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26.12.2025

Se precisaba justicia y se logró. Se alcanzó una gran conquista. El pasado lunes 22 de diciembre, el juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León, condenó a los militares retirados Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Rocca, Abel Pérez, Jorge Soloviy, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrére por torturas contra ciudadanos de San Javier en 1980 y 1984. Entre ellos se encontraba el médico Vladimir Roslik, el último asesinado por torturas de la dictadura.

En este momento en que miles y miles de uruguayas y uruguayos celebran esta  victoria tardía, mantener una perspectiva histórica es de rigor. Una errónea y absurda sentencia de la Suprema Corte de Justicia de julio del año 2021 impidió que se juzgara a los responsables del asesinato del Dr. Vladimir Roslik  cometido en abril de 1984, unos meses antes del retorno a la institucionalidad democrática.

El Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe pudo iniciar causas conexas contra los responsables de su asesinato pero no por el crimen en sí, que, como tal solo fue juzgado por la justicia militar cuando el Presidente era el teniente general Gregorio Alvarez.

Un grave error conceptual de la SCJ

El asesinato del Dr. Vladimir Roslik en abril de 1984 en el Batallón 9º de Infantería de Fray Bentos generó un enorme rechazo. Conmovió a un país que caminaba, en aras de una inmensa e intensa movilización popular, hacia una trabada transición democrática. En función de ello, la dictadura dispuso que la Justicia Militar investigara lo sucedido. Esta,  finalmente, les impuso penas irrisorias a los responsables del crimen.

En su momento se condenó al jefe del Batallón, teniente coronel Mario Olivera y al mayor Sergio Caubarrere, procesado con prisión, en la actualidad, por delitos cometidos mientras reprimía en el Batallón Florida en el año 1972.

El Dr. Ricardo  Perciballe  solicitó la reapertura del expediente por el asesinato del Dr. Roslik. Un tribunal de apelaciones entendió que el crimen ya había sido juzgado. La Fiscalía Especializada debió presentar un recurso de Casación ante  la Suprema Corte de Justicia la cual convalidó el accionar de la justicia militar en 1984 y definió que existía Cosa Juzgada.

La Justicia Militar no es Justicia

El sábado 15 de abril de 1972, el gobierno de Juan María Bordaberry impuso el Estado de Guerra Interna, suspendió las garantías individuales y estableció que los ciudadanos que fueran detenidos en lo sucesivo por razones políticas, gremiales o ideológicas, en el marco de la lucha contra la subversión, serían juzgados por Tribunales Militares a quiénes se les otorgó jurisdiccionalidad en desmedro del Poder Judicial, que fue desplazado al rincón de los artefactos instituciones inútiles.

Como resultado de esa declaración por parte de la Asamblea General, a impulsos del Poder Ejecutivo (y de la  posterior aprobación de la Ley de Seguridad, en julio de ese año) la justicia militar comenzó a desempeñar un papel crucial en la vida del país.

Desde abril de ese año, hasta el 28 de febrero de 1985, más de 7.500 ciudadanas y ciudadanos, de todas las edades, fueron formalmente condenados, con diferentes tipificaciones, por tribunales militares, sin garantías de ningún tipo. La inmensa mayoría de quienes fueron presentados ante los tribunales militares, lo fueron luego de detenciones con apariencia de secuestros, días, semanas y, hasta meses, de incomunicación, sometidos a malos tratos, torturas, privación de alimentos y de sueño.

Por definición legal la justicia militar no es independiente, sino un órgano auxiliar de los mandos en operaciones. Su máximo órgano es designado por los jefes castrenses con el propósito de sancionar los delitos propios de los militares e imponer la disciplina para el cumplimiento de los cometidos institucionales.

Vladimir Roslik: un caso ejemplar

La investigación que llevó a cabo la justicia militar y las sanciones que impuso a los responsables del asesinato del Dr. Vladimir Roslik son un ejemplo de que la misma no puede ser asimilada a la actuación del Poder Judicial bajo ningún concepto.

El juez militar de instrucción, coronel Camilo Bentancur solo llevó a cabo dos procesamientos. Al jefe del batallón teniente coronel Mario Olivera le tipificó "omisiones en el servicio" y al subjefe, el mayor Sergio Caubarrere quien dio las órdenes de torturar y presenció las mismas, le tipificó homicidio ultraintencional. Excusó a los ejecutores materiales de las torturas, que se supo que fueron 11 oficiales gracias a un pedido de información que en el año 2021 llevó a cabo el periodista Leonardo Haberkorn.

Una decisión aberrante de la Suprema Corte

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en julio de 2021 rechazó la solicitud del Dr. Perciballe, convalidó las actuaciones de la justicia militar en el año 1984, en plena dictadura, consideró cosa juzgada e impidió que el órgano constitucional con facultades para hacerlo pudiera investigar, esclarecer y castigar a los responsables de un crimen que aún hoy conmueve a la sociedad. Es realmente bochornosa e inexplicable al margen de las continuas presiones que siguen llevando adelante los terroristas de estado y sus cómplices.

Demuestra, además, la falsedad de las afirmaciones que realizan los terroristas de Estado, sus abogados y patrocinantes en el sentido de que el Poder Judicial está direccionado en su contra.

El trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, profesional, inteligente y comprometido permitió que a más 40 años se hiciera justicia con los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos a la comunidad de San Javier y a los responsables directos de las mismas, que, a su vez, estuvieron involucrados en el asesinato del Dr. Vladimir Roslik. La nefasta decisión de la Suprema Corte de Justicia impidió que el crimen fuera investigado y que se sancionara a los responsables tipificándoles el delito que se debería haber aplicado. Además de los delitos tipificados por el juez Claudio de León, todos son asesinos. Es la verdad histórica.

Gastón Grisoni. Es presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.