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28.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El MEF recibió más de 50 aportes para el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación, que será enviado al Parlamento a fines de mayo. La iniciativa apunta a reducir trámites, costos y controles duplicados, y a fortalecer competencia, innovación y comercio exterior.

La consulta pública cerró el viernes 24 de abril y había sido abierta en marzo por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de recibir recomendaciones, comentarios e iniciativas de cámaras empresariales, sectores académicos y ciudadanos particulares. Según informó la cartera, los planteos recibidos serán incorporados al proceso de redacción del proyecto que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Parlamento antes de finalizar mayo.

Los temas que generaron mayor interés fueron la digitalización integral de trámites ante organismos como DGI, BPS y Aduana, el fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, el reconocimiento de certificaciones internacionales para reducir costos de importación, y la creación de incentivos para la digitalización, la innovación y la capacitación del capital humano.

La futura ley forma parte de una agenda de reformas microeconómicas presentada por el presidente Yamandú Orsi y el ministro Gabriel Oddone el 17 de marzo. En esa instancia, el Gobierno planteó que Uruguay es reconocido por su estabilidad jurídica y macroeconómica, pero que necesita avanzar hacia un país “más ágil”, con menos costos y controles más eficientes para mejorar su clima de negocios.

Oddone marcó entonces una definición central de la estrategia económica oficial: la competitividad no se buscará por la vía del tipo de cambio, sino mediante productividad, eficiencia estatal y reducción de costos en sectores no transables. El ministro estimó que las medidas ya anunciadas podrían generar ahorros para el comercio exterior por unos US$ 20 millones anuales.

Entre los cambios previstos figuran la reglamentación del uso de declaraciones juradas, el silencio administrativo, el reconocimiento de certificaciones de otros países para evitar dobles controles, la reforma del Código Aduanero y la actualización de normas vinculadas al comercio exterior. También se proyecta fortalecer la Ley de Defensa de la Competencia y ajustar el marco de las instituciones asociadas a la innovación para facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento.

En paralelo al proyecto de ley, el MEF anunció medidas que no requieren aprobación parlamentaria. Entre ellas, la eliminación de la intervención previa de DGI en operaciones de importación y exportación, la supresión de documentación en papel para Aduana, el uso del canal rojo exclusivamente bajo criterios de riesgo, beneficios para operadores económicos certificados y mecanismos simplificados para el transporte ferroviario.

La digitalización aparece como uno de los ejes más concretos. El Gobierno informó que la Aduana gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero únicamente en formato electrónico y eliminará la obligación de conservar carpetas en papel durante cinco años. Esa medida alcanza unas 400.000 operaciones aduaneras anuales, mientras que la eliminación de trámites previos de DGI en importaciones involucra unas 25.000 operaciones, equivalentes a cerca del 15% del comercio exterior anual.

La discusión llega después de un año de fuerte dinamismo exportador. Según Uruguay XXI, en 2025 las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, el mayor registro de la última década, con un crecimiento interanual de 5%. Ese desempeño refuerza la importancia de reducir costos operativos, acelerar trámites y mejorar la capacidad del país para competir en mercados externos.

La agenda también se conecta con cambios ya vigentes desde 2026, como la reducción de la tasa LATU a las exportaciones, la eliminación de la tasa de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba a las importaciones y los adelantos especiales de IRAE. Además, el MEF anunció la implementación de la autocertificación de origen, que facilitará el reconocimiento de producción uruguaya en exportaciones destinadas al Mercosur y, posteriormente, a la Unión Europea.

El proyecto abre ahora una etapa política clave. El Gobierno busca transformar aportes técnicos y sectoriales en una ley capaz de reducir fricciones burocráticas sin debilitar los controles públicos. La apuesta oficial es que un Estado más ágil, con reglas claras y procedimientos más simples, mejore la competitividad sin recurrir a atajos cambiarios ni a rebajas generales de estándares regulatorios.

Imagen: Portlaf MEF