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Hay una contradicción que atraviesa buena parte del primer tramo del gobierno de Yamandú Orsi (que analizaremos en esta y una segunda entrega) y que permite comprender muchas de las demás: la distancia entre el cambio que el Frente Amplio prometió durante la campaña electoral y la continuidad que comenzó a mostrar una vez instalado en el poder.

No se trata de exigirle a un gobierno que transforme el país en pocos meses. Tampoco de desconocer las restricciones económicas, institucionales y políticas que condicionan cualquier administración. Gobernar obliga a negociar, administrar recursos escasos, reconocer límites y tomar decisiones que rara vez se parecen a los discursos de campaña.

El problema es otro. Orsi llegó a la Presidencia presentándose como la expresión de una izquierda popular, cercana a la gente común, preocupada por la desigualdad y decidida a recuperar una agenda social que, según el diagnóstico frenteamplista, había quedado relegada durante el ciclo de gobiernos de la coalición de derecha.

Pero una vez en el gobierno, la retórica del cambio comenzó a convivir con una política mucho más prudente: apelación al gran capital, énfasis en la inversión privada, búsqueda de certezas para los mercados, continuidad de los grandes equilibrios macroeconómicos y una fuerte presencia de perfiles técnicos y moderados en los lugares centrales de decisión.

No hay contradicción entre gobernar responsablemente y ser de izquierda. La izquierda no tiene por qué reivindicar el desorden económico, la improvisación ni el voluntarismo. Pero sí existe una contradicción cuando se promete modificar las relaciones sociales que producen desigualdad y, llegado el momento de gobernar, se termina considerando que casi todos los equilibrios existentes deben permanecer intactos. Ahí comienza el problema político de Orsi.

El cambio como promesa

El Frente Amplio regresó al gobierno en marzo de 2025 después de cinco años de una coalición de derecha encabezada por Luis Lacalle Pou, el presidente más corrupto desde la recuperación democrática en 1985.

La coalición de izquierda necesitaba recuperar algo más que la Presidencia. Necesitaba recuperar un sentido. Después de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, después de quince años en el poder y de la derrota electoral de 2019, el FA había atravesado un proceso de revisión que nunca terminó de producir una nueva síntesis. El mundo había cambiado, Uruguay también y la izquierda parecía debatirse entre dos posibilidades: volver a reivindicar una identidad transformadora o aceptar definitivamente que su papel consistía en administrar con sensibilidad social un capitalismo relativamente exitoso.

La candidatura de Orsi ofreció una respuesta deliberadamente amplia a esa incertidumbre. Su imagen política se construyó alrededor de la cercanía, la moderación, el lenguaje sencillo y la idea de un dirigente alejado de las élites. No era solamente una cuestión de estilo. Era una manera de reconstruir la identidad de una izquierda que necesitaba volver a hablarle a sectores populares que ya no necesariamente se sentían representados por el lenguaje tradicional del progresismo.

Orsi aparecía como el hombre común que llegaba a la Presidencia. Pero esa imagen contenía una pregunta que la campaña electoral podía dejar en suspenso y que el gobierno ya no puede evitar: ¿qué significa gobernar desde la izquierda cuando las reglas económicas y los intereses dominantes permanecen prácticamente intactos? La respuesta comenzó a aparecer rápidamente. Y no parece ser la de una ruptura.

La izquierda y el gran capital

Uno de los rasgos más significativos del nuevo gobierno es la importancia otorgada a la inversión privada y a la generación de condiciones favorables para el capital.

Nadie puede discutir seriamente que Uruguay necesita inversión. Un país pequeño, con un mercado interno limitado y enormes necesidades de infraestructura, empleo y desarrollo tecnológico no puede prescindir del capital privado. Pero una cosa es reconocer la necesidad de inversión y otra muy distinta es convertir la atracción de inversiones en el centro ordenador de la política económica.

La diferencia no es menor. Porque una política de izquierda no debería preguntarse únicamente cuánto capital consigue atraer Uruguay. Debería preguntarse también "qué tipo de inversión necesita, en qué sectores, bajo qué condiciones, con qué contrapartidas sociales y productivas y quién captura finalmente los beneficios del crecimiento".

