UY Press - Agencia uruguaya de noticias

07.10.2026

Cada mes de octubre, Uruguay vive un espejismo colectivo. El Día del Patrimonio moviliza a cientos de miles de ciudadanos que hacen interminables colas para visitar y admirar palacios, estaciones de tren o casonas coloniales.

Es la fiesta de la identidad nacional, pero, cuando las puertas se cierran el lunes por la mañana, la realidad de la conservación histórica vuelve a su cruda y estructural indigencia. Mientras potencias culturales como Italia blindan su historia con presupuestos multimillonarios o el despliegue del Istituto Centrale per il Restauro  o el Opificio delle Pietre Dure (fundado en 1588),  vecinos regionales como México o Perú sostienen escuelas nacionales de conservación arqueológica o de restauración con presupuestos protegidos, Uruguay gestiona su memoria con un modelo de voluntariado e impotencia estatal. Completan el estado de CTI para el Patrimonio uruguayo, una legislación obsoleta que vigila pero no financia y un cuerpo técnico de 40  funcionarios públicos que, excepto los "pases a comisión" (esa escuela de pastas caseras), no llegan a 20. Los enemigos naturales como el tiempo que pasa,  la humedad el frío y el calor, pueden esperar migajas de la inversión pública o privada. 

Si miramos como funciona en Uruguay la defensa del patrimonio histórico nacional, comparándolo con otros países, cualquier ciudadano, se pondría a llorar. Uruguay, para defender su historia, tiene un batallón de 19 funcionarios públicos fijos que trabajan en la CPCN Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para Arquitectura, Arqueología, Comunicaciones y Restauración. En Uruguay, el presupuesto del Estado destinado a la cultura representa aproximadamente el 0,1% del PBI, un porcentaje bajísimo del presupuesto nacional.  Mientras que lo que destina a la cultura en general es poquísimo, el dinero asignado específicamente a la CPCN para el cuidado, fiscalización e historia de los monumentos es tan marginal que, estadísticamente ni aparece el 0,00% de rentas generales. A nivel técnico-operativo, tiene una infraestructura dividida en departamentos especializados destinados a la coordinación de acciones reales en el territorio:

El Departamento de Arqueología, que evalúa, registra, emite autorizaciones y supervisa estudios de impacto y rescates arqueológicos en todo el país. 

El Departamento de Arquitectura que regula, fiscaliza y asesora técnicamente en todas las intervenciones, reformas o demoliciones que afecten inmuebles declarados Monumento Histórico Nacional.

Taller de Restauración: Un área que "debería" preservar, conservar y restaurar los bienes muebles del patrimonio cultural de la Nación.

Para áreas específicas de valor urbano como, por ejemplo, la Ciudad Vieja de Montevideo, las acciones no son sólo de la CPCN. Al ser un casco urbano vivo, la gestión se cruza con otra máquina "kafkiana", las Intendencias. Mientras que la CPCN (MEC) dictamina la protección legal de los Monumentos Históricos Nacionales, La IMM, a través de su Unidad de Protección del Patrimonio, regula los grados de protección edilicia municipales. El Municipio B articula acciones de cercanía e intervenciones directas con los vecinos, como la Oficina de Rehabilitación de Ciudad Vieja para recuperar fachadas y viviendas. 

A pesar de tener un ridículo presupuesto propio, asignado por el MEC de unos 53 millones de pesos uruguayos (1.3 millones de dólares anuales), la CPCN en el mundo político, jamás habla sobre esta situación, no sabemos si por vergüenza o por apatía crónica. Algunos historiadores, personajes de la Cultura nacional, algún periodista, intentaron convocar un debate social, técnico y político. Aun hoy, existen colectivos y expertos, que señalan que los recursos y la cantidad de personal técnico permanente, para cuidar el patrimonio histórico uruguayo, NO EXISTEN, frente a la cantidad de bienes para custodiar. 

