ECONOMÍA / ACTIVIDAD PORTUARIA
Katoen Natie evalúa demandar por pérdidas de “decenas de millones de dólares” durante el conflicto portuario
14.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – Terminal Cuenca del Plata (TCP), controlada mayoritariamente por la multinacional belga Katoen Natie, comenzó a cuantificar los perjuicios económicos provocados por las medidas sindicales desarrolladas durante 2026 y evalúa presentar una demanda civil por daños y perjuicios o lucro cesante.
Un informe elaborado por la terminal contabilizó 379,5 horas de actividad afectada por paros, interrupciones parciales y asambleas entre el 1.º de enero y el viernes 11 de setiembre.
Según la empresa, las medidas repercutieron sobre operaciones correspondientes a 45 jornadas y provocaron pérdidas que, sumando sus efectos sobre TCP y el comercio exterior uruguayo, ascenderían a decenas de millones de dólares.
La cifra todavía no constituye una liquidación definitiva. La compañía conformó un equipo para recopilar información, determinar las operaciones que no pudieron realizarse y evaluar la eventual responsabilidad de los trabajadores, el sindicato o el Estado.
La disputa se desarrolla mientras TCP negocia un nuevo convenio colectivo con el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). El acuerdo anterior venció en abril y las partes no lograron consensuar aspectos vinculados con la duración del convenio, las guardias gremiales, los jornales asegurados, las compensaciones económicas y la cláusula de paz.
Una oportunidad comercial perdida
Katoen Natie sostiene que el conflicto no solamente ocasionó demoras en la atención de buques y camiones, sino que también deterioró la imagen de la terminal ante las compañías navieras.
Entre los perjuicios que busca cuantificar se encuentra la pérdida de una oportunidad comercial con una empresa brasileña que analizaba trasladar parte de sus operaciones al puerto de Montevideo.
La propuesta surgió ante la congestión registrada en terminales brasileñas y habría permitido que TCP incorporara nuevos servicios para compensar la salida de operaciones de Mediterranean Shipping Company (MSC).
La naviera trasladó dos servicios que anteriormente eran atendidos en Montevideo hacia su terminal de Buenos Aires. TCP sostiene que las medidas sindicales y la falta de previsibilidad dificultaron las negociaciones para sustituir esa actividad.
La empresa también deberá calcular los ingresos que dejó de percibir por los buques desviados, las cargas demoradas y las operaciones trasladadas hacia los muelles públicos.
El conflicto acumuló casi 380 horas de afectación
La primera paralización de 24 horas del año ocurrió el 31 de enero, cuando los trabajadores reclamaron un aumento de los jornales mensuales asegurados.
La conflictividad aumentó después del vencimiento del convenio colectivo. Desde finales de junio se sucedieron paros de distinta duración, asambleas, interrupciones por turno y medidas con modalidades de reintegro espontáneo.
A comienzos de setiembre, el sindicato dispuso un paro por tiempo indeterminado acompañado por una guardia gremial. TCP consideró insuficiente esa dotación y advirtió que la terminal quedaba severamente restringida.
La limitada capacidad de recepción provocó filas de camiones y demoras que, según los transportistas de carga, llegaron en algunos casos a 18 horas.
Las organizaciones del transporte estimaron que esas interrupciones generaban pérdidas de entre 400.000 y 500.000 dólares por día. Exportadores, importadores, operadores logísticos y productores también denunciaron costos adicionales por almacenaje, modificaciones de itinerarios y retrasos en las entregas.
El Supra sostiene que el conflicto se originó en la falta de garantías suficientes para los trabajadores y rechaza que las medidas respondan a intereses empresariales ajenos a la negociación colectiva.
La competencia con Montecon
El diferendo laboral coincide con una nueva etapa de la histórica competencia entre TCP y Montecon por el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo.
TCP es propiedad en un 80% de Katoen Natie y en un 20% de la Administración Nacional de Puertos. Opera la única terminal especializada de contenedores del país.
Montecon, propiedad de Neltume Ports, trabaja en los muelles públicos y puede atender buques portacontenedores de acuerdo con las prioridades establecidas por la reglamentación portuaria.
Las paralizaciones en TCP derivaron parte de la actividad hacia los muelles públicos, donde opera Montecon. Esa situación llevó a dirigentes de la oposición y representantes empresariales a cuestionar si las medidas sindicales terminaban beneficiando indirectamente al competidor de Katoen Natie.
El Supra rechazó esas interpretaciones y defendió su derecho a adoptar medidas dentro de un conflicto estrictamente laboral.
El director de la Administración Nacional de Puertos por el Partido Nacional, Jorge Gandini, planteó públicamente si el sindicato de TCP no estaba actuando contra la empresa en la que trabajan sus afiliados y favoreciendo, en los hechos, a Montecon.
El papel de MSC
La discusión también comprende los intereses de MSC, la mayor naviera de transporte de contenedores del mundo.
MSC mantiene vínculos empresariales internacionales con Ultramar, uno de los accionistas de Neltume Ports, en la gestión de terminales portuarias. Ultramar, a su vez, participa en el control de Montecon.
La naviera manifestó interés en contar con una terminal propia o asociada en Montevideo y trasladó hacia Buenos Aires algunos servicios que anteriormente operaban en TCP.
Neltume presentó recientemente al Gobierno uruguayo un proyecto para construir una segunda terminal especializada de contenedores, denominada Montevideo Container Terminal, con una inversión estimada en 900 millones de dólares.
Katoen Natie advirtió que la autorización de ese proyecto podría vulnerar el acuerdo firmado con el Estado uruguayo, que extendió la concesión de TCP hasta 2081 y estableció compromisos destinados a preservar su ecuación económica.
El Gobierno aseguró que estudiará cualquier iniciativa dentro de la legislación y los contratos vigentes.
Del arbitraje al nuevo proyecto
La propuesta de Neltume fue presentada pocos días después de que el grupo empresarial y el Estado acordaran cerrar un arbitraje internacional por 600 millones de dólares.
La demanda había sido iniciada en 2024 por los accionistas de Montecon, quienes alegaban que el acuerdo firmado entre el Gobierno anterior y Katoen Natie perjudicaba la competencia y reducía sustancialmente la actividad de su empresa.
El desistimiento no implicó, según el Poder Ejecutivo, un reconocimiento de responsabilidad ni el pago de una compensación por parte de Uruguay.
Poco después, Neltume planteó la instalación de una segunda terminal especializada. El anuncio reactivó la discusión sobre la capacidad del puerto, la competencia entre operadores y los derechos concedidos a TCP.
El Gobierno dispuso servicios mínimos
Ante la imposibilidad de que la empresa y el sindicato acordaran una guardia, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas establecieron servicios mínimos obligatorios.
La resolución comenzó a regir el sábado 12 de setiembre y comprende la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores llenos y vacíos, el almacenamiento y la atención de productos refrigerados, perecederos o sanitariamente sensibles.
Para el transporte carretero se determinó una capacidad mínima de recepción de 25 contenedores por hora.
El Ejecutivo definió la medida como transitoria y limitada al conflicto actual. El objetivo declarado es preservar una operativa básica sin eliminar el derecho de huelga.
La negociación colectiva continuará bajo la mediación del Ministerio de Trabajo.
Mientras tanto, TCP deberá resolver si transforma la cuantificación de las pérdidas en una demanda judicial. Para ello tendrá que individualizar el daño económico, demostrar su relación directa con cada medida sindical y determinar contra quién dirige un eventual reclamo.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
