UY Press - Agencia uruguaya de noticias

09.11.2026

En Brasil fue el balotaje el que frenó la posibilidad de que un corrupto que, a los dos días de perder las elecciones, huyó con el rabo entre las piernas a los EE. UU., donde, según anunció el Departamento de Estado, ya había tramitado visa para él y su familia antes de los comicios. Todo un dechado de virtudes del que se priva Brasil.

En Paraguay, una ola de escándalos por una gigantesca estafa bancaria de miles de millones de dólares acorrala al presidente Santiago Peña, del Partido Colorado. El punto de quiebre institucional se desató a raíz de la intervención y el colapso de Ueno Bank, entidad vinculada directamente al entorno del mandatario. La crisis de liquidez y la posterior intervención de dicha entidad afectó a casi tres millones de clientes y destapó la concentración irregular de cientos de millones de dólares en fondos públicos (principalmente del Instituto de Previsión Social - IPS).

El libelo acusatorio imputó a Santiago Peña conflicto de intereses (por su pasada participación accionaria en Ueno Holding), manipulación regulatoria tras la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), direccionamiento indebido de fondos previsionales y presunto enriquecimiento ilícito. El propio Partido Colorado le retiró su respaldo. Ante la inminencia de su caída, Peña presentó su renuncia al cargo; no obstante, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político en sesión extraordinaria con una abrumadora mayoría de 78 votos.

Las probabilidades de que el proceso fracase o se extinga son prácticamente nulas. El movimiento oficialista (Honor Colorado) y las facciones opositoras acordaron soltarle la mano al mandatario. Con la dimisión sobre la mesa, el Congreso debe resolver si la acepta de inmediato o prosigue el juicio político en la Cámara de Senadores (que requiere dos tercios de los votos) para declararlo formalmente culpable. La insistencia de Diputados en aprobar la acusación responde al objetivo de retirarle los fueros ejecutivos e inhabilitarlo políticamente, derivando de inmediato los antecedentes a la Justicia penal ordinaria.

Cuando esta nota sea publicada, seguramente habrá definiciones todavía más claras contra Peña y su entorno. La Presidencia recae en el vicepresidente Pedro Alliana. Dado que la Cámara Baja decidió no avanzar con un juicio político en su contra, Alliana asume con el aval del Partido Colorado para completar el mandato, buscando frenar el descalabro gubernamental. Aunque la transición se canaliza por vías constitucionales, el nuevo gobierno asume debilitado, bajo un fuerte escrutinio popular y con la necesidad de demostrar distancia de las irregularidades financieras denunciadas.

La prioridad inmediata del Estado radicará en evitar que el pánico bancario se extienda al resto del sistema financiero paraguayo, al tiempo que el Ministerio Público avanza con imputaciones directas sobre el expresidente y los directivos de la entidad en quiebra. Paraguay -con mucho dolor- vuelve a encabezar por lejos la columna de los países corroídos por la corrupción en América Latina, disputando incluso los primeros puestos a nivel global. No hay nada de qué asombrarse, pero tampoco de qué alegrarse.

Se trata de la derecha con más años al frente de un país. Desde los tiempos de Alfredo Stroessner en 1954 hasta la fecha, Paraguay solo tuvo presidentes no colorados durante un total de 4 años, 11 meses y 28 días (casi 5 años exactos), concentrados en un único período continuo entre 2008 y 2013 con dos mandatarios: Fernando Lugo (Alianza Patriótica para el Cambio / Frente Guasu, con 3 años, 10 meses y 7 días en el cargo) y Federico Franco (Partido Liberal Radical Auténtico - PLRA, con 1 año, 1 mes y 24 días). Son más de seis décadas de hegemonía del Partido Colorado frente a ese breve paréntesis opositor: un récord casi exclusivo, equiparable en longevidad únicamente a regímenes de partido único como el del Partido Comunista en Cuba.

El mosaico conservador sudamericano, con expresiones en el poder o gravitando desde la oposición en países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, ha sufrido dos derrotas políticas muy significativas. Por un lado, se esfumó la permanencia de Jair Bolsonaro como abanderado de la reacción más cerril en lo político, social e ideológico; por el otro, volvió a desbordarse el río cenagoso del poder paraguayo. A esta cadena de reveses en el Mercosur se suma la turbulencia que atraviesa su principal referente en el norte: Donald Trump, golpeado electoralmente y bajo la persistente sombra del juicio político y el cerco judicial en Washington. La pregunta que muchos nos hacemos es si este no será el inicio de un nuevo ciclo de declive conservador y de reconstrucción moral para el campo popular y progresista. No hay que apresurarse.

La historia reciente demuestra con crudeza que las crisis de legitimidad de las élites conservadoras no se traducen de manera automática en victorias estables ni duraderas para los proyectos transformadores. La caída en desgracia de figuras como Peña o el aislamiento de liderazgos mesiánicos no desmantelan por sí solos los entramados clientelares, el control oligárquico de los medios ni la captura corporativa del aparato estatal, factores que históricamente han sabido reciclarse bajo nuevas banderas o figuras de recambio. Festejar el colapso del adversario sin construir una fuerza social organizada, éticamente intachable y con un programa económico capaz de dar respuestas materiales inmediatas a las mayorías empobrecidas es condenarse a repetir la desilusión. La indignación ciudadana frente al desfalco financiero y el abuso institucional es un terreno fértil, pero solo germinará en conquistas reales si el progresismo supera sus propias contradicciones internas, abandona el mero sentido de testimonio y denuncia defensiva y se propone gobernar con solvencia política realmente de izquierda capacidad técnica, audacia distributiva y una intransigencia radical frente a cualquier atisbo de corrupción en sus propias filas.

El verdadero desafío de esta encrucijada regional no radica únicamente en contar los tropiezos de una derecha acorralada por sus excesos y desvaríos judiciales, sino en demostrar una superioridad moral y estratégica que trascienda la coyuntura del escándalo mediático. 

Si las fuerzas progresistas y de izquierda pretenden liderar un nuevo ciclo histórico, deberán ofrecer mucho más que un diagnóstico lúcido de la decadencia ajena: necesitarán articular pactos de gobernabilidad transparentes, recuperar la soberanía sobre los recursos públicos estratégicos y garantizar que la justicia no sea un espectáculo selectivo de venganzas palaciegas, sino una garantía universal contra la impunidad de las élites. 

Las aguas turbulentas del río paraguayo y las sacudidas en los tableros regionales advierten que el statu quo tambalea, pero también recuerdan que los vacíos de poder nunca quedan desiertos. La tarea por delante exige lucidez, templanza y una férrea vocación de poder ético, pues la historia nunca regala sus victorias a quienes solo se limitan a presenciar el naufragio de sus rivales.