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02.08.2026

En abril de 2004, el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó el documento orgánico "Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales". Es un texto prístino que consagró una premisa clave para el ejercicio del poder: la autonomía relativa entre el gobierno y la fuerza política.

El documento definió con claridad que ambos son "ámbitos distintos, por su composición, por sus reglas de toma de decisiones, por sus tiempos y por sus responsabilidades ante la sociedad". Esta relación no supone un cheque en blanco ni neutraliza el papel de la fuerza política; por el contrario, le reserva el rol insustituible de orientar el rumbo, controlar el cumplimiento del programa y velar por los principios estratégicos. Sin embargo, el texto estampó una advertencia tan oportuna como vigente: el gobierno no puede funcionar al ritmo de los tiempos orgánicos de la organización política, ni reducir la gestión a una suerte de asamblea permanente.

Sé que estas líneas pueden resultar políticamente incorrectas o poco simpáticas para algunos actores de nuestra propia fuerza política y algunas organizaciones sociales, pero el debate debe darse sin eufemismos si realmente aspiramos a transformar la realidad.

En la práctica nos encontramos de forma recurrente con una marcada resistencia ante cualquier proyecto de transformación profunda. Existe cierto núcleo intelectual y militante, con amplia presencia en los espacios de opinión, que reacciona poniendo bajo sospecha casi que cualquier proyecto de infraestructura, inversión y modernización. Su voz es estridente, pero su representatividad frente a la mayoría silenciosa de la ciudadanía y a quienes son electos por ella para ejercer el gobierno es, cuando menos, discutible. Y, si bien no lo explicitan, a veces parecen pretender que Montevideo permanezca como una ciudad-museo, anquilosada en su pasado.

Hace poco, el ministro Gabriel Oddone les recordaba con pragmatismo a algunos empresarios que no todas las respuestas del desarrollo económico están en los despachos oficiales: "No todo se resuelve en Colonia y Paraguay"-les dijo-; pues valga su emulación algo sarcástica de nuestra parte para señalar que tampoco todo se debe resolver en Colonia y Ejido.

Los periodos de gobierno son acotados. Cinco años pasan volando y las urgencias del país no pueden ni deben esperar los tiempos de la discusión orgánica. A diferencia del ciclo de nuestros tres gobiernos anteriores -donde existieron megaproyectos de desarrollo e inversión de escala que traspasaron de uno hacia el siguiente, como las plantas de procesamiento de celulosa-, hoy no contamos con esa inercia de grandes motores en marcha heredados de la administración anterior. Por eso mismo, la exigencia de acelerar el paso es acuciante.

Llevar cada decisión ejecutiva a la orgánica partidaria no solo frena las transformaciones; sino que distorsiona el concepto mismo de autonomía relativa. La fuerza política debe orientar y fiscalizar el rumbo general, sí, pero debe hacerlo desde la confianza política en quienes están al frente de la gestión, no desde una fiscalización punitiva, paralizante o, lo que es peor, teñida de desconfianza y fantasiosas opacidades.

Esa dinámica de freno se observa con nitidez en el desarrollo urbano y en la parálisis por el análisis: lo vimos en su momento con las discusiones sobre la reforma del transporte metropolitano. Inicialmente, la atención se concentró en las objeciones -infundadas-hacia el soterramiento de 18 de Julio. Sin embargo, una vez que esa solución fue descartada -obedeciendo a otras razones y frente a lo cual nos mantenemos a favor de sostener el proyecto original-, el cuestionamiento no cesó, sino que desplazó su eje hacia nuevos argumentos. Se comenzaron a incorporar prevenciones sobre el aumento del precio del suelo, el fenómeno de la gentrificación, un éxodo hacia el este que ya se ha producido sin sistema de transporte público de alta calidad, o la supuesta exclusión de la zona oeste (aun cuando se explicó con claridad que la propuesta responde a un plan progresivo de 15 años y que esta es solo la etapa inicial).

El antecedente no es nuevo: ya lo vivimos con el proyecto de inversión privada para el Dique Mauá; una propuesta de gran valor cualitativo y cuantitativo, revitalizadora de un área muy degradada de la ciudad para recuperar la rambla sur con una terminal de pasajeros, tan necesaria como frustrada. 

Y lo volvemos a ver, hoy, con la controversia en torno al desarrollo en el entorno de los Bañados de Carrasco. Cada vez que una administración pretende impulsar transformaciones de escala, la respuesta de ese cierto núcleo intelectual suele ser la acumulación de reparos preventivos y ese barniz de desconfianza que parece ser ya una metodología. Paradojalmente, quienes se embanderan con el progreso terminan adoptando una postura de suma cautela y conservación, por la que han terminado, casi siempre, teniendo éxito en paralizar varios proyectos que han quedado por el camino.

El verdadero costo de esta lógica de sospecha constante no es solo la obra que no se concreta, sino el daño directo a la credibilidad del país y el fuerte desestímulo que genera sobre la inversión privada, que necesita certezas, previsibilidad y tiempos ejecutivos para radicarse.

?Aún aceptando que en la vida política persista la desconfianza, como enseñaban viejos compañeros de la izquierda, la mejor forma de gestionarla, es organizarla. No se puede partir de la premisa falsa de que cualquier proyecto se aprueba a ciegas simplemente por la necesidad de atraer inversiones. Existen normativas claras, contrapesos, controles y garantías establecidas, para que cada propuesta se ajuste al interés general y sea sustentable, sin comprometer a las próximas generaciones. 

A diferencia de lo ocurrido durante la gestión del gobierno de la Coalición Republicana, nuestra visión es que el Estado debe ejercer el rol planificador por excelencia. Solo desde esa planificación estratégica -tanto a nivel nacional como departamental- es posible encauzar, facilitar, integrar y hacer conjugar la inversión privada con el interés público.

Ahora bien, esta mirada no es lineal ni se agota en el ámbito departamental o metropolitano. A escala nacional, convivimos con esa misma lógica de freno ante diversos proyectos estratégicos -como lo refleja la pretendida postergación con chicanas legales del proyecto para la futura Represa de Casupá-, donde a las resistencias ideológicas se le suman los reflejos conservadores de sectores de derecha y corporativismos tradicionales ante la mirada muchas veces pragmática de intendentes que también necesitan de inversiones en sus departamentos.

Gobernar es asumir el riesgo de cambiar la realidad

?El documento de 2004 fue sabio al recordar que el mandato democrático exige "hacer prevalecer el interés general por sobre los intereses particulares". La fuerza política debe marcar el rumbo estratégico del mañana, pero no puede arrebatarle el volante de la gestión diaria a nuestros gobiernos del hoy.

?Gobernar exige respaldar a quienes pusimos al frente de las responsabilidades públicas, asumir costos políticos, tomar decisiones en tiempo y forma, y ejecutar las transformaciones que el país requiere. 

La autonomía relativa no se pensó para debilitar a la fuerza política ni para aislar al gobierno, sino para articular el control político con la confianza ejecutiva indispensable para, sencillamente, cumplir los compromisos asumidos en la campaña electoral.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS