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30.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ingresó en una etapa decisiva. Luego de cinco meses de trabajo y 16 sesiones, la Comisión de Expertos presentó su informe final con diagnóstico y recomendaciones para enfrentar la crisis financiera de la institución paraestatal.

El documento fue publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas y quedó ahora en la órbita del Poder Ejecutivo, que deberá resolver qué contenidos transformará en proyecto de ley para enviar al Parlamento.

La comisión había sido creada por la Ley N.º 20.410, aprobada en 2025, como parte del proceso de salvataje financiero de la Caja Profesional. Su mandato era analizar la situación económica, institucional y actuarial del organismo, evaluar alternativas y formular recomendaciones para mejorar la sostenibilidad del régimen previsional.

El informe central tiene 51 páginas. Con los anexos incorporados, que incluyen propuestas propias de la CJPPU y documentos complementarios, el material llega a 149 páginas. Esa estructura refleja el resultado político del proceso: hubo acuerdo en buena parte del diagnóstico, pero no en todas las soluciones.

Los representantes del Poder Ejecutivo y los de la Caja coincidieron en que la institución atraviesa una crisis estructural. El problema no se reduce a un desequilibrio coyuntural de caja, sino a una combinación de factores acumulados durante años: resultados operativos negativos, caída relativa de ingresos, envejecimiento del colectivo, cambios en el mercado laboral profesional, menor peso de los timbres profesionales y un desbalance entre aportes y prestaciones.

La situación ya había obligado al Estado a intervenir. En 2025, la Caja Profesional necesitó una ley de salvataje para poder cumplir con sus obligaciones de pago de pasividades. Esa norma incluyó aumentos de aportes de activos y pasivos, transferencias directas del Estado, nuevas escalas de sueldos fictos y cambios en el régimen de categorías.

Sin embargo, ese rescate fue concebido como una respuesta de corto plazo. La discusión de fondo seguía pendiente: cómo rediseñar el sistema para evitar que la Caja vuelva a enfrentar déficits crecientes y nuevas necesidades de asistencia estatal.

El último resultado del ejercicio 2025 confirmó la gravedad del cuadro. Según el documento sintetizado por medios especializados, la CJPPU cerró el año con un déficit de $ 1.247 millones, equivalentes a unos US$ 31,9 millones. Ese dato refuerza la urgencia de una solución estructural.

Entre las recomendaciones compartidas aparece la incorporación de nuevas profesiones al ámbito de aportación de la Caja, siempre para quienes ejerzan libremente la profesión y facturen como independientes. La comisión entiende que esa medida puede mejorar la equidad horizontal y evitar diferencias de tratamiento entre actividades profesionales análogas.

Otro punto acordado es fortalecer la fiscalización. Para eso, se plantea modificar el artículo 13 de la Ley N.º 20.410, con el objetivo de permitir que la Caja cruce información con organismos recaudadores del Estado, como el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. La finalidad es detectar profesionales que deberían aportar a la CJPPU pero se registran o declaran actividad por otros canales.

También se recomienda flexibilizar la carrera de categorías. Actualmente, los profesionales deben permanecer al menos tres años en una categoría de aportación antes de cambiar. La propuesta apunta a permitir movimientos luego de un año, facilitando ascensos o descensos según la situación económica del afiliado.

Ese cambio podría aliviar a profesionales con ingresos variables o bajos, especialmente en etapas iniciales de la actividad o en momentos de caída de facturación. La comisión también propone avanzar en una experiencia gradual de aportación sobre ingresos reales para determinados casos, en lugar de basarse exclusivamente en sueldos fictos.

El informe plantea además mejorar la recaudación por timbres profesionales mediante la aceleración del timbre digital y otros mecanismos que aseguren el cobro cuando corresponde. Ese punto es relevante porque la caída relativa de los ingresos por timbres aparece como una de las causas del deterioro financiero de la institución.

Pero no todas las propuestas tuvieron acuerdo. Quedaron fuera de las recomendaciones compartidas planteos impulsados por la Caja, como la incorporación obligatoria de profesionales dependientes, la asignación del IASS pagado por pasivos profesionales al financiamiento de la CJPPU o incrementos adicionales en el valor de los timbres profesionales.

Esas diferencias explican por qué el informe llega al Poder Ejecutivo con diagnóstico común, pero con soluciones parciales y anexos que reflejan posiciones separadas. La Caja busca ampliar fuentes de financiamiento y defender su autonomía. El gobierno, en cambio, intenta evitar una solución que cargue nuevamente el costo sobre contribuyentes, activos, pasivos o cuentas públicas sin corregir el funcionamiento del sistema.

El presidente Yamandú Orsi ya había advertido que no se puede “cargar más” a la gente para resolver la crisis de la Caja Profesional. Esa definición política marcará el margen de la reforma. El Ejecutivo deberá equilibrar sostenibilidad, equidad, impacto sobre los afiliados, costo fiscal y viabilidad parlamentaria.

El debate promete ser complejo. La CJPPU administra jubilaciones y pensiones de miles de profesionales universitarios, pero su situación no afecta solo a sus afiliados. También compromete al Estado, al sistema previsional en su conjunto y a la discusión sobre cómo financiar regímenes paraestatales con bases de aportación cada vez más tensionadas.

La reforma deberá responder varias preguntas difíciles: quiénes deben aportar, cuánto deben aportar, cómo se calculan las prestaciones, qué lugar tendrán los ingresos reales frente a los sueldos fictos, qué peso conservarán los timbres profesionales y qué respaldo estatal será aceptable en una institución que no pertenece plenamente al BPS pero tampoco puede quedar sin asistencia pública.

El informe de la Comisión de Expertos no resuelve esas preguntas. Las ordena, las documenta y deja planteadas alternativas. La decisión política comienza ahora.

Para el gobierno, el desafío será transformar un diagnóstico técnico en un proyecto de ley capaz de reunir mayorías. Para la Caja, será defender una salida que preserve su viabilidad sin perder legitimidad ante activos, pasivos y la sociedad. Para el Parlamento, será definir hasta dónde está dispuesto a reformar un régimen que ya demostró que no puede sostenerse con las reglas actuales.

La crisis de la Caja Profesional llegó a un punto en que postergar la discusión ya no parece posible. El informe final cerró la etapa técnica. La reforma, ahora, entra en el terreno político.