UY Press - Agencia uruguaya de noticias

27.10.2026

Las estadísticas oficiales de la criminalidad marcan la agenda ni bien se conocen y son un caldo de cultivo en el que navegan cómodamente quienes hacen de los números una fuente inagotable de argumentos. Ya sea que den bien al gobierno de turno como que den mal, siempre hay ingenio para ver el lado más oscuro de las cifras.

Es que si dan bien sale a la luz la cifra negra de no denuncia, como si con ello bastara para deslegitimar un recurso útil para el diagnóstico. Porque aún con ese margen de desconocimiento de la realidad, la base que genera el trabajo estadístico siempre es un insumo válido para delinear una política pública tan árida como la seguridad. Lo concreto es que en el tema de los homicidios ese argumento de la cifra negra se reduce a la mínima expresión porque es precisamente el delito testigo por excelencia que determina el grado de seguridad o inseguridad de un país. En suma, los uruguayos venimos asistiendo desde hace mucho tiempo a un espiral de violencia extrema que se lleva la vida cada vez más joven de nuestros habitantes.

Cuando los muertos hablan

Los números de los homicidios son un mensaje inequívoco del nivel de violencia que viene experimentando la sociedad uruguaya. Recuerdo claramente la advertencia que hiciera en su momento el fallecido Julio Guarteche sobre "los heridos de bala de la cintura para abajo", (una modalidad de ajuste de cuenta significativamente presente en los eventos policiales), que complementaba diciendo: "basta que ajusten la mira y tendremos un aumento de los homicidios". Algo que hoy es una triste realidad.

Insertos en el continente más violento del planeta, la isla que algún día supimos ser ya no existe y junto a una tasa elevada de homicidios cada 100 mil habitantes, registramos el récord absoluto de prisionización de la región sin que ello mitigue los efectos de la ignominiosa tasa de mortalidad violenta.

Bastó que llegara la alternancia en el gobierno de los uruguayos para que los mismos argumentos sirvieran de insumo a los desmemoriados gobernantes multicolores que impunemente repetían lo que antes criticaban. "Se la están dando entre ellos", decía el extinto Jorge Larrañaga, omitiendo reconocer que lanzaba una explicación que había criticado en su momento sobre los ajustes de cuenta que advertía Bonomi. No obstante ello, Uruguay tuvo un elemento que bajó las cifras de muertes violentas pero que se cobró la vida de miles de uruguayos: el covid-19, pero ni bien cesó la emergencia sanitaria la criminalidad retomó su ritmo al punto de convertir al quinquenio multicolor en el más violento desde que se llevan registros. En poco más de tres años (descontado el año y pico de pandemia) la cifra de homicidios superó todos los registros anteriores.

A estar por sus exposiciones desde la oposición, pareciera que no les alcanzó un período de gobierno para sentir en carne propia que la cuestión de la violencia asociada a la inseguridad no era un problema de voluntad solamente, y mucho menos para reconocer que interrumpieron una política de Estado que se había instalado -por la vía de los hechos- desde la gestión del Inspector Rivero (gobierno colorado de Jorge Batlle) y continuado durante los 15 años de administración frenteamplista. Llegado su turno, pusieron a lo peor de la policía al frente, al punto de sufrir la destitución de la cúpula policial y política tras escandalosos episodios (Astesiano, Marset).

El punto es que todos tienen su cuota de responsabilidad en este estado de situación que vive el país. Ni la enorme restructura que impuso la administración Bonomi, ni los esfuerzos multicolores (que sería injusto no reconocerle alguno), lograron detener esta ola homicida que nos inunda hoy. Tampoco la pandemia fue capaz de impedirlo ya que la violencia más extrema regresó con más fuerza una vez superada la misma, para dejar su peor marca. Esa que se potencia hoy con cifras que escandalizan a todos.

Los muertos nos están hablando y es imperioso escucharlos porque son cada vez más jóvenes, tienen al narcotráfico como su principal responsable y se concentran en la zona metropolitana. Indicadores que muestran un rango etario donde el principal motivo (las drogas) encuentran un terreno fértil para coptar adeptos en la zona de mayor influencia, la metropolitana, principalmente Montevideo y Canelones, donde el mercado hace su parte entre oferta y demanda. Un mercado que se disputan bandas o clanes familiares que pretenden quedarse con la mejor parte del negocio sin importar que el precio que tengan que cobrar o pagar sea una vida, incluida la propia.

Mapeando las balas

Con ese panorama y con los datos a la vista, la situación está presentada de tal forma que no admite la menor demora para detener su progresión. De lo contrario, nos convertiremos en el peor de la clase siendo un país demográficamente chico y un perfecto laboratorio para el ensayo de políticas públicas aplicables, según afirman organismos internacionales. 

El mapa está claro y los datos permiten delimitar claramente el problema en la zona metropolitana, y es precisamente en esta donde se deberían priorizar los recursos, esos que se definen muchas veces con criterios territoriales (capital o interior), sin reparar que no todos los lugares tienen las mismas necesidades.

La zona metropolitana es hoy  la que concentra la mayor cantidad de eventos y por lógica consecuencia la que más necesita. Mientras los promotores del método Bukele piden la intervención cuasi militar de algunos barrios, la jefatura capitalina asistió a una sangría de recursos humanos y logísticos en la pasada administracion que es necesario recomponer Tampoco ayuda la crítica constante ni los pedidos de renuncia cuando lo urgente es atender la emergencia sin parafernalia política, sino con responsabilidad republicana. Mucho menos cuando la crítica viene de quienes no dieron su voto para contar con los recursos que se necesitan para mejorar la seguridad que tanto reclaman.

A pesar de la tranca opositora la perspectiva es alentadora en lo que a recursos se refiere con la inminente adquisición de unidades blindadas para patrullaje al tiempo de una renovación de flota en la que la zona metropolitana tiene su cuota asegurada. También los recursos humanos previstos abren una buena expectativa con el ingreso de unos tres mil policías (1500 policías ejecutivos nuevos y otros 1500 en formación), y el anuncio de un llamado para 1000 policías en Montevideo, lo que conformaría un caudal de recursos que mejorarán sensiblemente el servicio ordinario de la Jefatura de Montevideo.

De todos modos nada de esto asegura el éxito si no se logra combinar con una coordinación efectiva con otros organismos del Estado de manera que se recupere esa porción de ciudadanía perdida por la acción criminal. La policía por sí sola no podrá devolver la tranquilidad a los barrios si estos siguen a oscuras o con servicios deprimidos o ausentes. Tampoco si esos mismos servicios no se prestan por causa de la inseguridad en los territorios. Hay que romper ese circulo vicioso que apela a justificarse en base a la actuación u omisión del otro y termina perjudicando a los vecinos. Es necesario más y mejor Estado en todos los rincones del país, y en la zona metropolitana mucho más en razón de los guarismos que registra y que es imperioso mejorar.

Las balas pican cada vez más cerca de quienes nada tienen que ver con esas guerras narco, balas que viajan impunemente por las calles de Montevideo y que pueden tocarle a cualquiera.

Es hora de poner los recursos y el mayor despliegue posible para que los barrios vuelvan a ser de los vecinos. 

Todavía estamos a tiempo...

el hombre miraba un mapa,
el perro marcaba su territorio...