, democrática y federal.

1813. Las Instrucciones del Año XIII profundizan esa concepción. Plantean la independencia, el sistema republicano, el federalismo y la soberanía de las provincias frente a cualquier poder central.

1830. Con la Jura de la primera Constitución se organiza jurídicamente el Estado uruguayo, se establece la separación de poderes y se consolida el régimen republicano.

Principios del siglo XX. Con el batllismo, la soberanía adquiere una dimensión social y económica. El fortalecimiento del Estado, la creación de empresas públicas y la nacionalización de servicios estratégicos expresan una concepción según la cual determinados recursos y servicios debían permanecer bajo control público.

Décadas de 1940 a 1960. Se consolida la idea de soberanía económica mediante la industrialización, la protección del mercado interno y el desarrollo de empresas estatales.

1973-1985. La dictadura cívico-militar produce una profunda ruptura de la soberanía popular. Se suspenden las instituciones democráticas, se violan sistemáticamente los derechos humanos y el país queda inserto en la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la coordinación represiva regional del Plan Cóndor.

1985. La recuperación democrática restituye las instituciones, la vigencia de la Constitución y la expresión electoral de la soberanía popular.

1989 y 1992. Dos consultas populares marcan otro rasgo distintivo de nuestra historia: la ciudadanía interviene directamente para impedir procesos de privatización y reafirmar el carácter público de determinadas empresas y servicios estratégicos. La soberanía comienza así a expresarse también como capacidad ciudadana de decidir sobre los bienes y recursos colectivos.

Siglo XXI. El concepto se amplía aún más: soberanía energética, alimentaria, tecnológica y digital, ambiental y sobre los recursos naturales.

La reforma constitucional de 2004, que consagró el agua como un derecho humano fundamental y estableció su carácter público, constituye una expresión particularmente significativa de esta ampliación del concepto de soberanía.

Podemos entonces observar una línea histórica de continuidad: nuestra concepción de soberanía transita desde la independencia y la organización del Estado hacia la soberanía popular y, posteriormente, hacia dimensiones económicas, sociales, ambientales y tecnológicas.

La organización republicana, el batllismo, la construcción de un Estado fuerte, la creación de empresas públicas, la ampliación de derechos sociales y las consultas populares que impidieron determinadas privatizaciones fueron distintas maneras de ampliar el contenido de la soberanía.

Ya no se trataba solamente de tener independencia política. Se trataba también de decidir colectivamente sobre los recursos, la economía y el rumbo del desarrollo.

Por eso, la historia de la soberanía uruguaya puede leerse como una ampliación permanente de la capacidad de decidir.

Primero fue la independencia.

Después, la organización institucional.

Más tarde, la soberanía popular.

Luego, la soberanía económica y social.

Y hoy debemos preguntarnos por las nuevas dimensiones de esa soberanía.

La paradoja de nuestro tiempo

Sin embargo, mientras ampliamos el lenguaje de la soberanía, pareciera reducirse nuestra capacidad efectiva para ejercerla.

Vivimos una paradoja.

Hablamos de soberanía energética mientras los grandes centros del poder económico mundial condicionan nuestras políticas de explotación de recursos, impulsan la búsqueda de petróleo o promueven el hidrógeno verde de acuerdo con sus propias necesidades económicas y geopolíticas.

Hablamos de soberanía alimentaria mientras una parte importante de los alimentos que consumimos depende del exterior y miles de compatriotas necesitan recurrir a ollas populares para alimentarse.

Hablamos de soberanía tecnológica mientras las plataformas digitales, los algoritmos y las grandes corporaciones controlan crecientes espacios de nuestra vida cotidiana, de nuestra economía y hasta de nuestras formas de relacionarnos.

Hablamos de soberanía cultural mientras buena parte de los contenidos que consumimos son producidos fuera del país y contribuyen a moldear imaginarios, valores y formas de comprender el mundo.

La soberanía dejó de ser únicamente una cuestión militar o diplomática.

Se volvió económica.

Tecnológica.

Financiera.

Cultural.

Incluso cognitiva.

Como señalaron distintos pensadores marxistas, el capital nunca respetó las fronteras cuando estas se convirtieron en obstáculos para su expansión. Su lógica ha sido siempre buscar nuevos territorios, mercados y oportunidades de acumulación.

Hoy ese proceso alcanza una escala inédita.

Las grandes corporaciones tecnológicas y financieras poseen capacidades de influencia que, en determinados ámbitos, superan incluso las de muchos Estados nacionales. Condicionan mercados, políticas públicas, circulación de información y comportamientos sociales.

