UY Press - Agencia uruguaya de noticias

07.08.2026

WASHINGTON (Uypress) – América Latina y el Caribe arrastran una brecha de productividad que lleva décadas limitando el crecimiento económico, la generación de empleo formal y la posibilidad de mejorar sostenidamente los salarios.

Una comparación ampliamente difundida señala que se necesitan cerca de cuatro trabajadores latinoamericanos para producir lo mismo que uno estadounidense. El dato requiere una precisión: la expresión fue utilizada por representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2023 para describir específicamente la situación de Colombia.

Sin embargo, una medición regional del informe Perspectivas económicas de América Latina ubicó en 2023 la productividad laboral de América Latina y el Caribe en aproximadamente el 27% de la registrada en Estados Unidos. Traducido de manera sencilla, esa diferencia representa una relación cercana a 3,7 trabajadores latinoamericanos por cada trabajador estadounidense.

La productividad mide el valor de los bienes y servicios generados por trabajador o por hora trabajada. No evalúa el esfuerzo individual ni supone que un empleado estadounidense sea intrínsecamente más capaz que uno latinoamericano.

Un trabajador equipado con maquinaria moderna, programas informáticos, acceso estable a energía, mejores carreteras, financiamiento, capacitación y una organización empresarial eficiente puede producir mucho más durante la misma jornada que otro que carece de esas herramientas.

El nuevo informe del BID, Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe, fue publicado en julio y presentado en Washington el 3 de agosto.

El trabajo analiza tres décadas de encuestas de hogares y concluye que la región combina una productividad prácticamente estancada con niveles excesivos de autoempleo, empleo en microempresas, informalidad y baja cobertura de la seguridad social.

Durante años, buena parte del crecimiento latinoamericano se sostuvo mediante la incorporación de más personas al mercado laboral y no por mejoras en lo que cada trabajador podía producir. Ese modelo comenzó a perder fuerza debido al envejecimiento de la población y a la desaceleración del crecimiento de la fuerza de trabajo.

Un análisis complementario divulgado por el BID estimó que la productividad regional se contrajo alrededor de 0,4% anual entre 2015 y 2024. De mantenerse esa trayectoria, América Latina tendrá dificultades para cerrar su brecha de ingresos con las economías desarrolladas.

Uno de los problemas se encuentra en la estructura empresarial. El 95% de las empresas latinoamericanas tiene menos de cinco trabajadores y concentra el 57% del empleo. Las compañías con más de 50 empleados, generalmente más productivas, representan apenas el 1% del total y generan alrededor del 20% de los puestos de trabajo.

Las microempresas no son necesariamente improductivas por su tamaño. El problema aparece cuando permanecen pequeñas porque no pueden acceder al crédito, incorporar maquinaria, contratar trabajadores especializados, ingresar a nuevos mercados o cumplir regulaciones diseñadas para empresas con mayores recursos.

La informalidad completa ese círculo. Una empresa con baja productividad no puede afrontar fácilmente impuestos, contribuciones y costos regulatorios. Al permanecer informal, tampoco accede plenamente al crédito, los programas públicos, la capacitación o los mercados que le permitirían crecer.

La región termina atrapada entre empresas que producen poco y trabajadores que reciben salarios bajos, carecen de protección social y cambian frecuentemente entre empleos formales, informales y períodos de inactividad.

El BID advierte que formalizar únicamente mediante más controles o sanciones puede resultar insuficiente. Si una empresa no mejora su productividad, la obligación de asumir mayores costos puede provocar que reduzca personal, limite su crecimiento o continúe operando fuera de la regulación.

Por ese motivo, el organismo propone modernizar las normas laborales, fortalecer la fiscalización y separar progresivamente el financiamiento de parte de la protección social de la existencia de un empleo formal.

La idea es que prestaciones esenciales como la cobertura sanitaria o determinados componentes de la seguridad social no dependan exclusivamente de las contribuciones asociadas a cada puesto de trabajo. Esto permitiría ampliar la protección de los trabajadores y reducir el costo que actualmente desalienta la contratación formal.

La capacitación constituye otro componente central. Las empresas necesitan técnicos, programadores, operarios especializados y trabajadores capaces de utilizar nuevas tecnologías, pero los sistemas educativos y de formación profesional no siempre responden con rapidez a esa demanda.

El informe recomienda fortalecer la educación básica, desarrollar sistemas de capacitación permanente, mejorar la conexión entre empresas e instituciones educativas y ampliar las políticas activas de empleo. Estas últimas incluyen orientación laboral, certificación de competencias, intermediación y programas de reconversión para personas desplazadas por cambios tecnológicos.

La incorporación de inteligencia artificial muestra tanto el potencial como las limitaciones existentes. Cerca del 80% de las empresas latinoamericanas utiliza alguna herramienta de IA, pero solamente el 23% declara obtener beneficios económicos y apenas el 6% identifica un impacto significativo.

La diferencia entre utilizar una aplicación y mejorar realmente la productividad está en la capacidad de reorganizar los procesos de producción alrededor de la nueva tecnología. Para lograrlo se necesitan inversión, personal capacitado, infraestructura digital, capacidad de cómputo, energía confiable y reglas claras sobre la utilización de datos.

Uruguay, junto con Brasil y Chile, aparece entre los países mejor posicionados de la región en adopción y preparación institucional para la inteligencia artificial. Aun así, enfrenta el desafío de llevar esas capacidades desde un grupo limitado de empresas hacia las pequeñas y medianas unidades productivas.

El BID también coloca el foco en la competencia. Los mercados latinoamericanos presentan niveles de concentración cuatro veces superiores a los de las economías avanzadas. Cuando pocas empresas controlan un sector, disminuyen los incentivos para innovar, invertir y mejorar la eficiencia.

El organismo estima que las reformas destinadas a reducir la fragmentación de los mercados, mejorar la regulación y fortalecer a las agencias de defensa de la competencia podrían elevar hasta 11% el producto por habitante y reducir la desigualdad.

La integración regional es otra de las recomendaciones. América Latina comercia relativamente poco consigo misma y mantiene numerosas barreras regulatorias, logísticas y aduaneras. La construcción de cadenas regionales de valor permitiría ampliar la escala de las empresas, especializar la producción e incorporar más tecnología.

La respuesta a la brecha de productividad no consiste, por tanto, en extender las jornadas laborales o exigir un mayor esfuerzo físico. Consiste en lograr que cada trabajador disponga de mejores herramientas, conocimientos, infraestructura, protección y oportunidades para trasladarse hacia empresas y ocupaciones capaces de generar más valor.

Sin esas transformaciones, los salarios seguirán encontrando un límite estructural. Con ellas, el aumento de la productividad podría convertirse en mejores remuneraciones, mayor formalidad y crecimiento económico sostenible, siempre que los trabajadores reciban una parte efectiva de los beneficios generados.