El problema aparece cuando la inversión deja de ser un instrumento del desarrollo y se transforma en el objetivo al que deben acomodarse las demás políticas. Entonces la pregunta por la distribución empieza a quedar subordinada a la pregunta por la confianza. La pregunta por el poder económico queda subordinada a la pregunta por la competitividad. La pregunta por los derechos sociales queda subordinada a la pregunta por la sostenibilidad fiscal. Y la izquierda termina hablando cada vez más el idioma de aquello que históricamente se propuso transformar.

La moderación no es neutral

El argumento habitual frente a estas críticas es sencillo: Orsi gobierna en una democracia plural, necesita acuerdos y no puede imponer un programa maximalista. Es cierto. Pero la moderación no es políticamente neutra.

Cuando un gobierno decide avanzar lentamente sobre determinados intereses y rápidamente sobre otros, está tomando decisiones políticas. Cuando prioriza generar condiciones para atraer capital antes que modificar determinadas relaciones laborales, tributarias o productivas, también está tomando decisiones políticas. La estabilidad, la gradualidad, la prudencia fiscal son decisiones políticas. Y también lo es la redistribución.

Por eso el debate no debería plantearse como una falsa oposición entre responsabilidad y transformación. Una izquierda responsable debería ser precisamente aquella capaz de demostrar que puede transformar sin destruir la estabilidad.

El verdadero interrogante es si existe voluntad política para hacerlo. Porque si la respuesta termina siendo que las transformaciones profundas siempre deben esperar a que existan condiciones ideales, la izquierda corre el riesgo de convertir la prudencia en una doctrina permanente. Y entonces el cambio deja de ser una política de gobierno para transformarse en una promesa perpetua.

La agenda social y el límite del programa

Orsi asumió con la necesidad de recuperar una agenda social. La desigualdad, la pobreza infantil, la precariedad laboral, la vivienda, la educación, la salud y las políticas de cuidados forman parte de un conjunto de problemas que no pueden resolverse simplemente mediante crecimiento económico.

Uruguay puede crecer y, al mismo tiempo, conservar desigualdades estructurales. Puede atraer inversiones y mantener trabajadores pobres. Puede mejorar sus indicadores macroeconómicos y continuar teniendo una pobreza infantil incompatible con la imagen de país desarrollado que pretende proyectar. Puede incrementar el empleo y, sin embargo, sostener formas de precariedad que hacen cada vez más difícil construir una vida digna.

Por eso el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. La izquierda debería ser capaz de formular una pregunta incómoda: ¿para qué queremos crecer?

Si la respuesta es solamente para aumentar el PIB, estamos ante una política económica. Si la respuesta es para ampliar las capacidades materiales de la mayoría de la sociedad, entonces estamos hablando de un proyecto político. Y esa diferencia es fundamental.

Porque una agenda social verdaderamente transformadora no puede depender exclusivamente de que la economía produzca suficientes excedentes como para que el Estado los redistribuya después. También debe intervenir sobre la manera en que esos excedentes se producen, se distribuyen y se apropian. Ahí aparece la cuestión que el gobierno todavía no parece dispuesto a colocar en el centro: las relaciones de poder económico.

Una izquierda que administra demasiado

Hay algo paradójico en la trayectoria reciente del Frente Amplio. Cuando estuvo en la oposición denunció las consecuencias sociales de determinadas políticas de la derecha. Pero una vez recuperado el gobierno, el margen para cuestionar las estructuras económicas parece reducirse considerablemente. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Qué le queda de transformadora a una izquierda que acepta como dato casi natural la estructura económica existente?

No se trata de nacionalizar empresas, abolir el mercado ni regresar a modelos económicos que fracasaron históricamente. El debate contemporáneo de la izquierda debería ser mucho más sofisticado. Se trata de discutir quién decide sobre los sectores estratégicos, quién controla los recursos fundamentales, cómo se distribuye la renta, qué papel tiene el Estado en el desarrollo, cómo se construye una política industrial, cómo se evita que la economía uruguaya continúe dependiendo de la exportación de bienes con escaso valor agregado, cómo se genera empleo de calidad, cómo se financia un Estado de bienestar sostenible, cómo se transforma la matriz productiva, y, sobre todo, cómo se modifica la distribución del poder económico.

Si esas preguntas desaparecen detrás del lenguaje de la inversión y la estabilidad, la izquierda puede conservar sus símbolos mientras abandona lentamente su razón histórica de existir.

Continuará....