UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.11.2026

En reciente comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -OEA, saluda al Estado uruguayo por los avances producidos en la protección de los derechos de las personas en movilidad humana.

Se destacan la sanción del Decreto 231/026 que dispone el acceso a la Residencia por  Arraigo a toda persona que ingresó al País antes del 1ro. de enero de 2026, solicitante de refugio, y  la presentación del Proyecto de Ley interpretativo de la Constitución por el cual se reconoce la  nacionalidad uruguaya a los ciudadanos legales.  

Estos saludables avances que Uruguay experimenta en el desarrollo de su agenda de derechos y en  especial sobre las corrientes migratorias, colocan nuevamente en la atención pública el reclamo por  el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos residentes en el exterior, protegidos  también por los acuerdos de la Convención interamericana de DDHH y nuestra Constitución. -  

El Voto del exterior y el Pacto de San José de Costa Rica. -  

En 2011 el abogado uruguayo residente en EE.UU , Sebastián Rodrigo Da Silva, presentó una Petición  ante la CIDH, exponiendo la omisión del Estado uruguayo al no disponer la reglamentación del  ejercicio del sufragio en el exterior. Luego de ser decretada su admisibilidad por la Comisión, esta  citó a las partes a una Audiencia que se realizó el 7 de agosto 2026.  

En la audiencia Da Silva, además de exponer lo que calificó "un vacío legal normativo que impide  ejercerlo "(el sufragio), cuestiono la norma que elimina del registro electoral a los electores que no  votan en dos elecciones nacionales consecutivas y recomendó a la Comisión se solicitara al Estado  uruguayo la derogación de esa disposición legal (Ley 17690, Art. 9°)  

En las exposiciones, los representantes del Estado, el Embajador Jorge Muiño, Director de Asuntos  Consulares y Vinculación y la Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores,  Maite Dalmao, coincidieron en señalar que el Estado uruguayo reconoce el derecho a los residentes  en el exterior (de hecho, viajan y votan ) y que el asunto radica en la falta de una ley reglamentaria  que dicte la forma para hacer efectivo el ejercicio del derecho en el exterior. El Emb. Jorge Muiño  expresó: no se ha logrado "una solución de consenso jurídicamente aceptable " y que " la temática  ha sido despojada de todo cariz político partidario, estamos ante una petición relativa a derechos  humanos básicos como los derechos políticos al sufragio"  

La Constitución y la Política.-  

Mas allá de un pronunciamiento y recomendación que se espera favorable al peticionante , desde  la sociedad civil, los colectivos de uruguayos en el exterior, siguen insistiendo en la necesidad de un  acuerdo interpartidario que arribe a una mayoría legislativa de 2/3 en ambas cámaras según lo dicta  la normativa electoral vigente.  

Desde hace 41 años, el sistema político no produce acuerdos capaces de remediar esta virtual  exclusión de un sector importante de ciudadanía de las decisiones cívicas y políticas. Las  especulaciones político-electorales se impusieron por sobre el dictado constitucional que debe  prevalecer sobre todo interés político sectorial. 

Es necesario recordar que esos millares de uruguayos, son una fuerza social potencial, que desde  sus lugares son capaces de aportar al proyecto nacional. Así lo entendieron quienes, desde las  distintas expresiones político-partidarias, participaron en la elaboración de políticas de estado hacia  los uruguayos del exterior, que fueron institucionalizadas en el año 2008 por la Ley 18250 y sus  reglamentaciones, como culminación de un proceso de vinculación del Estado con la Diáspora  iniciado con el restablecimiento democrático de 1985.  

A pesar de la contundencia de un derecho consagrado por nuestra Constitución y de los acuerdos  firmados como el Pacto de San José de Costa Rica y su protección sobre los derechos cívicos y  políticos en los Estados adherentes, hay un sector de la política uruguaya que antepone sus intereses  político-partidarios y soslaya un debate que posibilite un acuerdo nacional para superar un vacío  legal constitucional.  

El principio de igualdad ante la ley rige en nuestro ordenamiento constitucional. Por tanto, el Estado  se obliga a facilitar a todos sus ciudadanos, el ejercicio y goce de sus derechos consagrados.  

Esperamos que una conclusión de la CIDH, haga recapacitar a nuestros legisladores y se aboquen a  la búsqueda de la solución definitiva, antes que un organismo internacional protector de los  Derechos Humanos, exponga a nuestro país como omiso facilitador del ejercicio de un derecho  humano a un sector de su ciudadanía.  

*Jorge Eiris. Integrante de Ronda Cívica Uruguay.  

Fuentes: Ámbito. 17.08.26 Uruguay podría habilitar el voto de ciudadanos en el exterior por el avance de una denuncia  ante la OEA.  

https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2026/240.asp&utm_content=country ury&utm_term=class-mon