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30.03.2026

El Estado no nace como equilibrio, sino como concentración de poder. Su origen está ligado a la necesidad de imponer orden, pacificar conflictos y garantizar obediencia en un territorio determinado. En ese sentido, su vocación inicial es autoritaria, no en un sentido moral, sino estructural: el Estado surge para mandar antes que para garantizar. Thomas Hobbes lo formula con crudeza al describir al soberano como aquel que concentra la fuerza necesaria para evitar la guerra de todos contra todos, aun a costa de la libertad individual: "Covenants, without the sword, are but words".

Esta vocación autoritaria originaria ha sido señalada con especial claridad por la tradición anarquista, que no concibe al poder estatal como una desviación corregible, sino como un problema estructural. Mijaíl Bakunin lo expresa sin ambigüedades: "El Estado es la negación más flagrante de la humanidad". Desde esta perspectiva, toda forma estatal, incluso la más democrática, conserva un núcleo de dominación que se reproduce bajo nuevas legitimaciones. La crítica anarquista no discute los excesos del Estado, sino su principio mismo.

Esta concentración originaria del poder precede a la ciudadanía. El ciudadano no funda al Estado; es el Estado el que, con el tiempo, produce al ciudadano como figura jurídica y política. Max Weber sintetiza este punto al definir al Estado moderno como aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio. La legitimidad no elimina la coerción; la organiza.

Con el transcurso de las luchas políticas -revoluciones, constitucionalismo, ampliación de derechos- esa vocación autoritaria no desaparece, sino que se modula y se limita. El poder se ve obligado a justificarse y forzado a someterse a reglas. Pero ese equilibrio es siempre consecuencia de un conflicto, nunca condición originaria. Como advierte Norberto Bobbio, el Estado de derecho no suprime el poder, sino que lo canaliza jurídicamente.

Así, la división de poderes formulada por Montesquieu constituye uno de los intentos más influyentes de contener la concentración originaria del poder estatal. Al separar funciones y establecer frenos y límites, se busca evitar que el ciudadano quede expuesto a una autoridad sin límites. No obstante, estos contrapoderes no eliminan la asimetría entre Estado y ciudadano; la administran. El ciudadano no se enfrenta a un poder único, sino a un entramado institucional que, aun dividido, conserva una capacidad de imposición muy superior a la individual.

Con Marx se produce un quiebre decisivo en la comprensión del Estado. Ya no se trata solo de una instancia de orden o legitimación, sino de una forma histórica ligada a relaciones materiales de dominación. En La ideología alemana, el Estado aparece como expresión de los intereses de la clase dominante y no como árbitro neutral. Este enfoque introduce un antes y un después: el poder estatal deja de analizarse únicamente en términos jurídicos o políticos y pasa a entenderse como parte de una estructura social más amplia, donde la ciudadanía formal puede coexistir con profundas desigualdades reales.

Un punto de inflexión central en este proceso es la codificación. Cuando el Estado crea códigos, comienza a autorregularse. La norma escrita, general y estable no surge primariamente para proteger al ciudadano, sino para ordenar el ejercicio del poder e imponer previsibilidad. La experiencia napoleónica resulta clave: el Código Civil de 1804 no solo unifica el derecho, sino que consolida la idea de que el poder estatal debe expresarse de forma sistemática y general. Esta codificación fortalece al Estado al mismo tiempo que lo limita: lo vuelve previsible, pero también más eficaz.

Desde ese momento, el poder deja de ser solo decisión y pasa a ser procedimiento. El poder estatal se vuelve impersonal. Ya no depende de la voluntad inmediata del soberano, sino de formularios, plazos, competencias y rutinas administrativas. El ciudadano deja de enfrentarse a una figura excepcional y pasa a convivir con un aparato permanente, omnipresente, que actúa incluso cuando parece neutral o técnico. Como señala Michel Foucault, el poder moderno no se ejerce solo prohibiendo, sino produciendo conductas, organizando lo posible.

Así, la relación Estado-ciudadano se configura como una tensión estructural: entre una autoridad que nace para mandar y una ciudadanía que, a través de luchas históricas, logra imponer límites sin poder eliminar la asimetría originaria.

Potestades asimétricas

El Estado dispone de potestades asimétricas frente a los particulares que no derivan de una superioridad moral, sino de su posición institucional, en un poder en disputa. Estas potestades le confieren privilegios jurídicos y materiales que estructuran la relación de poder. Entre ellas se destacan la potestad normativa, la potestad coercitiva y la potestad administrativa, que le permite autorizar, habilitar, registrar o denegar aprobaciones en la vida cotidiana. A ello se suma el privilegio de la autotutela, por el cual el Estado puede ejecutar sus propios actos sin acudir previamente a un juez. Estas prerrogativas no son anomalías del sistema, sino su condición de funcionamiento: expresan la asimetría estructural que persiste incluso en los Estados constitucionales.

Omisión: ¿a quién le cae el costo?

Cada vez con mayor frecuencia, el poder del Estado no se manifiesta a través de la acción, sino de la omisión. En contextos complejos, el Estado elige no intervenir, no regular, no decidir, y esa inacción no es neutra: produce efectos jurídicos y materiales, usualmente en perjuicio del más débil. En muchos casos, la omisión consolida un statu quo que beneficia a sectores privilegiados; en otros, congela situaciones cuya resolución implicaría asumir costos políticos. El resultado es una debilidad jurídica estructural para quienes carecen de recursos para forzar la reacción estatal.

Así, la omisión se convierte en una forma más o menos sofisticada de ejercicio del poder: el Estado no actúa, pero deja actuar. Y en esa omisión se beneficia el propio poder administrativo, que, para sostener el desequilibrio, se desentiende del cumplimiento de sus obligaciones.

El siglo XXI no exhibe una "clase" dirigente con capacidad innovadora ni vocación de conducción. Por el contrario, tiende a enredarse en dilaciones, evitando laudar por temor al debate público. Sin embargo, no renuncia a arrogarse herramientas de coerción y presión para imponerse cuando lo considera necesario. Como señaló Tabaré Vázquez, "gobernar es decidir, y decidir implica asumir costos". En ese marco, el Estado omite restablecer normas de carácter general, preservando privilegios que deberían licuarse para restituir un principio básico del orden jurídico: que todos los ciudadanos, y los colectivos que los representan, son iguales ante la ley. Por ello, es necesario combatir los espacios de opacidad.

Gobernar implica optar y ser consecuente. Eludir decisiones no exime de responsabilidad: la traslada, y esta recaerá sobre el más débil. Cuando el Estado posterga, omite o diluye, los costos se invisibilizan circunstancialmente, pero siempre afloran y terminan profundizando, tardíamente, desigualdades que se comprometió a combatir.

Los contextos materiales no pueden operar como excusas selectivas: los principios son inclaudicables. El recurso metálico es siempre finito; la igualdad ante la ley, no. Hay que construirla. Porque, en esencia, la democracia profunda es eso: una construcción.

(*) Artículo originalmente publicado en El Telégrafo, 29/03/2026. Reproducido con autorización expresa del autor.