UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.12.2025

CARACAS (Uypress/Fabricio Verde*) - El declive del petróleo de esquisto: el verdadero motivo económico detrás de la agresión contra Venezuela. El miércoles 10 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump anunció públicamente la incautación de un petrolero en aguas adyacentes a Venezuela.

El presidente declaró sin rubor: "Bueno, supongo que nos lo quedamos". Con estas palabras, pronunciadas casi en broma ante la prensa, Washington lanzó una operación que Caracas calificó inmediatamente de "robo flagrante" y "un acto de piratería internacional".

Este incidente no solo viola los fundamentos del derecho marítimo internacional, sino que también expone con excepcional claridad las verdaderas intenciones estratégicas y económicas que han alimentado la agresión estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela durante años.

El comunicado oficial del gobierno venezolano, emitido por el canciller Yván Gil, enfatiza que no se trata de una acción aislada. Ya durante la campaña electoral de 2024, Trump había declarado abiertamente que su objetivo era "apoderarse del petróleo venezolano sin pagar ninguna compensación". Esta admisión, sumada al robo presentado como secuestro, no deja lugar a dudas: la llamada "política de presión" contra Caracas nunca estuvo motivada por razones humanitarias, democráticas o de seguridad, sino por un plan deliberado para saquear los recursos energéticos del país sudamericano, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin mencionar otros recursos como el oro, los minerales y el agua dulce, de los que Venezuela es rica.

El operativo, llevado a cabo por unidades del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Guardia Costera y el Departamento de Defensa, fue grabado en video, difundido por la propia Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi. Las imágenes muestran un helicóptero militar estadounidense sobrevolando la embarcación, del cual descienden agentes armados y suben a bordo. No hubo autorización internacional, ni orden judicial emitida por un tribunal neutral, ni pruebas presentadas públicamente: simplemente, una fuerza armada confiscando arbitrariamente bienes que, como Caracas enfatiza, pertenecen al pueblo venezolano.

Washington justificó la acción como un "procedimiento ejecutivo contra un buque apátrida", argumentando que el petróleo que transportaba estaría sujeto a sanciones. Sin embargo, este razonamiento parece endeble, por no decir engañoso. En primer lugar, el concepto de "buque apátrida" se utiliza a menudo de forma indebida para eludir las normas sobre soberanía y protección de los bienes estatales.

En segundo lugar, el gobierno venezolano señala que el propio Estado estadounidense, a través de la empresa Chevron, continúa operando legalmente en Venezuela y comprando petróleo venezolano gracias a licencias especiales otorgadas por el Tesoro estadounidense. Como observa el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov: "Chevron opera en Venezuela y compra petróleo venezolano. Entonces, ¿qué volúmenes 'ilegales' de crudo había en ese buque? Esta es una cuestión que debe aclararse".

La reacción internacional fue clara y matizada. Irán condenó la "acción ilegal e injustificada" de Estados Unidos, calificándola de "grave violación del derecho internacional" y un intento de "promover la anarquía". Cuba, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció un "cobarde acto de piratería", una clara violación de la libertad de navegación y el libre comercio.

 Rusia, por su parte, adoptó un tono más diplomático, pero igualmente firme: Lavrov exigió transparencia sobre la base legal de la operación y reiteró que cuestiones como la seguridad marítima deben abordarse colectivamente, no mediante "acciones unilaterales que imponen hechos consumados". Ese mismo día, el presidente Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que expresó su solidaridad con Caracas y reafirmó su compromiso con el desarrollo de la cooperación estratégica en los sectores energético, financiero y comercial.

En América Latina, la condena a las acciones hostiles de Estados Unidos también es significativa. Aunque expresada con cautela, gobiernos como los de Colombia, México y Brasil han expresado su preocupación por la escalada militar estadounidense y reiterado la importancia del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Al mismo tiempo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha criticado las recientes operaciones navales estadounidenses, calificándolas de "ejecuciones sumarias" que violan el derecho internacional humanitario.

Lo que hace aún más preocupante la situación es que, según agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA), la ruta venezolana representa menos del 20% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y más del 80% ingresa por el Pacífico. Los bombardeos de Washington a supuestos "narcobuques" -que han causado la muerte de más de ochenta personas- parecen, por lo tanto, encubrir operaciones de naturaleza muy distinta. Desde esta perspectiva, el robo del petrolero venezolano puede considerarse paradigmático. 

