UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.09.2026

América Latina digitaliza sus cobros más rápido que la infraestructura que los hace posibles, y las pymes tienen menos recursos para resistir una interrupción

Un cliente entra en un pequeño comercio, elige un producto y acerca el teléfono para pagar. Hay inventario, voluntad de compra y dinero en la cuenta. Entonces se interrumpe la electricidad.

El enrutador se apaga. El terminal deja de responder. La aplicación no puede validar la operación.

La empresa no perdió la demanda. Perdió temporalmente la capacidad de cobrar.

El dinero continúa existiendo, pero desapareció parte de la infraestructura que permite utilizarlo.

La escena parece menor hasta multiplicarla por miles de comercios. América Latina avanza rápidamente hacia los pagos digitales. Según Payments and Commerce Market Intelligence, los medios digitales y electrónicos representan ya alrededor del 60 % del gasto de los consumidores de la región, mientras el efectivo ha descendido al 37 % [1].

Es una transformación positiva. Reduce fricciones, facilita transacciones, amplía opciones para consumidores y empresas y puede favorecer la inclusión financiera. Pero también produce una dependencia que rara vez aparece en las celebraciones sobre digitalización.

Un billete puede cambiar de manos sin electricidad, internet, servidores ni autorización externa. Un pago digital requiere que una cadena tecnológica permanezca operativa.

El comercio necesita electricidad. El teléfono necesita batería. El vendedor y el cliente necesitan conectividad. Las redes de telecomunicaciones, centros de datos, adquirentes, bancos, billeteras y sistemas de compensación deben continuar funcionando. No todos tienen que fallar para impedir una transacción. Basta con que falle el eslabón correcto.

La digitalización no elimina la infraestructura. La vuelve invisible hasta el momento en que deja de funcionar.

El problema adquiere particular importancia en América Latina y el Caribe, una región que está transformando simultáneamente sus sistemas energéticos y sus medios de pago.

En 2024, el 69 % de la generación eléctrica regional provino de fuentes renovables. La hidroelectricidad aportó por sí sola el 45 %, seguida por la eólica con 12 % y la solar con 7 % [2]. Eso representa una fortaleza ambiental considerable, pero también recuerda que la seguridad energética no depende únicamente de cuánto se genera o de si la fuente es renovable. Depende de redes, interconexiones, almacenamiento, reservas y capacidad para responder ante sequías, fenómenos extremos, fallas técnicas o interrupciones locales.

El problema no son las energías renovables. El problema es construir una economía cada vez más dependiente de electricidad y conectividad sin desarrollar simultáneamente suficiente redundancia.

La región arrastra además ineficiencias históricas en sus sistemas eléctricos. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que, durante las últimas tres décadas, alrededor del 17 % de la electricidad generada en América Latina y el Caribe se perdió en transmisión y distribución, aproximadamente tres veces la proporción registrada entre miembros de la OCDE. El costo para las empresas distribuidoras se calcula entre US$9.600 y US$16.600 millones anuales, equivalentes a entre 0.19 % y 0.33 % del PIB regional [3].

Las pérdidas eléctricas no son sinónimo de apagones. Incluyen problemas técnicos y no técnicos y no permiten concluir por sí solas que un sistema sufrirá interrupciones. Pero sí revelan ineficiencias que consumen recursos que podrían utilizarse para inversión, modernización y confiabilidad.

Y las empresas ya conocen las consecuencias de un suministro inestable.

Los indicadores de Enterprise Surveys del Banco Mundial muestran que más de la mitad de las empresas del benchmark regional latinoamericano han experimentado interrupciones eléctricas [4]. Las comparaciones deben interpretarse con cautela porque las encuestas nacionales corresponden a años diferentes, pero el mensaje general es difícil de ignorar: para una parte considerable del sector productivo, un corte eléctrico no es un riesgo meramente teórico.

Ese sector productivo está formado fundamentalmente por empresas pequeñas.

En los nueve países latinoamericanos analizados por el SME Policy Index 2024, las mipymes representan aproximadamente el 99.5 % de las empresas y cerca del 60 % del empleo formal. Casi nueve de cada diez son microempresas [5].

Por eso un apagón no detiene solamente una gran fábrica.

Puede apagar la caja de una farmacia, detener la refrigeración de un restaurante, interrumpir la agenda digital de una clínica, desconectar un pequeño hotel o inutilizar el código QR con el que cobra un vendedor.

Y la capacidad para resistir esa interrupción está distribuida de manera desigual.

Una empresa grande puede instalar generadores, sistemas de baterías, conexiones redundantes de internet y protocolos de continuidad. Para una pequeña empresa, adquirir esa misma resiliencia significa competir por recursos que también necesita para inventario, salarios, alquileres o capital de trabajo.

Así aparece una desigualdad poco discutida: la brecha de continuidad.

Dos empresas pueden utilizar exactamente el mismo sistema digital de pagos y enfrentar consecuencias completamente distintas cuando falla la electricidad porque solo una tiene recursos para construir una infraestructura paralela.

La brecha energética termina convirtiéndose en una brecha para vender y cobrar.

Ecuador ofrece evidencia particularmente reveladora. Los apagones rotativos ocurridos en Guayaquil en abril de 2024 permitieron comparar restaurantes afectados por las interrupciones con establecimientos ubicados en circuitos que permanecieron energizados. Zambrano-Monserrate encontró que los cortes redujeron las ventas diarias aproximadamente un 15.3 %. Los restaurantes que no disponían de generadores experimentaron además una caída adicional cercana al 14.2 % [6].

El impacto de un apagón no cabe, por tanto, en la factura eléctrica.

