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14.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Mientras HIF negocia tarifas eléctricas especiales para instalarse en Paysandú, la citricultura enfrenta elevados costos de energía y riego. ¿Qué producción prioriza el Estado?

Uruguay se encuentra ante una discusión que trasciende la instalación de una gran planta industrial en Paysandú. El proyecto de HIF Global, presentado como una de las mayores inversiones privadas de la historia nacional, pone sobre la mesa una cuestión decisiva: ¿qué condiciones está dispuesto a ofrecer el Estado para atraer nuevas industrias y cuáles garantiza a las actividades productivas que llevan décadas generando empleo y exportaciones?

La pregunta adquiere especial relevancia cuando se observa la situación de la citricultura, una actividad tradicional del litoral uruguayo que enfrenta dificultades de competitividad, particularmente por los costos de electricidad y riego.

No se trata de enfrentar dos modelos productivos ni de rechazar una inversión tecnológica. Se trata de examinar si Uruguay dispone de una política industrial coherente, capaz de promover nuevas actividades sin desatender las existentes.

Una inversión de US$ 5.385 millones

HIF Global proyecta instalar en Paysandú una planta destinada a producir combustibles sintéticos mediante hidrógeno obtenido con electricidad renovable.

La inversión anunciada alcanza aproximadamente los US$ 5.385 millones. El proyecto contempla una capacidad de producción de 876.000 toneladas anuales de e-metanol y más de 300.000 toneladas de e-gasolina, según la documentación ambiental.

La compañía estima alrededor de 3.000 puestos de trabajo durante los momentos de mayor actividad constructiva y aproximadamente 300 empleos directos permanentes. La previsión promedio durante la construcción es de unos 1.400 trabajadores.

También proyecta instalaciones propias de generación eólica y solar, complementadas con suministro de la red de UTE. Su dimensión económica resulta indiscutible. Pero el monto anunciado todavía no equivale a una inversión ejecutada ni garantiza que el proyecto alcance su decisión definitiva de construcción.

En noviembre de 2026, el gobierno mantiene el objetivo de avanzar hacia un acuerdo antes de finalizar el año, mientras continúan pendientes definiciones energéticas, empresariales y ambientales.

El precio de la electricidad: la gran diferencia

El punto más sensible de las negociaciones entre HIF Global y el Estado es el costo de la energía. Según informó El Observador en abril de 2026, la empresa planteó la necesidad de acceder a un precio cercano a US$ 40 por megavatio hora (MWh), equivalente a cuatro centavos de dólar por kilovatio hora.

El gobierno consideraba necesario un precio superior. La discusión continuaba abierta en setiembre, cuando autoridades de UTE explicaron que habían trasladado al Poder Ejecutivo sus estimaciones técnicas y económicas.

El dato merece atención porque el precio de la electricidad constituye uno de los principales factores que determinan la viabilidad del emprendimiento. La Agrupación UTE advirtió públicamente sobre el riesgo de que un eventual contrato deficitario trasladara costos al conjunto de los usuarios. Esa advertencia no demuestra que exista un subsidio acordado, pero obliga a examinar las condiciones económicas de cualquier contrato.

Y aquí aparece la contradicción.

En abril de 2025, Washington Guarino, representante de los exportadores citrícolas, denunció que una planta de empaque similar en Argentina pagaba aproximadamente la mitad de la electricidad que abonaba una empresa uruguaya.

También cuestionó la eliminación de una bonificación del 15% que beneficiaba al sector. Posteriormente se establecieron beneficios temporales para determinados suministros de riego productivo. Sin embargo, esos descuentos no resuelven necesariamente los costos energéticos de las plantas de empaque, donde se clasifica, acondiciona y refrigera la fruta.

La comparación entre HIF y los citricultores exige cautela: sus escalas de consumo, modalidades de contratación y necesidades de suministro son diferentes. Pero las diferencias técnicas no eliminan la pregunta política.

Si el precio de la electricidad puede determinar la instalación de una industria extranjera, ¿por qué no merece una consideración estratégica equivalente cuando condiciona la continuidad y expansión de una producción exportadora nacional?

El agua: más de 37 millones de litros diarios del río

El segundo aspecto es el consumo de agua. La documentación del proyecto publicada por el Observatorio Ambiental Nacional establece una demanda total prevista de 2.076 metros cúbicos por hora, de los cuales el 75% provendría del río Uruguay y el restante 25% correspondería a agua recirculada.

Esto supone una extracción estimada de 1.557 metros cúbicos por hora. Si la planta funcionara durante 24 horas a ese nivel, extraería aproximadamente 37,4 millones de litros diarios. En un año completo de funcionamiento continuo, el volumen alcanzaría unos 13,6 millones de metros cúbicos.

