UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Aunque Estados Unidos elevó de 10% a 12,5% el arancel adicional aplicado a determinados productos uruguayos, el 77,5% del valor exportado por el país hacia ese mercado durante 2025 quedó exceptuado de la medida, según informó el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga.

El nuevo gravamen comenzó a regir este viernes, después de que finalizara el recargo general y transitorio de 10% aplicado por Estados Unidos desde febrero. Para los productos uruguayos comprendidos en el nuevo régimen, el cambio representa un incremento neto de 2,5 puntos porcentuales.

El arancel fue dispuesto por la administración de Donald Trump mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que Uruguay no cuenta con una prohibición específica contra la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

La observación no significa que Washington haya acusado a Uruguay de utilizar trabajo forzoso en su producción nacional. El cuestionamiento se dirige al régimen de importaciones uruguayo y a la ausencia de una norma que impida expresamente el ingreso de mercaderías fabricadas bajo esas condiciones en terceros países.

Labraga explicó que las exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos alcanzaron unos US$1.500 millones durante 2025 y que el 77,5% de ese valor no quedó comprendido en las nuevas medidas. Por tanto, el impacto directo se concentra en aproximadamente una quinta parte de las ventas realizadas hacia ese destino.

Dos de los principales productos de la relación comercial bilateral, la carne bovina y la celulosa, fueron incluidos entre las excepciones y no deberán pagar el nuevo recargo. La lista estadounidense contempla exoneraciones para materias primas cuya afectación podría generar problemas de abastecimiento, disrupciones económicas o aumentos de costos dentro de Estados Unidos.

Entre los sectores uruguayos más expuestos aparecen los productos de madera destinados a la construcción, especialmente marcos de puertas y ventanas. Según Labraga, estas colocaciones representaron aproximadamente US$40 millones durante 2025.

También resultarán alcanzados algunos dispositivos e implantes médicos. Una empresa instalada en Uruguay exporta hacia Estados Unidos cerca de US$30 millones anuales en este tipo de productos, de acuerdo con la información proporcionada por el jerarca del MEF.

Estados Unidos estableció un arancel de 10% para las economías que ya cuentan con restricciones contra las importaciones producidas mediante trabajo forzoso o que asumieron el compromiso de incorporarlas a través de acuerdos comerciales. En ese grupo quedaron Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Uruguay integra el nivel de 12,5% junto con Costa Rica, Panamá, República Dominicana y otras economías que, según la evaluación estadounidense, no establecieron una prohibición explícita ni asumieron formalmente el compromiso de hacerlo.

La clasificación abre una eventual vía de negociación. La adopción de una norma específica o un compromiso bilateral podría permitir que Uruguay solicite posteriormente una revisión de su categoría, aunque una rebaja no sería automática y dependería de una nueva decisión del gobierno estadounidense.

La Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de modificar o terminar los aranceles aplicados a cada economía si se producen cambios considerados suficientes. Durante el proceso, países como India, Guatemala, Honduras y Sri Lanka adoptaron nuevas prohibiciones y fueron trasladados al grupo gravado con 10%.

Estados Unidos fue el cuarto destino de las exportaciones uruguayas durante 2025, con una participación cercana al 12% del total. La importancia de ese mercado es particularmente significativa para la carne bovina, la celulosa, la madera y algunos productos industriales y tecnológicos.

Como informó UyPress, la propuesta del 12,5% fue adelantada a comienzos de junio y quedó confirmada el 23 de julio, luego de las consultas públicas y audiencias realizadas por la autoridad comercial estadounidense. El dato nuevo es que las excepciones reducen considerablemente el impacto global sobre Uruguay, aunque dejan expuestas a actividades con mayor elaboración industrial y menor capacidad para absorber un aumento de costos.

El desafío para el Gobierno será atender a los sectores efectivamente afectados y, al mismo tiempo, evaluar si corresponde modificar la normativa uruguaya sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso. Una decisión de ese tipo no solamente podría mejorar la posición frente a Estados Unidos, sino también anticiparse a exigencias de trazabilidad laboral que comienzan a extenderse en otros mercados internacionales.