UY Press - Agencia uruguaya de noticias

11.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Una perforación está prevista para 2027, mientras la Justicia estudia una demanda contra los contratos petroleros. El Parlamento comienza a discutir cómo administrar un eventual descubrimiento.

Uruguay vuelve a considerar la posibilidad de encontrar petróleo en su plataforma marítima. Después de décadas de exploraciones sin resultados comerciales, una nueva perforación prevista para 2027 y el renovado interés de compañías internacionales colocan al país ante una discusión que ya llegó al Parlamento: qué hacer si finalmente aparecen hidrocarburos y cómo administrar los recursos que podrían generar.

El debate se desarrolla mientras organizaciones ambientalistas mantienen acciones judiciales para intentar detener las actividades y las empresas avanzan en los preparativos técnicos y administrativos.

Según informó El País este domingo, la empresa estadounidense APA Corporation proyecta iniciar una perforación exploratoria a partir de setiembre de 2027, en aguas profundas del Atlántico uruguayo.

Las estimaciones geológicas manejadas para el proyecto sitúan las posibilidades de éxito en torno al 25%. Esto significa que existe una probabilidad significativa de no encontrar hidrocarburos, pero también una perspectiva suficientemente relevante como para justificar el interés empresarial.

En caso de concretarse, sería el cuarto pozo exploratorio perforado en aproximadamente medio siglo de búsqueda petrolera en aguas uruguayas.

El Parlamento empieza a discutir qué hacer con el petróleo

Aunque todavía no se ha confirmado la existencia de reservas comercialmente explotables, el sistema político comenzó a analizar los mecanismos necesarios para administrar los eventuales ingresos de una industria petrolera.

La discusión incluye la posibilidad de establecer reglas para distribuir los recursos entre el gasto público, la inversión productiva y el ahorro de largo plazo. Uno de los desafíos sería evitar que un eventual ingreso extraordinario genere desequilibrios económicos o comprometa las finanzas públicas cuando los precios internacionales del petróleo disminuyan.

También está planteada la necesidad de definir qué participación tendría el Estado en los beneficios de una explotación comercial y qué mecanismos de control y transparencia deberían establecerse. El debate se desarrolla con coincidencias generales entre sectores del oficialismo y la oposición respecto de la conveniencia de anticipar una regulación, aunque todavía deberán discutirse sus características concretas.

Una disputa judicial todavía abierta

La exploración petrolera enfrenta, entretanto, cuestionamientos de organizaciones ambientalistas que advierten sobre los posibles efectos de la prospección sísmica y de futuras perforaciones sobre los ecosistemas marinos.

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y Socobioma promovieron una acción de nulidad contra los contratos de exploración y de adquisición de datos sísmicos. También solicitaron una medida cautelar para impedir nuevas actividades mientras se resuelve el fondo del asunto.

Una primera resolución judicial desestimó la demanda, pero una instancia de apelación revocó esa decisión y el expediente quedó en manos de otra jueza, según informó El País. Desde APA Corporation señalaron al matutino que siguen la evolución de los procedimientos judiciales.

La controversia se suma a los cuestionamientos planteados por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en febrero de 2026 presentó una acción de amparo para detener la prospección sísmica, alegando riesgos para la biodiversidad y posibles perjuicios para la pesca.

Entre la oportunidad económica y el riesgo ambiental

La posibilidad de encontrar petróleo reabre una discusión que Uruguay ya atravesó en 2016, cuando la compañía Total perforó el pozo Raya sin hallar reservas comerciales. El interés actual se vincula, entre otros factores, con descubrimientos realizados frente a las costas de Namibia, en África, cuya historia geológica presenta similitudes con la plataforma marítima sudamericana.

Sin embargo, los especialistas advierten que encontrar indicios de hidrocarburos no equivale a descubrir un yacimiento económicamente explotable. Para ello serían necesarios nuevos estudios, perforaciones y evaluaciones de costos.

A las incertidumbres geológicas se agregan las ambientales y económicas. Un eventual descubrimiento podría modificar las perspectivas de inversión e ingresos del Estado, pero también exigiría decisiones sobre regulación, fiscalización y compatibilidad con la transición energética.

Por ahora, Uruguay enfrenta dos interrogantes simultáneas: si la Justicia permitirá que continúe el proceso exploratorio en las condiciones previstas y si, después de medio siglo de búsqueda, existe realmente petróleo aprovechable bajo sus aguas.

La discusión parlamentaria apunta a que, si ese descubrimiento finalmente se produce, el país cuente con reglas para administrar una riqueza que todavía es solamente una posibilidad.

Foto: gub.uy