Es importante precisar que esta última cifra constituye una proyección matemática, no un registro de consumo efectivo ni una previsión confirmada de operación anual. Tampoco debe confundirse extracción con consumo neto: una parte del agua puede retornar al ambiente, dependiendo de los procesos y tratamientos previstos.

Pero las cantidades justifican una evaluación ambiental rigurosa, especialmente durante períodos de sequía y caudales reducidos. La citricultura también depende del agua del territorio, aunque sus fuentes y necesidades varían entre establecimientos.

El problema no consiste en afirmar que HIF quitará necesariamente agua a los citricultores. No existe evidencia suficiente para sostener esa conclusión. La cuestión es determinar cómo se administrará el recurso cuando deban coexistir distintos usos productivos, necesidades de abastecimiento humano y exigencias ambientales.

La evaluación debería considerar caudales mínimos, calidad del agua, retornos, escenarios de sequía y demandas acumuladas. Además, la eventual relocalización de la planta exige actualizar los estudios correspondientes. La documentación ambiental de agosto de 2026 dejó constancia de la suspensión del trámite mientras se definía la configuración y ubicación definitivas.

¿Cuánto puede costarle al Estado atraer la inversión?

La magnitud del proyecto obliga a prestar especial atención a las condiciones del acuerdo energético. El memorando suscrito entre el gobierno y HIF contempla el reconocimiento económico de inversiones necesarias para el proyecto y de las condiciones de utilización del sistema eléctrico.

No basta con conocer el precio final por MWh. Es necesario determinar quién financiará las conexiones, la infraestructura de transmisión, los servicios de respaldo y las eventuales diferencias de costos durante períodos de menor generación renovable.

Para comprender la importancia de esas condiciones puede utilizarse un cálculo ilustrativo. Por cada millón de MWh suministrados, una diferencia de US$ 10 por MWh representa US$ 10 millones. Si una tarifa se fijara por debajo del costo económico completo de abastecimiento, esa diferencia podría representar un costo para UTE o para otros usuarios. Pero si el suministro aprovechara excedentes que de otro modo no se utilizarían, la evaluación sería distinta.

Por eso no corresponde afirmar anticipadamente que HIF recibirá energía subsidiada. Lo que sí corresponde exigir es transparencia sobre la metodología de cálculo, los riesgos asumidos y los beneficios económicos esperados para Uruguay.

La producción existente también necesita una política industrial

Paysandú necesita nuevas inversiones, empleo e infraestructura. La producción de combustibles sintéticos podría representar una oportunidad para diversificar las exportaciones e incorporar nuevas capacidades tecnológicas.

Pero el desarrollo económico no comienza cada vez que llega un gran inversor. La citricultura ya cuenta con plantaciones, trabajadores especializados, plantas de empaque, redes comerciales y mercados internacionales conquistados durante décadas.

Esa estructura productiva también representa una inversión acumulada que el país debería proteger y fortalecer. Cuando los productores reclaman electricidad competitiva, infraestructura de riego y condiciones adecuadas para exportar, no necesariamente están solicitando privilegios. Están planteando problemas que afectan su capacidad de competir internacionalmente.

La respuesta estatal no puede consistir exclusivamente en beneficios temporales o medidas de emergencia. Uruguay necesita una política energética e hídrica que considere las necesidades de las actividades existentes y de las nuevas inversiones, con criterios públicos, previsibles y económicamente sostenibles.

El verdadero dilema: ¿qué país productivo queremos?

La llegada de HIF puede convertirse en una oportunidad importante para Paysandú y para Uruguay. Pero también puede dejar al descubierto una debilidad persistente de las políticas nacionales: la capacidad de movilizar grandes esfuerzos institucionales para atraer inversiones extraordinarias, mientras sectores tradicionales deben negociar periódicamente medidas para sostener su competitividad.

No sería razonable impedir una inversión porque consume electricidad o agua. Tampoco sería aceptable aprobar cualquier condición económica o ambiental solamente por la magnitud del capital anunciado.

El Estado tiene la responsabilidad de conciliar ambos objetivos. Eso significa negociar con firmeza, proteger los recursos públicos, garantizar controles ambientales y ofrecer condiciones competitivas a la producción nacional.

La pregunta final es inevitable: si Uruguay está dispuesto a discutir el precio de la electricidad para hacer posible una industria que todavía no existe, ¿por qué no puede discutir con igual profundidad los costos que amenazan a industrias que ya producen, emplean trabajadores y exportan?

El desarrollo no debería consistir en elegir entre los combustibles del futuro y las naranjas del presente. Debería demostrar que Uruguay es capaz de producir ambos, sin que el crecimiento de una actividad signifique abandonar a la otra.