UY Press - Agencia uruguaya de noticias

16.10.2026

Los proyectos de centros de datos y parques solares a gran escala de la multinacional de origen español Solaria han provocado, en la misma España y en Italia, una serie de litigios por el cambio del uso de la tierra y por la afectación del patrimonio cultural de las poblaciones rurales de esos países

La enorme expectativa creada en la opinión pública por la Presidencia de la República para la firma de un Memorándum de Entendimiento con Solaria Energía y Medio Ambiente, una de las 35 mayores empresas de la Bolsa de Valores de España, por un megaproyecto de centro de datos y parque de paneles solares, con el ya clásico anuncio de "la mayor inversión en la historia del país" y los "miles de empleos" que generaría, no se condice con la información reservada sobre los alcances reales del acuerdo.

Siguiendo el estilo de los gobiernos anteriores, sin diferencias político-partidarias, la negociación de contratos entre el Poder Ejecutivo y corporaciones multinacionales continúa haciéndose en secreto, al margen del control del Parlamento y de la opinión pública, siguiendo un patrón de entrega de la soberanía nacional que se refleja, entre otros aspectos, en la concesión de beneficios fiscales extraordinarios y la operación de las empresas en Zonas Francas libres de impuestos.

Solaria: proyecto en Uruguay

Se estima que del 90 al 95% de los 5.700 millones de dólares estadounidenses de la inversión que realizaría Solaria corresponde a equipos y otros componentes traídos del exterior, porque no se producen en Uruguay, quedando en solo 285 a 570 millones de inversión en el país. Se dice que la empresa producirá la electricidad que necesita, pero los números divulgados no cierran y la clave está en el acuerdo de compra/venta de energía con UTE, que tampoco se conoce.

Se manifiesta una gran confianza en Solaria porque ya tiene proyectos en funcionamiento en el país, aunque son a una escala mucho menor que la del proyecto anunciado. Desde el gobierno se define el acontecimiento como una «joya en un cuadro de acumulación de acuerdos» y en la prensa se reconoce que Solaria "enfrenta algunas dificultades en España". Pero ¿qué se sabe realmente de la trayectoria de esta multinacional en los países donde viene actuando?

Tanto en España como en Italia, Solaria ha enfrentado denuncias, demandas administrativas y judiciales por sus proyectos. Aunque la empresa no registra condenas por delitos ambientales graves, ni causas penales que hayan frenado las operaciones, su agresivo ritmo de despliegue territorial genera focos de conflicto legal y social significativos en ambos países. Las denuncias proceden principalmente de asociaciones vecinales o ecologistas, de los ayuntamientos y agricultores:

En España

Los proyectos de gran escala de Solaria, como los macro complejos de paneles solares en Guadalajara, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, han sido objeto de recursos judiciales por parte de organizaciones como Ecologistas en Acción y de pobladores rurales. Los colectivos denuncian la fragmentación de proyectos para eludir las evaluaciones de impacto ambiental nacionales, afectación a hábitats de aves protegidas y la alteración del paisaje agrario.

Uno de los focos de mayor tensión social y legal se relaciona con las expropiaciones forzosas de terrenos requeridas para el tendido de las líneas eléctricas de alta tensión y las vías de acceso y evacuación de los parques fotovoltaicos. Agricultores y pequeños propietarios en regiones como Castilla y León o la Comunidad Valenciana han presentado denuncias administrativas exigiendo la nulidad de las declaraciones de utilidad pública otorgadas a la empresa.

A nivel corporativo, Solaria Energía y Medio Ambiente ha enfrentado también litigios financieros y de mercado por reclamaciones de fondos de inversión, socios minoritarios o desarrolladores locales en disputas contractuales vinculadas a la adquisición de permisos de acceso a la red eléctrica nacional y el cumplimiento de contratos de compraventa de energía.

Centros de datos: una vez construidos, se mantienen con poco personal

País Vasco

Los litigios principales de Solaria en España han ocurrido en el País Vasco. El litigio en curso más grande son 22 recursos presentados por Solaria Eguzki Sorkuntza S.L. (filial de Solaria) contra el gobierno vasco, ante el Tribunal Superior de Justicia Vasco, por "la inactividad material cualificada de la Administración consistente en la falta de impulso y resolución efectiva del procedimiento de evaluación ambiental», según el alegato de la empresa.

Solaria tenía 29 proyectos y disponía de 31 meses, desde la concesión del permiso de acceso y conexión, para obtener la autorización ambiental. Como no la conseguía e iba a perder esos permisos, los recursos en la Justicia fueron una táctica para evitar que caducaran. Pero el gobierno vasco ya denegó y archivó 19 proyectos de parques fotovoltaicos de Solaria por haber vencido los permisos de conexión, sin haber obtenido la autorización ambiental.

En marzo último, en una concentración masiva frente a la sede del gobierno en Vitoria, capital de Álava, la mayor de las tres provincias del País Vasco, varios colectivos presentaron 7.200 denuncias en "defensa del suelo alavés", contra el "impacto irreversible" que Solaria podría generar en la biodiversidad de la zona, entre otras afectaciones, y en oposición al "actual modelo de implantación masiva de infraestructuras industriales en zonas rurales", de acuerdo a un comunicado difundido por los manifestantes.

Protesta de agricultores en Vitoria

En Italia

Solaria cuenta también con numerosos proyectos en Italia, especialmente en las regiones del sur como Puglia, Sicilia y Cerdeña, cuestionados por sectores sociales y autoridades locales debido a la afectación del uso agrícola del suelo y del patrimonio paisajístico y cultural.

Organizaciones agrarias italianas como Coldiretti y administraciones regionales han presentado recursos ante los Tribunales Administrativos Regionales (TAR) para paralizar las licencias de parques solares proyectados por Solaria. Denuncian que la implantación de paneles en suelo fértil atenta contra la producción agrícola tradicional y la soberanía alimentaria, exigiendo que los proyectos se ciñan estrictamente a la normativa de integración agrovoltaica.

La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) es la organización sindical y patronal agropecuaria más influyente de Italia y una de las mayores asociaciones de productores agrícolas de Europa. La normativa de integración agrovoltaica italiana exige que los parques de paneles solares proyectados demuestren que mantienen una complementariedad o sinergia real entre la generación de energía y la continuidad agronómica en el uso del suelo.

Asimismo, las superintendencias de bienes culturales e instituciones locales en Sicilia y Puglia han bloqueado e impugnado autorizaciones de proyectos de parques fotovoltaicos ante los tribunales, argumentando que la escala de las instalaciones afecta áreas de alto valor paisajístico, arqueológico o turístico, sin la debida consulta o compensación territorial.

(*) Columna publicada originalmente en El Zumbido. reproducida con autorización del autor.