Las intervenciones o excavaciones precisan de convenios con la UDELAR, fondos concursables, o una contratación parcial de empresas y arqueólogos independientes tercerizados. Cualquier obra de mantenimiento, restauración, reforma o demolición de un inmueble catalogado como MHN (Monumento Histórico Nacional) pasa por la aprobación del Departamento de Arquitectura de la CPCN. 

El procedimiento formal consiste en : El consentimiento del Propietario que debe firmar y avalar la gestión. La Solicitud Formal  se completa mediante el Formulario Electrónico de Solicitud de Intervención adjuntando una nota firmada dirigida a la Dirección de la CPCN. Luego llega el Protocolo de Recaudos Técnicos. Cuando ingresa la solicitud, el interesado tiene 10 días hábiles,  para entregar físicamente en la sede central de la Comisión, la documentación técnica completa, con planos de ubicación, plantas, cortes, fachadas actuales, la propuesta de reforma, una memoria descriptiva técnica detallada con proyección de gastos de materiales, criterios de restauración y un registro fotográfico del estado actual del bien. Funcionamiento de los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR). El Departamento de Arqueología debería fiscalizar y mitigar el impacto sobre el patrimonio oculto o subterráneo. 

Ante grandes obras de infraestructura o intervenciones en áreas sensibles (como Ciudad Vieja, Colonia del Sacramento o cuencas fluviales), se activa este protocolo bajo el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Antes de empezar una excavación, hay que contratar  un arqueólogo profesional para hacer prospecciones del terreno y evaluar el potencial arqueológico de la zona. Se precisa la Aprobación del Plan de Actuación y el arqueólogo responsable, tiene que presentar el diseño metodológico de la investigación ante la CPCN para que lo autoricen. En caso de un hallazgo fortuito, se activa otro Protocolo. Si se hallan restos hóseos, cimientos antiguos, cerámica u objetos históricos durante la ejecución de la obra, se paraliza todo y la empresa constructora es obligada a parar las excavaciones en el sector del hallazgo. Se avisa a la CPCN, se rescatan los registros. Técnicos de la CPN o arqueólogos tercerizados autorizados, llegan a la obra para documentar, desenterrar y resguardar las piezas arqueológicas, antes de habilitar de vuelta la obra civil. 

La ley Nº 14.040 de octubre 1971 es la columna vertebral jurídica del patrimonio en Uruguay y el ESTADO. Con toda su autoridad y pomposidad, actúa como órgano técnico asesor; estudiando y proponiendo al Poder Ejecutivo, qué bienes materiales (muebles o inmuebles) son de interés público como para declararlos protegidos por el estado. 

Se activa formalmente la burrocracia, se crea un fondo específico alimentado por el 4% de la utilidad líquida de los Casinos del Estado, partidas presupuestales nacionales, proventos, donaciones y herencias, dentro de un marco de limitaciones a la Propiedad Privada. Los propietarios de un bien MHN, siguen siéndolo, pero hay cargas legales estrictas: no pueden modificarlo ni venderlo sin previo aviso y control del estado. Está totalmente prohibida la salida de piezas arqueológicas o artísticas protegidas fuera del país (regla común en todo el mundo). 

Lo único bueno del propietario es que, los MHNN están exonerados de Primaria y adicionales de Contribución Inmobiliaria. La legislación uruguaya, redactada en 1971, nació con el espíritu de "declarar y vigilar" pero no "financiar". El Estado uruguayo multa o restringe reformas en un Monumento Histórico Nacional, pero es un milagro que largue un mango directamente, para salvarlo de un colapso estructural. Habiendo 19 empleados fijos, podríamos deducir que hay uno por departamento!!!! 

Recuerdo, hace varios años, un amigo me llamó para preguntarme si conocía alguna Escuela de Restauración italiana a nivel universitario, porque su hija, quería ser restauradora, y, en Uruguay, no existe la carrera. Faltando una carrera pública de Restauración Científica, hay que improvisar: Mientras que en Italia el restaurador es un científico del arte avalado por institutos estatales de formación, que exigen de 4 a 5 años de dedicación 24/, en Uruguay la formación descansa sobre esfuerzos individuales, talleres privados o cursos optativos dentro de las facultades tradicionales de Arquitectura o Humanidades. 