Por eso resulta insuficiente invocar la soberanía únicamente como consigna patriótica.

**No alcanza con nombrarla.

Hay que ejercerla.**

Y ejercerla significa, necesariamente, fortalecer la democracia.

Porque la soberanía no reside solamente en el Estado. En una democracia, reside fundamentalmente en la ciudadanía.

No existe soberanía allí donde las decisiones fundamentales son tomadas por actores económicos que nadie eligió.

No existe soberanía cuando las políticas públicas quedan subordinadas a intereses financieros internacionales.

No existe soberanía si los recursos estratégicos dejan de responder al interés colectivo.

No existe soberanía cuando el miedo, la desigualdad o la exclusión impiden que amplios sectores de la población puedan ejercer plenamente sus derechos.

En ese sentido, democracia, derechos humanos y soberanía popular son inseparables.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cinco años. Consiste también en garantizar que la ciudadanía conserve una capacidad real de decidir sobre su presente y su futuro.

El voto es una expresión de la soberanía, pero no la agota.

La participación, el debate público, las consultas populares, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el control ciudadano sobre quienes gobiernan forman parte del mismo principio democrático.

¿Qué significa hoy defender la soberanía?

Hoy vuelven a aparecer viejas formas de presión imperial sobre América Latina.

Cambian los discursos, cambian los instrumentos y cambian los actores, pero persiste una lógica conocida: condicionar las decisiones de los países mediante el poder económico, financiero, tecnológico o militar.

Frente a eso, la pregunta para Uruguay no puede ser solamente qué posición adoptamos frente a cada coyuntura.

La pregunta es más profunda:

¿Qué entendemos hoy por soberanía y qué estamos dispuestos a hacer para ejercerla?

¿Pedimos entrar en un escudo de defensa porque estamos amenazados?

¿Nos subimos al portaviones porque creemos que esa es la mejor estrategia?

¿La mejor forma de defendernos es acatar?

¿Debemos preguntarnos si seremos bombardeados, o si el verdadero riesgo es que simplemente nos compren?

¿Si defendemos nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra democracia, alguien nos ocupará?

¿Y si no aceptamos transformarnos en un territorio de ocupación secundaria, en patio trasero o campo baldío donde el imperio arroja sus desperdicios, desapareceremos?

¿O podemos, en cambio, apelar a la ciudadanía y a las reservas políticas de nuestra diplomacia histórica?

Uruguay tiene una tradición que no deberíamos olvidar.

Una tradición que combinó soberanía interna y soberanía externa.

La construcción batllista contribuyó decisivamente a moldear una conciencia nacional vinculada a la defensa del Estado, de los derechos y del interés general. Desde otra perspectiva política, Herrera  desarrolló una fuerte conciencia respecto de la autonomía internacional del país.

De esas y otras vertientes de nuestra historia podemos recuperar un principio fundamental: la no intervención.

Y junto a estas definiciones,  la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la búsqueda de una política exterior independiente.

No se trata de nostalgia. Se trata de memoria política.

Retomar una diplomacia histórica capaz de crear espacios de solidaridad activa en el mundo, anclada en nuestros principios y valores. Hacer valer nuestra soberanía externa.

Porque la soberanía también consiste en decidir con quién nos relacionamos, en qué condiciones y desde qué lugar.

Recuperar nuestra capacidad de decidir

Frente a este escenario, Uruguay posee una tradición que vale la pena recuperar.

La tradición artiguista de la soberanía popular.

La construcción batllista de un Estado capaz de defender el interés general.

La defensa de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Y una larga cultura democrática que convirtió el respeto a los derechos humanos en parte de nuestra identidad política y nacional.

No se trata de levantar muros ni de promover una autarquía imposible en un mundo profundamente interdependiente.

Se trata de preservar la autonomía necesaria para decidir nuestras cuestiones fundamentales.

Integrarnos al mundo sin subordinarnos.

Cooperar sin renunciar a decidir.

Comerciar sin entregar nuestros recursos estratégicos.

Dialogar con todos sin convertirnos en satélites de nadie.

Porque, en definitiva, la soberanía no es una frontera.

Es la capacidad colectiva de un pueblo para decidir su propio destino.

Y allí donde esa capacidad se debilita, también comienza a debilitarse la democracia.

Publicado en El Chasque el 12 de agosto de 2026

Liliana Pertuy es socióloga, feminista. Militante por la memoria, la verdad y la justicia. Denunciante de terrorismo de Estado, caso menores detenidos en Treinta y Tres. Ciudadana y artista plástica.