UY Press - Agencia uruguaya de noticias

07.08.2025

Amarga reiterar la descripción de una enfermedad y, eso es lo que sucede ante cada nuevo hecho de inmoralidad, de robo, de ilegalidades de parte del gobierno Lacalle.

Estoy completamente en contra de que las porquerías de un gobierno cubren, tapan las incapacidades o los horrores de otro gobierno. Es la negación de la política, la substitución por el barro y sus diversas variantes. Pero de la misma manera me subleva que nos acostumbremos a que nos robaron, nos saquearon y debemos callarnos, mirar hacia adelante. Eso no es república, no es democracia, no es decencia.

Ahora tenemos dos nuevos episodios ante los cuales los principales responsables, los blancos y los colorados que un poco por debajo se hacen los desentendidos.

El CIADI el (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - Grupo Banco Mundial) designó esta semana el tribunal por la denuncia del Grupo Montecon contra el gobierno uruguayo, por la entrega por 60 años en carácter de monopolio del movimiento de contenedores del puerto de Montevideo, a favor de los belgas de Katon Natie. Si perdemos la demanda, todo absolutamente todo la tendremos que pagar los uruguayos y son muchos millones de dólares.

El argumento para entregar el puerto por parte de Lacalle fue un juicio inventado totalmente por Lacalle y ahora el juicio verdadero lo tenemos frente a nosotros.

Es la consecuencia de la entrega del puerto a los belgas por parte del gobierno de Lacalle, por 60 años, que incluye el Reglamento de atraques y otros beneficios, realizado en el año 2021. Mantuvieron calladas las negociaciones, que venían dando desde hacía varios años y las lazó en el discurso del 2 de marzo del 2021.

El primer dirigente político en denunciar esta ilegalidad y esta entrega de la soberanía nacional, como nunca antes se produjo, fue el entonces intendente de Canelones Yamandú Orsi, en una carta pública al presidente de la República en el año 2021.

La fiscal que se encargó de la investigación, describió una serie de irregularidades, la más importante que se requería la aprobación del directorio de la ANP y solo se pronunció el presidente, Juan Curbelo, soldado seguro de Lacalle se saltearon ese pequeño detalle porque el vicepresidente de la ANP era de Cabildo Abierto y no firmaba esa barbaridad.

La fiscal en interpretación libre de la ley por la fiscal Silvia Porteiro, la gran jurista, no incluyó el abuso innominado de funciones y afirmó que eso no era un delito. Y encajonó todo.

La mayor entrega de la soberanía nacional, a una empresa como Katoen Natie que tiene diversas causas judiciales en curso en Bélgica, quiso ser enterrada con la sonrisa complaciente de la fiscal. Y los blancos acusan a los fiscales de ser parciales. Si es cierto, aquí hay un caso estridente.

El año pasado, 2024 TCP obtuvo ganancias récord de 732 millones de dólares, 8 veces más que el año anterior. Mientras tanto su obligación de completar las obras de ampliar el puerto, todavía no se completaron y recién se reiniciarían. Y nosotros seguimos pagando el dragado hasta los 14 metros para que puedan operar naves Post-Panamax a gusto y ganas de los belgas.

Entre la demanda de Montecon, que habrá que pelearla con un alto costo de abogados y aunque ganemos, cosa bastante improbable, y la pérdida de soberanía, e incluso grandes empresas navieras como MSC que decidieron abandonar totalmente el puerto de Montevideo todo fue pérdida.

Y nosotros silbando bajito y poco más.

Quiero reconocer que ciertos abrazos con estafadores me revuelven el estómago y no tienen nada que ver con la calidad de la democracia.

Pero tenemos muchas porquerías más pendientes: terminar de pagar más de 90 millones de dólares por dos OPV (patrulleras de altura) a un astillero español con más de 100 años de vida, que se especializa en barcos de pesca y nunca en naves militares. ¿habrá sido gratis?

Y nuestra ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo que afirma en televisión que la primera de estas naves estará pronta a fin de este año... No agrego nada más, si se concreta haré autocrítica feroz. Eso si, el ex ministro Javier García reclama que se cumpla el contrato firmado de apuro con el astillero Cardama. Porque aquí los contratos se cumplen, aunque sean un robo para el país y una ilusión imposible para la ministra.

Estos son solo dos episodios, de la herencia. El tercero lo denunció el senador Eduardo Brenta del FA que la Fundación A Ganar - que deberían haberle puesto otro nombre... - recibió del gobierno blanco 85 a 90 millones de dólares.

"Según los datos aportados por el senador Brenta, el 88% del total de los vínculos estudiados corresponden a cuatro intendencias: Paysandú, Durazno, Maldonado y Rocha. "Se le daba trabajo a cambio de adherir al Partido Nacional (PN) en esos departamentos", dijo Brenta a partir de las denuncias de clientelismo.

El legislador puntualizó que las contrataciones correspondían a actividades como "tareas de salud, educación, recreación, actividades deportivas". Brenta entiende que en estas intendencias había dos estructuras, una para "las tareas básicas, como alumbrado y caminería", a cargo de los funcionarios municipales, y otra dedicada a "todas las políticas adicionales", compuesta por el personal contratado a la Fundación A Ganar.

A esto se suman "situaciones bastante confusas" con los contratos para la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la cual fueron incorporados arquitectos, "que claramente no son personas que vienen de situaciones vulnerables", apuntó el senador.

"Los datos surgen del pedido de acceso a la información pública que libró en marzo, cuando indicó a Nada que perder, por M24, que la Secretaría Nacional de Deportes había contratado servicios de consultoría con la Fundación A Ganar por 318 millones de pesos. La decisión forma parte de las 40 compras a la Fundación A Ganar observadas por el Tribunal de Cuentas".

Aprovecharon situaciones sociales de gran debilidad para hacer caja en abundancia y colocar decenas y hasta cientos de funcionarios a través del clientelismo político. Sumen otras intendencias como Artigas y Cerro Largo y tendrán un panorama casi completo.

Los otros casos de delincuencia política ya nos han hartado, Sebastían Marset, que sigue haciendo de las suyas, aunque ahora le confiscan 2.200 kilos de cocaína, o el caso del jefe de la seguridad de la Presidencia con frondoso prontuario, Alejandro Astesiano y los pasaportes a los rusos y otros negociados. Parece que Astesiano decidió contar algo de lo mucho que sabe. Más que un libro habría que escribir una biblioteca sobre tantos delitos.

Lo dramático es que una parte de la población nacional, no solo no le da importancia a esta serie de delitos del cuello blanco y sucio, sino que los justifica con el uso del poder.

No nos aburramos de denunciar y de indignarnos, no es solo por la plata que nos robaron, sino por el honor de la patria de la que hablan, pero no la protegen.