Las doradas naranjas del sur corren peligro de derrumbarse
16.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress/José W. Legaspi)- Una caja de naranjas que se desploma simboliza una amenaza mayor: el futuro de la citricultura uruguaya frente a los costos energéticos, el acceso al agua y las responsabilidades ambientales del Estado.
Hay imágenes que explican más que un discurso. En el video, una caja se inclina y las naranjas caen al suelo. Ruedan, se dispersan, quedan desparramadas. Es una escena breve, casi insignificante. Pero para quien conoce la realidad de la citricultura uruguaya, puede convertirse en una metáfora inquietante.
Porque esas naranjas no nacieron en una caja. Detrás de cada una hay años de inversión, tierra preparada, árboles cuidados, agua, investigación, tratamientos sanitarios, cosechadores, transportistas, trabajadores del empaque y una compleja estructura productiva que permite colocar fruta uruguaya en mercados internacionales cada vez más exigentes.
Y hay algo más: una parte de la riqueza que Uruguay ha construido durante generaciones.
La citricultura no es una actividad marginal. Tiene raíces profundas en el litoral norte, particularmente en Salto y Paysandú. Genera empleo, divisas, conocimientos técnicos y una red de actividades que se extiende mucho más allá de las plantaciones.
Sin embargo, su futuro enfrenta desafíos que no pueden explicarse únicamente por las fluctuaciones del mercado internacional o las condiciones climáticas.
Hay factores decisivos que dependen directamente de las políticas públicas: el costo de la energía, la disponibilidad y calidad del agua, la infraestructura y la protección del medioambiente. Y sobre esos asuntos el gobierno y el Estado tienen responsabilidades que no pueden eludir.
La energía no puede convertirse en un obstáculo para producir
La producción citrícola necesita electricidad para el riego, los sistemas de refrigeración, el procesamiento, la conservación y el empaque de la fruta. El costo energético influye directamente sobre la competitividad de un sector que debe disputar mercados internacionales con países que cuentan con otras condiciones de producción.
Uruguay ha realizado inversiones importantes en generación eléctrica y dispone de una matriz con una elevada participación de fuentes renovables. Ese avance constituye una fortaleza nacional. Pero la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve disponer de una matriz energética moderna si sus beneficios no se traducen suficientemente en condiciones competitivas para sectores productivos estratégicos?
El Estado debe evaluar mecanismos tarifarios que contemplen las particularidades de la producción agroindustrial, especialmente sus necesidades estacionales y su contribución al empleo y las exportaciones. No se trata de reclamar privilegios indiscriminados, sino de establecer una política energética coherente con una estrategia nacional de desarrollo productivo.
El agua es un recurso estratégico, no una variable secundaria
La citricultura depende de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes. Las sequías, las variaciones climáticas y la creciente competencia por los recursos hídricos obligan a desarrollar políticas de largo plazo.
El Estado debe garantizar información pública sobre la disponibilidad de agua, fortalecer los sistemas de monitoreo y promover inversiones en infraestructura hídrica. También debe establecer criterios transparentes para distribuir un recurso que pertenece al conjunto de la sociedad.
La discusión adquiere especial relevancia en Paysandú, donde el proyecto de combustibles sintéticos de HIF plantea nuevas exigencias de infraestructura y gestión territorial.
No corresponde afirmar, sin estudios concluyentes, que esa inversión perjudicará necesariamente a la citricultura. Pero tampoco sería aceptable avanzar sin evaluar rigurosamente sus posibles efectos sobre el agua, el ambiente y las actividades productivas existentes.
El gobierno tiene la obligación de garantizar que cualquier nuevo emprendimiento industrial resulte compatible con la preservación de los recursos naturales y con el desarrollo de las actividades que ya sostienen la economía regional.
El medioambiente no puede quedar subordinado a las inversiones
Uruguay necesita atraer inversiones, incorporar tecnologías y diversificar su estructura productiva. Pero ninguna de esas aspiraciones debería justificar una reducción de las exigencias ambientales. La protección de los suelos, las fuentes de agua, la biodiversidad y la calidad del aire constituye una condición para el desarrollo económico, no un obstáculo que deba superarse.
En regiones donde conviven actividades agrícolas, industriales y urbanas, las decisiones ambientales requieren evaluaciones independientes, controles permanentes y acceso público a la información. El Ministerio de Ambiente y los organismos competentes deben disponer de recursos técnicos suficientes para fiscalizar los proyectos y asegurar el cumplimiento de las normas.
Las autorizaciones ambientales no pueden convertirse en simples trámites administrativos destinados a facilitar inversiones previamente decididas. La responsabilidad del Estado consiste en establecer reglas claras, controlar su cumplimiento y proteger el interés general.
Defender lo que Uruguay ya produce
Existe una contradicción que merece discutirse. El país dedica enormes esfuerzos a promover nuevas inversiones, negociar condiciones especiales y presentar proyectos industriales como motores del futuro. Esa política puede ser necesaria. Pero no debería desarrollarse mientras actividades productivas consolidadas enfrentan dificultades estructurales que requieren decisiones públicas.
La citricultura necesita una estrategia nacional que articule energía competitiva, infraestructura hídrica, investigación, sanidad vegetal, apertura de mercados y protección ambiental. No alcanza con intervenir cuando aparecen las dificultades. Es necesario anticiparlas.
Tampoco basta con proclamar la importancia de las exportaciones si no se construyen condiciones para sostenerlas y ampliarlas.
Volvamos al video.
Las naranjas caen porque una caja pierde el equilibrio. En la economía, las cosas son más complejas. Una actividad productiva puede debilitarse cuando las decisiones públicas no acompañan sus necesidades, cuando los costos se vuelven difíciles de sostener o cuando la protección de los recursos naturales carece de una planificación suficiente.
La imagen no demuestra que la citricultura uruguaya esté derrumbándose. Pero permite formular una advertencia.
Un gobierno que aspira a transformar la estructura productiva del país no puede limitarse a celebrar las inversiones que llegan. Tiene también la obligación de garantizar que la riqueza que Uruguay ya produce disponga de energía accesible, agua suficiente y un ambiente protegido.
Porque las doradas naranjas del sur no necesitan solamente buenos mercados. Necesitan un Estado que comprenda que defender la producción nacional también significa defender el territorio, sus recursos naturales y el futuro de quienes viven de él.
Y porque, cuando una riqueza productiva se derrumba, recoger sus frutos del suelo puede resultar mucho más difícil que haber evitado su caída.
José W. Legaspi