UY Press - Agencia uruguaya de noticias

15.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay, en coordinación con los demás socios del Mercosur, prepara una nota de protesta ante la Unión Europea por decisiones que, según entiende el bloque sudamericano, modifican de manera unilateral las condiciones del acuerdo comercial recientemente puesto en marcha.

La preocupación aparece en un momento sensible. El acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a aplicarse provisionalmente el 1.º de mayo, tras más de 25 años de negociaciones. Apenas semanas después, los países del bloque sudamericano advierten que algunas medidas europeas pueden alterar las reglas de juego pactadas.

Las diferencias internas del Mercosur sobre cómo repartir las cuotas de acceso al mercado europeo no impidieron, en este caso, una posición común frente a Bruselas. Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay entienden que los cambios europeos en materia de biocombustibles y acero pueden tener efectos económicos y comerciales relevantes para la región.

Uno de los puntos centrales refiere al concepto de Cambio Indirecto del Uso del Suelo, conocido por su sigla en inglés ILUC. La Comisión Europea modificó el 10 de abril un reglamento vinculado a esa materia, dentro del marco de su Directiva de Energías Renovables.

Para el Mercosur, esa modificación puede afectar la clasificación de determinados productos agrícolas, en particular la soja, al ubicarla eventualmente dentro de materias primas con riesgo elevado de cambio indirecto del uso del suelo. Esa reclasificación podría impactar en biocombustibles y otros productos incluidos en el acuerdo interino con la Unión Europea.

Desde la mirada europea, la actualización busca incorporar nuevos datos y metodologías para evaluar materias primas cuya expansión productiva pueda presionar sobre tierras con elevadas reservas de carbono. Para los países del Mercosur, en cambio, el problema es que una modificación regulatoria posterior al acuerdo puede alterar condiciones de acceso previamente negociadas.

El segundo frente de preocupación es el acero. En la última reunión del Grupo Mercado Común, los socios del Mercosur manifestaron inquietud ante la intención de la Unión Europea de aplicar, desde el 1.º de julio de 2026, un sistema de contingentes arancelarios y aranceles fuera de cuota que podrían llegar hasta 50% para productos siderúrgicos de terceros países.

La medida europea apunta a proteger a su industria siderúrgica, pero el Mercosur entiende que podría afectar flujos comerciales y, eventualmente, constituir un incumplimiento de compromisos asumidos en el acuerdo interino de comercio.

El planteo regional no implica desconocer las tensiones internas del acuerdo. La distribución de cuotas sigue siendo un tema delicado dentro del Mercosur, especialmente en productos sensibles como carne, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos. Uruguay ha defendido criterios que reflejen su capacidad exportadora y su presencia histórica en determinados mercados europeos.

El acuerdo Mercosur-UE representa una oportunidad relevante para Uruguay. Según la síntesis oficial de Cancillería, todos los bienes que integran la oferta exportable uruguaya recibirán algún tipo de trato preferencial para acceder al mercado europeo. Cerca del 70% de los aranceles de la Unión Europea serían eliminados de forma inmediata una vez en vigor el acuerdo, mientras que otros productos ingresarán mediante cuotas o cronogramas de desgravación.

La carne bovina, el arroz, la miel, la lana, los cítricos, la pesca, algunos aceites, maderas y productos agroindustriales figuran entre los sectores de mayor interés para Uruguay. Por eso, cualquier cambio reglamentario europeo que afecte condiciones de acceso es leído con especial atención por el gobierno y el sector privado.

El presidente Yamandú Orsi había destacado al inicio de la aplicación provisional que el acuerdo debía traducirse en más trabajo, más comercio y una nueva línea de vínculo con Europa. También remarcó que, en un mundo atravesado por el proteccionismo, Uruguay necesita ampliar sus mercados y mantener puertas abiertas.

Esa expectativa convive ahora con señales de alerta. Para el gobierno uruguayo, el valor del acuerdo no está solo en las rebajas arancelarias, sino también en la estabilidad de las reglas. Si después de la entrada en vigor provisional una de las partes introduce requisitos que modifican el acceso efectivo, el beneficio comercial puede verse reducido.

Desde Bruselas, en cambio, se sostiene que las regulaciones ambientales, sanitarias y productivas responden a criterios técnicos y a la protección de consumidores, productores y objetivos de sostenibilidad. La Unión Europea ha insistido en que sus estándares no deben interpretarse automáticamente como medidas proteccionistas.

La tensión refleja una disputa de fondo que acompañó toda la negociación: cómo equilibrar libre comercio, protección ambiental, seguridad alimentaria, transición energética y defensa de sectores productivos internos.

Para el Mercosur, la clave es que esos objetivos no se transformen en barreras comerciales encubiertas. Para la Unión Europea, el desafío es demostrar que sus regulaciones no contradicen los compromisos asumidos en el acuerdo.

La nota de protesta que prepara Uruguay junto a sus socios buscará dejar constancia formal de esa preocupación. No supone una ruptura ni una crisis inmediata del acuerdo, pero sí marca el primer roce relevante desde el comienzo de su aplicación provisional.

El episodio muestra que la etapa más difícil puede no haber terminado con la firma. La aplicación concreta del acuerdo Mercosur-UE abre ahora una nueva fase, en la que cada reglamento, cada cuota y cada salvaguarda será observada con atención por gobiernos, productores y exportadores de ambos lados del Atlántico.

Imagen: acuerdo Mercosur-UE / archivo.