Paraguay: cae Ueno Bank, detienen a directivos y peligra una fortuna pública
04.11.2026
ASUNCIÓN (Uypress)- La intervención del Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay (BCP) dejó bloqueados cientos de millones de dólares de fondos estatales y previsionales. La oposición impulsa un juicio político contra Santiago Peña.
Paraguay atraviesa una de sus crisis financieras y políticas más graves de los últimos años después de que se dispusiera la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad con aproximadamente 2,9 millones de clientes y fuertes vínculos con el poder político.
La medida, anunciada oficialmente el martes 3 de noviembre, provocó el cierre de las sucursales y la suspensión de todos los servicios bancarios, incluidas las aplicaciones digitales, tarjetas y operaciones de transferencia. Millones de clientes quedaron temporalmente sin acceso a sus depósitos.
El Banco Central explicó que la decisión fue adoptada por unanimidad, después de comprobar que el índice de solvencia de la institución había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros.
La crisis adquiere una dimensión particularmente delicada porque Ueno Bank administraba entre 800 y 850 millones de dólares de recursos públicos, según estimaciones divulgadas por la entidad, incluidos fondos de organismos estatales y de la seguridad social.
Entre los principales afectados figura el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones estimadas entre 355 y 380 millones de dólares, según las diferentes cifras difundidas durante la crisis. Esos recursos, colocados mediante certificados de depósito y bonos financieros, representan aproximadamente el 9% de la cartera de inversiones del organismo previsional.
Además, unos 32.000 jubilados recibían sus prestaciones a través de Ueno Bank, circunstancia que obligó al IPS a iniciar gestiones para trasladar esos pagos a otra institución financiera.
Las autoridades previsionales aseguraron que las jubilaciones continuarán abonándose, aunque permanece abierta la incertidumbre sobre la recuperación de las inversiones institucionales. También aparecen comprometidos recursos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de Itaipú y de otras instituciones públicas.
Detenciones e investigación penal
La intervención bancaria desencadenó una investigación penal de gran alcance. La Fiscalía paraguaya dispuso actuaciones contra integrantes de la conducción de Ueno Bank, entre ellos su principal accionista y directivos de la entidad.
Según la información divulgada hasta las primeras horas del miércoles, siete directivos habían sido detenidos o se habían presentado ante la Justicia, mientras continuaban las actuaciones sobre otros responsables. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos, posibles operaciones perjudiciales para el patrimonio bancario y eventuales responsabilidades penales.
Las autoridades también examinan operaciones crediticias vinculadas con empresas relacionadas con los propietarios de la entidad, un asunto sobre el cual el Banco Central había formulado advertencias durante los meses anteriores.
La crisis golpea al gobierno de Santiago Peña
El escándalo alcanzó directamente al presidente paraguayo, Santiago Peña, cuyos anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno Bank habían provocado cuestionamientos políticos. Peña fue accionista de Ueno Holding y, según publicaciones de la prensa paraguaya, se desprendió de esas participaciones en 2025.
La relación entre el mandatario, los propietarios del banco y el actual presidente del Banco Central se convirtió en uno de los principales asuntos de la controversia. Carlos Carvallo, titular del BCP desde 2023, había dirigido anteriormente la Financiera Ueno, antecesora de Ueno Bank.
Tras conocerse la intervención, Carvallo anunció que había firmado su renuncia, aunque manifestó que permanecería transitoriamente en funciones para conducir el procedimiento de resolución.
La crisis obligó a Peña a cancelar su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y concentrarse en las consecuencias políticas y económicas del colapso. El mandatario prometió que los responsables deberán responder ante la Justicia y respaldó medidas legislativas destinadas a acelerar la devolución de depósitos y proteger los recursos públicos.
Sin embargo, sus explicaciones no lograron detener la ofensiva de sectores opositores. Legisladores anunciaron que promoverán un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, al considerar que existen responsabilidades políticas por la exposición de fondos estatales y previsionales a una institución cuya situación financiera venía siendo cuestionada.
La iniciativa enfrenta dificultades parlamentarias debido al predominio del Partido Colorado en el Congreso.
La devolución de los depósitos
El Banco Central anunció la activación del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege hasta 75 salarios mínimos por depositante y entidad financiera. Actualmente, esa cobertura equivale a 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 38.600 dólares.
Según estimaciones preliminares, el mecanismo permitiría cubrir íntegramente los depósitos de alrededor del 97% de los clientes. Las autoridades anunciaron además un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, mientras se organiza el procedimiento de restitución.
La legislación establece un plazo inicial de 15 días para efectuar los pagos garantizados, con las posibilidades de extensión previstas legalmente. La situación es diferente para quienes mantienen saldos superiores al límite asegurado y, especialmente, para los organismos públicos con inversiones de gran magnitud.
En esos casos, la recuperación dependerá de la valoración de los activos del banco, las decisiones de los interventores y los mecanismos legales disponibles.
Una crisis que venía anunciándose
Las dificultades de Ueno Bank no aparecieron repentinamente. Durante los últimos meses, legisladores, especialistas financieros y medios paraguayos habían formulado preguntas sobre su acelerado crecimiento, la concentración de depósitos públicos, sus operaciones con empresas vinculadas y la suficiencia de su capital.
En octubre, Fitch Ratings modificó a negativa la perspectiva de la entidad, mientras continuaban las discusiones sobre su situación patrimonial.
Poco antes de la intervención, Ueno había anunciado un proyecto para captar 100 millones de dólares de capital adicional. El desenlace abrió interrogantes sobre la eficacia de la supervisión bancaria y sobre las razones por las cuales instituciones públicas mantuvieron inversiones millonarias en una entidad sometida a cuestionamientos.
El Banco Central insiste en que se trata de un problema específico y que el resto del sistema financiero paraguayo conserva condiciones adecuadas de solvencia y liquidez. La Asociación de Bancos del Paraguay también descartó, por el momento, un riesgo de contagio generalizado.
Sin embargo, el impacto político es considerable. La caída de Ueno Bank ya no constituye solamente un problema de solvencia de una institución privada. Se transformó en una crisis que involucra recursos de jubilados, fondos estatales, decisiones de supervisión financiera y relaciones empresariales con las máximas autoridades del país.
La investigación judicial deberá establecer si existieron delitos y quiénes fueron sus responsables. Pero la discusión política plantea una pregunta que difícilmente desaparecerá con la devolución de los depósitos garantizados: ¿cómo pudo una entidad financiera con semejante exposición de recursos públicos llegar a una situación de insolvencia tan grave sin que las autoridades adoptaran antes medidas capaces de impedirla?
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