Desde agosto, Estados Unidos ha mantenido un despliegue militar masivo frente a las costas venezolanas: destructores, un submarino nuclear, aviones de combate y fuerzas especiales, movilizados oficialmente como parte de la "Operación Lanza del Sur", anunciada como una operación antidrogas. Pero Caracas no cree en esta narrativa.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha advertido repetidamente: "El imperialismo quiere dominar y apoderarse de este continente". También ha lanzado una advertencia a toda la región: "¡Alerta, Venezuela! ¡Alerta, Latinoamérica!". Según el gobierno bolivariano, el verdadero objetivo es un cambio de régimen que busca la apropiación de recursos estratégicos: petróleo, gas, oro e incluso agua.

Pero entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué Estados Unidos parece dispuesto a poner en peligro su credibilidad internacional por un enorme cargamento de petróleo?

La respuesta reside en los datos económicos más recientes sobre el futuro de la industria estadounidense del petróleo y el gas. Según un informe de Enverus Intelligence Research publicado en diciembre de 2025, el coste marginal del petróleo de esquisto en Estados Unidos -la piedra angular de la independencia energética estadounidense- aumentará drásticamente.

 Pasaría de los 70 dólares actuales por barril a 95 dólares para mediados de la década de 2030. Este aumento se debe al agotamiento progresivo de los yacimientos más ricos y accesibles (el llamado «inventario básico») y al consiguiente desplazamiento hacia zonas de explotación más especulativas y costosas.

Alex Ljubojevic, director de Enverus, afirmó: «La hegemonía de Norteamérica para satisfacer el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se está desvaneciendo. En los próximos diez años, su contribución caerá por debajo del 50 %, a diferencia de la década anterior, cuando satisfizo más del 100 % de la demanda adicional».

En otras palabras, el «milagro del petróleo de esquisto» se está agotando. Sin embargo, la demanda mundial de energía sigue creciendo. En este contexto estratégico, Venezuela, con sus reservas de petróleo estimadas en más de 300 000 millones de barriles, representa una oportunidad demasiado grande como para ignorarla.

No es casualidad que Trump se jactara del tamaño del petrolero incautado: "Un barco enorme. Muy grande. El más grande jamás visto". Añadió ambiguamente: "Hay otras cosas sucediendo que verán pronto". Estas palabras, combinadas con el anuncio explícito de su intención de retener el cargamento de crudo, revelan una lógica depredadora que ya no necesita esconderse tras la retórica sobre los derechos humanos ni la democracia. Como declaró la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez: "Las máscaras están cayendo. La verdad ha sido revelada. El verdadero objetivo de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela: robarlo y apropiárselo ilegítimamente, sin pagar nada".

Para complicar aún más la situación, está la participación directa de figuras de la oposición venezolana en este juego geopolítico. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reveló que la multinacional ExxonMobil supuestamente financió la logística del viaje de María Corina Machado a Noruega para la entrega del Premio Nobel, cubriendo los gastos de más de doscientas personas, entre ellas familiares, periodistas, influencers y políticos de derecha.

Según Cabello, Machado prometió a la compañía que le reembolsaría con petróleo venezolano, vinculando así su agenda política a intereses ajenos a la soberanía nacional. Este episodio, acertadamente denunciado como un intento de "vender activos nacionales a cambio de apoyo internacional", demuestra cómo el conflicto en Venezuela ya no es meramente interno, sino una batalla global por el control de los recursos energéticos del futuro.

En definitiva, la toma del petrolero no es un simple acto de fuerza: es síntoma de un cambio estructural en las estrategias imperialistas norteamericanas. Ante el declive de su capacidad de producción, que la ha transformado en exportadora de petróleo en lugar de importadora, Washington no duda en recurrir a formas de apropiación directa, eludiendo el derecho internacional y legitimando el uso de la fuerza como herramienta de política comercial.

Este episodio, de no detenerse, podría allanar el camino para un nuevo ciclo de colonialismo energético, donde la soberanía de los pueblos del Sur Global es pisoteada en beneficio de unas pocas multinacionales y una agenda geopolítica unilateral. Venezuela, apoyada por la creciente solidaridad internacional, se encuentra ahora en primera línea defendiendo un principio fundamental: los recursos naturales pertenecen a quienes los poseen, no a quienes operan los buques más poderosos. Y como afirmó Diosdado Cabello: «Ni las bombas, ni los misiles, ni la guerra psicológica pueden vencer la dignidad de un pueblo».

*Fabricio Verde, Director de L'Antidiplomático