UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - Un informe de la CTA describe los artículos que modifican el sistema financiero, entre ellos el acceso a datos públicos para evaluar créditos, las finanzas abiertas y el financiamiento colectivo.

El jueves 18 de junio el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Entre sus disposiciones hay un conjunto de artículos que modifican el funcionamiento del sistema financiero uruguayo.

El informe de la Comisión Técnica Asesora (CTA) describe los principales puntos de cada artículo y, en una segunda parte, reúne comentarios sobre su alcance y sus posibles efectos.

Interoperabilidad para evaluar el riesgo crediticio

El informe de la CTA destaca que el artículo 19 habilita a las entidades financieras supervisadas por el BCU que otorgan créditos, y a las instituciones que les prestan servicios de evaluación de riesgo o prevención de fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a interoperar con la Plataforma de Interoperabilidad que administra AGESIC.

Esas entidades podrán acceder a la información que los organismos públicos, estatales o no estatales, pongan a disposición en la plataforma. Esto permitirá sumar a la evaluación crediticia el historial de pago de servicios públicos y de otras obligaciones con el Estado, tanto los cumplimientos como los atrasos.

El uso de esa información queda restringido a la evaluación del riesgo crediticio y a la prevención del fraude, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Finanzas Abiertas

Los artículos 184 a 204 crean el Sistema de Finanzas Abiertas. El objetivo declarado es dar a los usuarios el control sobre sus datos financieros y habilitarlos a autorizar su intercambio entre instituciones y proveedores registrados ante el BCU, con la meta de reducir asimetrías de información, facilitar la comparación de productos y ampliar el acceso al crédito.

En el esquema intervienen los usuarios, que consienten compartir su información; los proveedores de acceso a la información, que ponen los datos a disposición y responden por su tratamiento; los terceros proveedores de servicios, habilitados a desarrollar nuevos productos; y el BCU, a cargo de la regulación, la supervisión y los estándares técnicos y de seguridad. El tratamiento y la comunicación de datos personales requerirá en todos los casos el consentimiento previo, expreso e informado del titular.

Financiamiento colectivo

Los artículos 205 a 209 modifican el régimen de las plataformas de financiamiento colectivo, mercados donde una empresa emite valores por montos reducidos y los inversores los compran de forma directa.

Ya estaban previstas por una ley de 2009, pero reservadas a las empresas cuyas ventas anuales no superaran un tope máximo. El artículo 205 propuesto elimina ese tope y habilita a emisores "de cualquier tamaño, antigüedad y estructura financiera", incluso a los que ya tienen emisiones vigentes en otros mercados regulados.

El proyecto suma además beneficios tributarios para las empresas que emitan bajo este régimen, y tasas rebajadas para los inversores en determinadas modalidades.

Otros cambios

El informe de la CTA menciona otros dos cambios que el proyecto introduce en el sistema financiero.

Los artículos 160 a 163 facultan al BCU a habilitar espacios controlados de prueba, conocidos como sandbox, donde se ensayan modalidades innovadoras de servicios financieros o de pagos. El regulador fija plazos, límites y medidas de seguridad, monitorea cada experiencia y al cierre decide si incorpora la innovación al marco regulatorio, si le aplica la regulación vigente o si la desautoriza.

El artículo 164, en tanto, crea una nueva categoría en el marco legal uruguayo: los Fondos de Inversión Cerrados Promovidos, que acceden a beneficios si cumplen determinadas condiciones. El estatus se obtiene a cambio de volcar el dinero a la economía uruguaya y a largo plazo. Solo pueden invertir en activos radicados en el país, en préstamos y títulos de deuda a tres años o más y en participaciones en empresas residentes.

Los comentarios del informe

En su segunda parte, el informe de la CTA reúne observaciones técnicas sobre varios de estos artículos. Se detiene en el uso de los datos, en el consentimiento de los usuarios y la seguridad del sistema, en la situación de la banca pública, en las exoneraciones tributarias del financiamiento colectivo y en los efectos sobre el empleo y la Caja Bancaria. 

Sobre la Plataforma de Interoperabilidad, el informe señala que los sistemas tradicionales de evaluación de riesgo dependen casi exclusivamente de información negativa y financiera, y que incorporar información positiva y no financiera ayuda a cerrar brechas de bancarización. Según el documento, ese enfoque "despenaliza la falta de bancarización previa" y visibiliza el esfuerzo cotidiano de los ciudadanos.

