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19.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Gobierno proyecta que una serie de inversiones privadas de gran escala permita acelerar el crecimiento de la economía uruguaya durante los próximos años, aunque desde la oposición y el sector empresarial persisten dudas sobre la velocidad con que esos proyectos podrán concretarse

La Rendición de Cuentas estima que el producto interno bruto crecerá 1,6% en 2026, 2,1% en 2027 y 2,4% anual entre 2028 y 2030. Las previsiones fueron corregidas a la baja respecto de las incluidas un año antes en el Presupuesto Nacional.

El Ministerio de Economía sostiene que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación durante el primer trimestre de 2026. El PIB aumentó 0,9% frente al mismo período de 2025 y 0,8% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior.

El ministro Gabriel Oddone afirmó ante el Parlamento que los indicadores adelantados correspondientes al segundo trimestre sugieren una consolidación de esa recuperación. El Gobierno espera que durante la segunda mitad del año aumente la demanda interna y se revierta parcialmente el deterioro de los términos de intercambio provocado por el conflicto en Medio Oriente.

El escenario oficial se apoya especialmente en la recuperación de la inversión. El MEF señala que aproximadamente el 80% de la inversión realizada en Uruguay corresponde al sector privado, por lo que la expansión dependerá en buena medida de que empresas nacionales y extranjeras concreten los proyectos anunciados.

Entre las principales iniciativas aparece la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, cuya inversión total fue estimada en US$ 5.385 millones. El Gobierno prepara un acuerdo después de avanzar en la relocalización del complejo hacia un predio industrial de Ancap.

El proyecto comprende plantas de hidrógeno verde, captura de dióxido de carbono, metanol y combustibles sintéticos, además de parques solares y eólicos e infraestructura de transporte. Su concreción constituiría la mayor inversión privada realizada hasta ahora en el país.

El Ejecutivo también trabaja en la instalación de tres centros de datos que se sumarían al complejo de Google en el Parque de las Ciencias. La obra de Google comenzó en 2024 y su entrada en funcionamiento está prevista para comienzos de 2027.

En el sector forestal y celulósico se analiza la posible construcción de una cuarta planta y una ampliación de la producción de UPM en Fray Bentos. También forman parte del escenario oficial inversiones por unos US$ 400 millones en la Terminal Cuenca del Plata, proyectos privados de riego y nuevas iniciativas de energías renovables.

A esas inversiones se añadirían obras públicas por aproximadamente US$ 2.300 millones anuales. Entre las prioridades se encuentran la reforma del transporte metropolitano, la represa de Casupá, infraestructura vial, seguridad hídrica y una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes.

Oddone informó además que durante 2025 aumentó 12% la cantidad de proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y que su monto fue 50% superior al del año anterior.

El ministro aclaró, no obstante, que la presentación y aprobación de un proyecto no implica necesariamente su ejecución inmediata. Las empresas pueden postergar los desembolsos, modificar los cronogramas o no realizar finalmente la inversión.

Esa diferencia entre anuncios, proyectos aprobados e inversiones efectivamente ejecutadas constituye uno de los principales puntos de incertidumbre del escenario económico.

La oposición considera que las previsiones oficiales vuelven a ser demasiado optimistas y advierte que eventuales demoras en los proyectos reducirían la actividad, la recaudación y los recursos disponibles para cumplir los compromisos presupuestales.

El Consejo Fiscal Autónomo también señaló ante el Parlamento el riesgo de sobreestimar algunas variables utilizadas por el MEF. Sus integrantes recordaron que la economía creció menos de lo proyectado durante 2025 y que esa diferencia obligó a revisar el escenario incorporado posteriormente en la Rendición de Cuentas.

Las expectativas privadas son más moderadas. Tras conocerse las cuentas nacionales del primer trimestre, la mediana de los analistas consultados por el Banco Central situaba el crecimiento de 2026 en torno a 1,3%, frente al 1,6% previsto por el Gobierno.

Dentro del empresariado, uno de los principales focos de atención está puesto en la negociación colectiva de la industria de la construcción.

El convenio firmado en julio de 2023 tuvo una vigencia de 35 meses y finalizó en marzo de 2026. Las cámaras empresariales y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos deben acordar ahora las condiciones salariales y laborales correspondientes al nuevo período.

Fuentes empresariales citadas por El Observador expresaron preocupación por el resultado de esas conversaciones y por los efectos que eventuales aumentos de costos o una mayor conflictividad puedan tener sobre la inversión.

El sector también sigue con atención las paralizaciones registradas recientemente en algunas obras de Maldonado.

El SUNCA sostiene que la movilización busca alcanzar un convenio con mejoras salariales y avances en seguridad, salud mental, formación y derechos sindicales. Como parte de sus reclamos, el sindicato convocó un paro nacional con movilización el 1.º de julio.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, había advertido que la reducción de la actividad se observa con mayor claridad en el volumen de inversión que en el empleo. La tendencia descendente comenzó después de la finalización de las obras de UPM II y del Ferrocarril Central.

La construcción ocupa un lugar central en las previsiones porque concentra alrededor del 70% de la inversión total de la economía. Una negociación prolongada o una escalada de medidas sindicales podría afectar costos, plazos y decisiones empresariales, mientras un acuerdo estable contribuiría a ofrecer mayor previsibilidad para los proyectos anunciados.

El escenario oficial depende, por tanto, de varias condiciones simultáneas: que los megaproyectos obtengan financiamiento y autorizaciones, que las inversiones públicas avancen según sus calendarios y que las negociaciones laborales no deriven en una conflictividad prolongada.

La discusión no se limita a determinar si Uruguay crecerá 1,6% o 2,4%. El punto central es cuánto de ese crecimiento está respaldado por inversiones ya en ejecución y cuánto depende todavía de proyectos que permanecen en distintas etapas de negociación, evaluación o planificación.