UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.08.2026

Pagar tarde no es una práctica administrativa: es trasladar el costo financiero hacia el eslabón más débil.

Una pequeña empresa termina un trabajo para una gran corporación. Ya pagó salarios, materiales, transporte, electricidad e impuestos. Entrega la factura y recibe una respuesta que en muchas cadenas de suministro se ha vuelto habitual: el pago se procesará en 90 días.

Durante esos tres meses, la gran empresa conserva el dinero. El proveedor, en cambio, necesita encontrarlo. Puede utilizar sus ahorros, aplazar una inversión, retrasar otros compromisos o acudir al banco. Si se financia, paga intereses. Si reclama con demasiada insistencia, corre el riesgo de deteriorar una relación comercial de la que quizá depende buena parte de sus ingresos.

En los registros contables ocurrió una compra a crédito. En la economía real ocurrió algo más revelador: la empresa con menor liquidez terminó financiando, sin remuneración financiera explícita, a la organización con mayor poder de negociación.

Esa transferencia de recursos casi nunca ocupa un lugar importante en los discursos sobre apoyo a las MIPYMES. Hablamos de capacitación, innovación, digitalización, emprendimiento y acceso al crédito. Mucho menos de una pregunta elemental: ¿por qué debe endeudarse un pequeño proveedor para financiar la demora de un comprador mucho más grande?

El crédito comercial no es negativo por definición. Puede facilitar transacciones, fortalecer relaciones entre empresas y permitir una mejor coordinación de los flujos de caja. El problema comienza cuando deja de ser un acuerdo entre partes y se convierte en una condición impuesta por quien tiene mayor capacidad para decidir.

Una cosa es negociar voluntariamente un plazo de pago. Otra muy distinta es aceptar 90 o 120 días porque negarse significa perder el contrato o quedar fuera de una cadena de suministro.

La diferencia se llama poder de negociación.

Los datos recientes muestran que no estamos ante casos aislados. La encuesta latinoamericana sobre pagos corporativos de Coface correspondiente a 2025, realizada entre 304 empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, encontró que el 77 % había experimentado retrasos en los pagos, frente al 51 % registrado en 2024. El plazo contractual promedio también aumentó, de 53 a 59 días. [1]

El contraste es preocupante: las empresas enfrentan atrasos con mayor frecuencia y, al mismo tiempo, están concediendo más tiempo antes de que una factura siquiera pueda considerarse vencida.

Para una gran corporación, extender los plazos de pago puede mejorar temporalmente su capital de trabajo. Para un proveedor pequeño puede significar exactamente lo contrario. Una factura pendiente no paga la nómina, no repone inventario y no permite cumplir con los impuestos. Tampoco posee la seguridad de una inversión financiera: concentra el riesgo en un cliente que, precisamente por su tamaño, puede ser difícil de sustituir.

La investigación de Sónia Silva sobre pequeñas y medianas empresas europeas ayuda a comprender este mecanismo. Sus resultados muestran que conceder crédito comercial puede favorecer la rentabilidad hasta determinado punto, pero que la relación se vuelve negativa cuando las cuentas por cobrar alcanzan niveles excesivos. El problema resulta especialmente importante para las empresas con menor flexibilidad financiera. [2]

Aunque la evidencia procede de Europa, la lógica tiene claras implicaciones para América Latina. El propio informe de Coface identifica los costos de financiamiento y las restricciones crediticias entre los factores que dificultan el cumplimiento de pagos en varios mercados de la región.

El retraso, además, no se queda en la contabilidad del proveedor. Se propaga por toda la cadena.

Una pequeña empresa que sabe que cobrará tarde puede aumentar sus precios para compensar el costo financiero. Puede mantener menos inventario, contratar menos trabajadores, postergar la compra de maquinaria o reducir su inversión en innovación. En situaciones más difíciles, puede comenzar a retrasar también los pagos a sus propios proveedores.

Así, una decisión tomada en el departamento financiero de una gran empresa termina trasladándose hacia negocios cada vez más pequeños.

Algunas empresas capaces incluso desaparecen no porque carezcan de clientes, sino porque venden más rápido de lo que cobran. Pueden tener pedidos, empleados, experiencia y mercado, y aun así quedarse sin liquidez.

La gran empresa puede celebrar la eficiencia de su caja mientras debilita silenciosamente la red productiva de la cual depende.

Existe también una contradicción ética.