El informe agrega que en Uruguay el historial crediticio y conductual está centralizado en un actor privado, Equifax, y sostiene que el desarrollo de una plataforma estatal propia sería "crucial para el ámbito público" para diagnosticar y monitorear políticas frente a problemas como el sobreendeudamiento de los hogares.

Al mismo tiempo advierte que, pese a las reglas de protección de datos, el uso exclusivo previsto "parece difícil de controlar", y que existe el riesgo de que información de instituciones públicas termine aplicada a otros fines, como campañas de marketing o ventajas competitivas para empresas con mayor capacidad de procesamiento.

Consentimiento, ciberdelitos y responsabilidades

Sobre Finanzas Abiertas, el informe recomienda prestar especial atención a la forma en que se comunica la información y a los contextos en que se solicita el consentimiento, dado el bajo nivel de educación financiera y la asimetría de información propias del sector. Advierte el riesgo de que muchos usuarios acepten sin comprender qué datos comparten.

El documento subraya la escasa mención de medidas mínimas de seguridad para las empresas que operan en el sistema, en un contexto donde los ciberdelitos crecen en frecuencia y sofisticación, un tema que AEBU ya había señalado en el documento entregado a los presidenciables en 2024.

También menciona la creciente tercerización de servicios por parte de las instituciones financieras tradicionales. Muchos de esos proveedores procesan y almacenan información sensible sin estar sujetos a regulación o supervisión directa del BCU y, en varios casos, operan fuera del territorio nacional.

De ahí la pregunta que formula el informe: si una filtración de datos deriva en un fraude o una ciberestafa, quién asume la responsabilidad, la institución que proporcionó la información, la que la recibió, el proveedor tecnológico que intervino en el procesamiento o el propio usuario.

La posición de la banca pública

El informe advierte que el esquema podría favorecer a las instituciones con mayor capacidad de inversión en tecnología, análisis de datos e innovación. En un contexto de restricciones presupuestales para las empresas públicas, señala, la brecha tecnológica entre la banca pública y la privada podría profundizarse, con pérdida de competitividad y de participación de mercado para los bancos públicos, en particular para el BROU.

El documento retoma un planteo que AEBU llevó a los presidenciables en 2024 sobre la escasa coordinación operativa y estratégica entre las entidades bancarias públicas, y la propuesta de crear un holding de la banca pública.

Según el informe, la banca abierta "no es neutral" y reconfigura las reglas de juego del sector. Plantea el riesgo de que la banca pública asuma los costos fijos de bancarización e inclusión financiera en zonas y segmentos no rentables, mientras la banca privada aprovecha esa información ya procesada para captar a los clientes de mayor margen.

A modo de ejemplo, el informe plantea que un cliente atendido por una sucursal del BROU en el interior depende de la infraestructura pública para consolidar su historial operativo, y que con la interoperabilidad los competidores privados podrían evaluarlo a costo cero. El documento advierte además sobre ofertas de préstamos inmobiliarios preaprobados que erosionen la misión del BHU.

Financiamiento colectivo y exoneraciones

El análisis advierte sobre un riesgo potencial asociado a la flexibilización de las empresas habilitadas a emitir, en el equilibrio entre innovación y prudencia regulatoria, y recomienda cuidado especial en el contexto actual.

Sobre las exoneraciones tributarias, el informe de la CTA observa que se presentan como una modificación estructural y no como un régimen de promoción transitorio. Su diseño actual, señala, corre el riesgo de perpetuarse aun cuando el sector esté consolidado, con una pérdida de recaudación sostenida en el tiempo.

Capacidades del BCU, empleo y Caja Bancaria

El conjunto de modificaciones exige al BCU nuevas competencias, controles, reglamentaciones y tareas de seguimiento. El informe de la CTA señala que la institución pretende absorber esa demanda con la misma dotación de personal, lo que genera sobrecarga laboral, compromete la fiscalización de la normativa vigente y deriva en un riesgo reputacional para el regulador.

En materia de empleo, el informe advierte sobre la entrada de nuevos actores como las fintech, que operan bajo normativas laborales más flexibles que las del sector financiero tradicional, y sobre procesos de "uberización" del trabajo en el sector, como los que ya se registran en Brasil. Eso genera además competencia desigual con las empresas que cumplen costos laborales regulados y convenios colectivos.

Por último, el documento plantea el impacto sobre la sostenibilidad de la Caja Bancaria y considera indispensable debatir la ampliación de su base contributiva. Si las fintech y las plataformas tecnológicas capturan mercado a partir de los datos y la infraestructura del sistema financiero, sostiene, deben estar sujetas a las mismas obligaciones contributivas.

Imagen:  Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS