UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Un informe del Ministerio de Industria y UTE cuestiona las condiciones negociadas con HIF y advierte sobre inversiones millonarias sin garantías de recuperación.

Las negociaciones entre el gobierno uruguayo y la multinacional HIF para instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú enfrentan un nuevo obstáculo. Un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de UTE advierte que las condiciones actualmente consideradas podrían ocasionar pérdidas de al menos 1.300 millones de dólares para la empresa pública.

Según informó El Observador, las objeciones fueron planteadas durante una reunión celebrada el jueves en Torre Ejecutiva, en la que los representantes de ambos organismos calificaron el borrador de memorándum de entendimiento como "totalmente desfavorable para el país".

El documento señala que las últimas modificaciones no incorporaron las recomendaciones técnicas formuladas anteriormente y que, por el contrario, aumentaron los riesgos económicos para Uruguay.

UTE debería invertir antes de que HIF confirme el proyecto

Uno de los principales cuestionamientos refiere a las inversiones que debería realizar UTE para garantizar el suministro eléctrico. Los técnicos estiman que la empresa estatal tendría que comprometer más de 450 millones de dólares en infraestructura de generación, redes y equipos de estabilización, antes de que HIF adopte su decisión definitiva de inversión.

La multinacional dispondría hasta fines de 2028 para confirmar el proyecto, sin compromisos formales ni penalizaciones si finalmente decide retirarse. Esto significa que Uruguay podría realizar inversiones importantes sin tener asegurado que la planta llegue a construirse.

Además, los organismos advierten que los plazos previstos son difíciles de cumplir. Aunque HIF proyecta comenzar a operar a fines de 2031, la infraestructura eléctrica necesaria podría no estar disponible hasta 2033.

El precio de la energía, centro de la controversia

Otro punto crítico es el precio que pagaría HIF por la electricidad suministrada por UTE. El borrador contempla una tarifa de 45 dólares por megavatio hora, con los costos de peaje incluidos. Según los técnicos, ese valor no cubre los costos de la empresa pública y provocaría pérdidas anuales estimadas en 90 millones de dólares.

A lo largo del contrato, el perjuicio acumulado alcanzaría como mínimo 1.300 millones de dólares. La diferencia resulta significativa frente a otros acuerdos de suministro energético. Para proyectos como Google y Solaria se establecieron tarifas de aproximadamente 86 dólares por megavatio hora.

Los técnicos también cuestionan que HIF no esté obligada a pagar por una cantidad mínima de energía si su demanda resulta inferior a la prevista. En esas condiciones, UTE asumiría el riesgo de preparar infraestructura para un consumo que podría no concretarse.

El proyecto también podría bloquear otras inversiones

El informe identifica una consecuencia adicional: la reserva de potencia eléctrica para HIF hasta fines de 2028 podría impedir que Uruguay avance con otros proyectos industriales. Entre las inversiones potencialmente afectadas se encuentran nuevos centros de datos y emprendimientos vinculados al hidrógeno.

Según los organismos, algunos de esos proyectos tendrían que postergarse porque no podrían comenzar a operar antes de 2032. La advertencia introduce un elemento importante en la discusión: el costo de oportunidad de destinar infraestructura y capacidad energética a una inversión cuya concreción todavía no está asegurada.

Orsi mantiene su apuesta por la inversión

Pese a las objeciones, el presidente Yamandú Orsi mantiene su intención de alcanzar un acuerdo con HIF. El gobierno considera que el proyecto puede representar una inversión estratégica para el desarrollo de combustibles sintéticos y la incorporación de nuevas actividades industriales.

La empresa, por su parte, manifestó su disposición a reformular algunos aspectos de la iniciativa para superar las dificultades relacionadas con el suministro energético.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció anteriormente las dificultades de establecer precios de electricidad muy inferiores a los ofrecidos a otros grandes inversores.

Las negociaciones continúan y todavía no existe una versión definitiva del acuerdo.

El desafío de proteger los recursos públicos

El informe del MIEM y UTE coloca sobre la mesa una discusión que trasciende el proyecto de Paysandú: bajo qué condiciones debe el Estado comprometer recursos públicos para atraer inversiones privadas. La magnitud de los desembolsos previstos, las eventuales pérdidas y la ausencia de garantías suficientes plantean interrogantes sobre la distribución de riesgos entre la empresa y el país.

El gobierno deberá resolver si las condiciones económicas y contractuales pueden modificarse para hacer viable la inversión sin trasladar a UTE costos que sus propios técnicos consideran difíciles de recuperar.