En un restaurante puede detener simultáneamente refrigeración, preparación de alimentos, iluminación, servicio, conectividad y cobro. La electricidad no es solamente un insumo: es la infraestructura que permite coordinar los demás.

Los efectos tampoco necesariamente terminan cuando regresa la luz.

Fried y Lagakos desarrollaron un modelo económico para estudiar las consecuencias a largo plazo de las interrupciones eléctricas en economías en desarrollo. Su análisis muestra un mecanismo importante: los apagones pueden dejar recursos ociosos, reducir la escala de las empresas existentes y desalentar la entrada de nuevas compañías. En el modelo, esas consecuencias de largo plazo resultan considerablemente mayores que los efectos inmediatos [7].

Una pyme que pierde ventas repetidamente no solo perdió ingresos ayer.

Puede decidir no comprar una máquina mañana, no contratar a otro trabajador o no abrir una segunda sucursal.

La mala calidad de la infraestructura termina convirtiéndose en menor capacidad productiva futura.

¿Significa esto que América Latina debe frenar los pagos digitales?

Todo lo contrario.

Significa que digitalizar no es lo mismo que construir resiliencia.

Una investigación reciente de Álvarez, Argente y Van Patten aporta una advertencia relevante. Utilizando datos de transacciones, interrupciones eléctricas y encuestas en Estados Unidos, España y Suecia, encontraron que casi la mitad de los consumidores no podía utilizar su medio electrónico preferido durante cortes. Tener acceso a efectivo aumentaba la probabilidad de completar compras y ayudaba a amortiguar la caída del gasto [8].

Esos países no representan la realidad latinoamericana, pero el mecanismo resulta fácilmente comprensible: cuando el canal principal falla, importa disponer de otro.

Tampoco conviene convertir el efectivo en una solución ideal.

Transportarlo tiene costos y riesgos. Los cajeros necesitan electricidad, las sucursales dependen de sistemas informáticos y la distribución física requiere logística. Su ventaja durante determinadas contingencias es mucho más sencilla: los billetes que ya están en circulación pueden transferir valor sin electricidad ni internet.

La respuesta, entonces, no consiste en regresar al pasado.

Consiste en evitar que toda la economía dependa del mismo punto de falla.

Eso exige al menos cuatro cambios.

Primero, medir continuidad y no únicamente adopción. Las estadísticas financieras celebran cuentas abiertas, terminales instalados y transacciones digitales. También deberíamos saber cuánto tiempo puede seguir cobrando un comercio cuando pierde electricidad o conectividad y cuánto tardan los sistemas en recuperarse.

Segundo, desarrollar pagos de bajo monto capaces de funcionar temporalmente sin conexión. Pero "offline" no puede ser simplemente una función promocional de una aplicación. Requiere límites de valor, autenticación, almacenamiento seguro, control del doble gasto y conciliación posterior. Además, las soluciones deben ser interoperables.

Tercero, ayudar a las pymes a financiar continuidad. Baterías, fuentes ininterrumpidas para cajas y enrutadores, sistemas solares con almacenamiento y conexiones alternativas de datos pueden convertirse en infraestructura productiva, no en lujos empresariales. Créditos, garantías, arrendamientos e incentivos pueden reducir una brecha que el mercado difícilmente resolverá por sí solo.

Y cuarto, preservar alternativas.

El efectivo debe continuar disponible como respaldo razonable mientras bancos, fintech, comercios, empresas eléctricas y operadores de telecomunicaciones desarrollan protocolos de contingencia. Electricidad, conectividad y pagos funcionan cada vez más como partes de una misma infraestructura económica, aunque todavía solemos planificarlas por separado.

La verdadera pregunta no es cuánto efectivo conseguirá eliminar América Latina.

¿Cuánta actividad económica podrá conservar cuando falle una red?

Digitalizar sin redundancia no elimina la fragilidad. La concentra.

Una economía verdaderamente moderna no es aquella que depende del medio de pago más sofisticado.

Es aquella que puede seguir intercambiando valor cuando una de sus infraestructuras deja de funcionar.

Luis J. Camacho es académico, investigador y editor en las áreas de negocios internacionales, comportamiento del consumidor y sostenibilidad. Preside ALBUS y dirige LABSREVIEW.

Referencias

[1] Tutson, L. (2025). 2025 Latin America Payments Outlook: The Good. Payments and Commerce Market Intelligence. https://paymentscmi.com/insights/2025-latin-america-digital-payments-growth/

[2] Organización Latinoamericana de Energía. (2025). Electricity Generation Report in Latin America and the Caribbean: Year 2024. https://www.olade.org/wp-content/uploads/2025/05/ENG-Electricity-Generation-Report-Dic24_Rev4_TR-07042025.pdf

[3] Yépez-García, R. A., y Jiménez Mori, R. A. (eds.). (2024). Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0012971

[4] Banco Mundial. (2026). Enterprise Surveys: indicadores de infraestructura eléctrica [base de datos]. Generación de respaldo: https://data360.worldbank.org/en/indicator/WB_ES_T_BREADY_IN9

[5] OECD et al. (2024). SME Policy Index: Latin America and the Caribbean 2024: Towards an Inclusive, Resilient, and Sustainable Recovery. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ba028c1d-en

[6] Zambrano-Monserrate, M. A. (2026). "The economic impact of power outages in developing countries: A quasi-experimental analysis". Energy Economics, 153, 109063. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.109063

[7] Fried, S., y Lagakos, D. (2023). "Electricity and firm productivity: A general-equilibrium approach". American Economic Journal: Macroeconomics, 15(4), 67-103. https://doi.org/10.1257/mac.20210248

[8] Alvarez et al. (2026). On the resilience of payment methods (NBER Working Paper 35115). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w35115