Para tener una idea, son MHN, la Estación Central General Artigas de Montevideo, es el monumento más visible, totalmente olvidado, con 30 años de litigios, proyectos de Shopping etc. La falta de un presupuesto estatal de emergencia para que no se destruya, demuestra la falta total del Estado. incapaz de intervenir de oficio en obras monumentales a gran escala, dejándolas expuestas al vandalismo, las décadas o el méteologo. Otro monumento de incalculable valor es la Rambla de Montevideo. Su extensión y exposición a la salinidad, el oleaje y los siglos que pasan,  exigiría una planificación y restauración constantes. Entre parches, baches, improvisaciones tóxicas o ricarditos, nuestra Rambla sufre un degrado implacable, dependiendo del Intendente de turno. 

La escasez de técnicos de la CPCN impide una fiscalización rigurosa de cada kilómetro frente a las reformas urbanas. Otro MHN fundamental es el ANGLO, patrimonio Industrial de Fray Bentos y Colonia del Sacramento, sitio UNESCO. Con los reconocimientos internacionales, no alcanza para cuidar estructuras con siglos de historia. Hay complejidad por las antiguas estructuras de ladrillo e hierro, como en Fray Bentos, que dependen de partidas extraordinarias o préstamos internacionales. La CPCN no tiene la capacidad de desplegar equipos técnicos permanentes para supervisar estos complejos, delegando el peso a las intendencias locales, que, casi siempre, carecen de personal calificado en restauración científica. Llegaron sugerencias, como la creación del Fondo Nacional de Emergencia Patrimonial, inspirado en el modelo de mecenazgo, subvenciones europeas o Patrocinio de marcas a través de PNT. Pero, en realidad, Uruguay necesita reformar la Ley 14.040 para que, declarar un inmueble como Monumento Histórico, no sea un "castigo" para el propietario privado, sino un beneficio. Se deberían otorgar exoneraciones fiscales totales de contribución e IVA a los materiales de construcción específicos para restaurar, financiados mediante una tasa mínima a los proyectos inmobiliarios de demolición en zonas históricas. 

Ante la falta de una escuela nacional de restauración, el Estado uruguayo (y esta sugerencia es mía) debería firmar un acuerdo bilateral permanente con el Ministero dei Beni Culturali de Italia y sus institutos (ICR, Opificio delle Pietre Dure). Para un país que, a pesar que se trata de un recuerdo, tiene la fachada de ser un ejemplo cultural latinoamericano, crear una Tecnicatura y Licenciatura en Restauración Científica de Bienes Culturales, co-gestionada entre la UDELAR y la UTU, profesionalizando la química, la física y el arte aplicados a la conservación arquitectónica, podría significar hasta un nuevo HUB cultural latinoamericano. También, se debería pasar de un cuerpo técnico de 19, a un mínimo de 50 empleados a mediano plazo, organizados en tres nodos regionales (Metropolitano, Litoral e Interior/Norte). Esto permitiría que, la CPCN, no sea un órgano puramente reactivo y montevideano, sino una agencia con laboratorios mínimos de diagnóstico, capaces de trasladarse al territorio para frenar demoliciones encubiertas o deterioros por abandono. Cada ciudadano italiano, gasta, anualmente, 60 Euro, para cuidar sus patrimonios, son casi 62 millones, es mucho dinero. No digo de empezar con impuestazos, que ya hay de sobra, sino de comenzar a concientizar mentes.

Stefano Casini es periodista. Empezó en Radio Clarín, su primer noticiero en 1968. Después continuó por L'Eco D'Italia, L'Ora D'Italia, Guía Financiera, suplementos en El País, El Observador, La República, fue 23 años Corresponsal  de RAI, Gente dItalia, 5 años de Radio TV Suiza Internacional y 2 años de CNN.