Una organización puede publicar informes de sostenibilidad, comprometerse con el desarrollo de proveedores, promover la inclusión empresarial y anunciar programas de responsabilidad social. Pero esos compromisos pierden credibilidad cuando utiliza sistemáticamente a los pequeños negocios como una fuente gratuita de capital de trabajo.

No hay cadena de suministro responsable cuando la estabilidad financiera del comprador descansa sobre la fragilidad financiera del proveedor.

Por eso el pago oportuno debería comenzar a considerarse también una dimensión de sostenibilidad empresarial.

La experiencia internacional demuestra que la transparencia puede modificar los incentivos. Jody Grewal, Aditya Mohan y Gerardo Pérez-Cavazos estudiaron el efecto de una regulación británica que obligó a determinadas grandes empresas a divulgar públicamente sus prácticas de pago.

Después de la implementación de la medida, las cuentas por cobrar de sus pequeños proveedores disminuyeron aproximadamente un 8.3 %, un resultado consistente con una aceleración de los cobros y menores restricciones financieras. [3] Los investigadores también encontraron evidencia de que la divulgación aumentó la atención que los ejecutivos prestaban a las políticas de pago y elevó el costo reputacional de mantener malas prácticas. [3]

La lección es importante: lo que permanece oculto dentro de las cuentas por pagar difícilmente genera presión para cambiar. Cuando los plazos se hacen públicos, dejan de ser solamente una decisión financiera y comienzan a convertirse también en una cuestión reputacional y de gobernanza.

Colombia ofrece una referencia interesante para América Latina. La Ley 2024 de 2020 estableció, para las operaciones mercantiles comprendidas por la norma y con determinadas excepciones, un plazo máximo de pago de 45 días calendario a partir del segundo año de su entrada en vigencia.[4]

El país complementó esa regulación con el Sello Plazos Justos, destinado a reconocer a las empresas que cumplen oportunamente con sus proveedores. La combinación resulta valiosa porque utiliza dos mecanismos distintos: una obligación mínima y un incentivo reputacional.

Ese podría ser el comienzo de una conversación regional más amplia.

Las grandes empresas deberían publicar su plazo promedio real de pago, no únicamente el plazo que figura en sus contratos. También deberían informar qué porcentaje de sus facturas paga fuera de fecha y, especialmente, cómo trata a los proveedores de menor tamaño.

Los intereses por mora deberían activarse automáticamente cuando corresponda. Un derecho que exige a una pequeña empresa demandar a su cliente principal para poder ejercerlo rara vez constituye un derecho verdaderamente utilizable.

Los gobiernos también pueden incorporar el historial de pago a proveedores en sus procesos de compras públicas, programas de incentivos y criterios de sostenibilidad empresarial. Una compañía que sistemáticamente financia su capital de trabajo retrasando pagos no debería recibir la misma evaluación que otra que protege la estabilidad financiera de su cadena de suministro.

Los directorios, por su parte, deberían dejar de considerar las cuentas por pagar únicamente como una herramienta para mejorar indicadores de liquidez. También son una decisión de gobernanza.

La productividad latinoamericana no depende solamente de crear más empresas. Depende de permitir que las empresas productivas sobrevivan, acumulen capacidades, desarrollen tecnología, formen trabajadores e inviertan.

Cuando el propietario de una pequeña empresa dedica buena parte de su energía a perseguir una factura vencida, no está mejorando sus procesos. No está desarrollando un producto. No está capacitando a su personal. No está buscando nuevos mercados.

Está financiando a su cliente.

Pagar a tiempo no es un favor. Tampoco es un gesto de cortesía corporativa. Es reconocer que el financiamiento tiene un costo y que ese costo no debería imponerse sistemáticamente a quien posee menos capacidad para soportarlo.

Una empresa no puede llamarse sostenible mientras financia su liquidez con la fragilidad de sus proveedores.

Luis J. Camacho es académico, investigador y editor en las áreas de negocios internacionales, comportamiento del consumidor y sostenibilidad. Preside ALBUS y dirige LABSREVIEW.

Referencias

[1] Coface. (2025). Latin America Corporate Payment Survey 2025: Extended payment terms and more frequent delays.

[2] Congreso de Colombia. (2020). Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.

[3] Grewal, J., Mohan, A., & Pérez-Cavazos, G. (2024). Payment practices transparency and customer-supplier dynamics. Journal of Accounting Research, 62(2), 635-674. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12521

[4] Silva, S. (2025). Trade credit and corporate profitability: Evidence from EU-based SMEs. Journal of Corporate Accounting & Finance, 36(1), 81-92. https://doi.org/10.1002/jcaf.22741