Empresarios cuestionan a Oddone: la ley no baja el costo de vida
17.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress) - Las cámaras de Comercio y Mercantil criticaron el proyecto del gobierno y advirtieron que la apertura de las importaciones podría perjudicar a pequeñas empresas. El MEF defiende una mayor competencia.
El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una de las principales iniciativas económicas del gobierno de Yamandú Orsi, enfrenta nuevos cuestionamientos empresariales. La Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara Mercantil de Productos advirtieron ante el Parlamento que la propuesta no aborda los principales factores que encarecen la economía uruguaya y podría generar consecuencias negativas para numerosas empresas.
«Este proyecto se denomina Competitividad y Reducción del Costo de Vida, pero en sus 239 artículos yo no encontré uno solo que ataque directamente a la reducción del costo de vida», afirmó Enrique Lussich, gerente general de la Cámara Mercantil, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de Diputados.
Las críticas se concentran especialmente en el artículo 140, que facilita el ingreso de nuevos importadores de productos que ya cuentan con registros técnicos o sanitarios.
La disputa por las importaciones
Actualmente, determinadas exigencias administrativas dificultan que varias empresas importen un mismo producto. El gobierno propone simplificar esos procedimientos para permitir la participación de nuevos proveedores y estimular la competencia.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, defendió la iniciativa argumentando que una mayor competencia debería contribuir a reducir los precios de productos de consumo. Sin embargo, las gremiales empresariales advierten que el mecanismo puede afectar contratos de representación y distribución exclusiva celebrados con fabricantes internacionales.
Lussich reclamó que la legislación preserve los derechos derivados de acuerdos comerciales vigentes y debidamente acreditados. La Cámara Mercantil propuso incorporar una disposición específica para proteger esos contratos, sin desconocer las normas de defensa de la competencia.
Las pequeñas empresas, entre las más preocupadas
La Cámara de Comercio y Servicios planteó otro problema: las inversiones que realizan las empresas para registrar productos ante los organismos públicos. Su gerente general, Luis Bajac, señaló que numerosas pequeñas y medianas firmas destinan recursos, tiempo y trabajo a obtener autorizaciones comerciales y sanitarias.
La preocupación es que un segundo importador pueda aprovechar esos registros sin asumir costos equivalentes. «Si, después de todo ese esfuerzo, viene un laboratorio grande y, sin tener que incurrir en todos esos esfuerzos, se capitaliza toda esa inversión, tiempo y esos registros, no es justo», sostuvo.
La gremial propuso ampliar de uno a dos años el plazo que debe transcurrir antes de habilitar un importador adicional. También advirtió que, si las condiciones no se modifican, el artículo 140 debería retirarse del proyecto y discutirse por separado.
Advertencias sobre los controles sanitarios
La economista Ana Laura Fernández, representante de la Cámara de Comercio, cuestionó además las consecuencias que podría tener la multiplicación de importadores sobre la trazabilidad de los productos. Señaló que deben garantizarse controles adecuados ante eventuales alertas sanitarias y que todos los operadores deben cumplir las mismas exigencias.
La preocupación involucra al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, las intendencias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Las cámaras advierten que una regulación inadecuada podría desestimular la introducción de nuevas marcas y terminar reduciendo la oferta, en lugar de ampliarla.
Oddone defiende la apertura
El ministro de Economía respondió anteriormente a cuestionamientos similares y manifestó su sorpresa por la resistencia empresarial. «Piden apertura por un lado y cierre por otro», sostuvo Oddone. El jerarca argumentó que permitir nuevos importadores contribuiría a transparentar la formación de precios y reducir costos para los consumidores.
No obstante, reconoció que existen objeciones técnicas legítimas que deben discutirse. Las diferencias reflejan dos preocupaciones: mientras el gobierno busca reducir barreras de entrada y promover la competencia, parte del empresariado reclama preservar las inversiones y las condiciones contractuales existentes.
Los grandes costos que quedaron afuera
La Cámara Mercantil también cuestionó la ausencia de medidas sobre energía y logística, dos factores que inciden directamente en los costos productivos. Su presidente, Nelson Lino, afirmó que la gremial presentó propuestas al Ministerio de Economía, pero que muchas no fueron incorporadas.
La Cámara de Comercio consideró que el proyecto avanza en una dirección adecuada, aunque resulta insuficiente para producir cambios sustanciales. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y continúa su discusión en Diputados.
El debate deja planteada una cuestión central: si la simplificación administrativa alcanzará para reducir los precios o si Uruguay necesita intervenir también sobre los costos estructurales que afectan tanto a las empresas como a los consumidores.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
