UY Press - Agencia uruguaya de noticias

15.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Comparar precios en un supermercado no siempre es sencillo. Un paquete de 400 gramos puede parecer más barato que otro de 700, una botella de 1,5 litros puede competir con otra de 2,25 y dos productos similares pueden tener presentaciones tan distintas que el consumidor termina eligiendo sin saber cuál es realmente más conveniente.

Esa dificultad cotidiana está en la mira de una de las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado esta semana por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa propone que los comercios publiquen, junto al precio final de venta, el precio por unidad de medida equivalente. En otras palabras, que además de informar cuánto cuesta un envase, se indique claramente cuánto vale el kilo, el litro, el metro o la unidad del producto.

El objetivo es facilitar la comparación entre marcas, tamaños y presentaciones, y permitir que los consumidores tomen decisiones con información más clara al momento de comprar.

Según la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, la obligación alcanzaría a comercios de grandes superficies, establecimientos que vendan alimentos, artículos de higiene personal o productos de uso doméstico, y también a canales de comercio electrónico.

El precio de venta y el precio por unidad de medida deberán exhibirse tanto en la etiqueta del producto en góndola como en medios digitales y mensajes publicitarios.

La medida forma parte del capítulo de promoción de la competencia y reducción del costo de vida. Allí el gobierno también propone fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, facilitar la existencia de varios importadores de un mismo producto y reducir obstáculos regulatorios que, según el Poder Ejecutivo, terminan incidiendo sobre los precios.

El cambio apunta a una situación frecuente. Cuando dos productos tienen tamaños distintos, el precio final puede inducir a error. Un envase más pequeño puede parecer más barato, aunque el costo por kilo o por litro sea mayor. La información por unidad de medida permite ordenar esa comparación.

El mecanismo ya se aplica en distintos países como herramienta de transparencia para el consumidor. Su lógica es simple: estandarizar la referencia de precio para que la competencia no se juegue únicamente en el tamaño del envase, el diseño del empaque o la ubicación en la góndola.

En Uruguay ya existe el Sistema de Información de Precios al Consumidor, que reúne y publica información de supermercados, autoservicios y otros establecimientos. Ese sistema busca mejorar el acceso de los consumidores a la información, favorecer el funcionamiento de los mercados minoristas y estimular la competencia.

La nueva obligación iría un paso más allá, porque trasladaría esa información comparativa directamente al momento de compra, en la góndola física, en la página web o en la publicidad.

Para el consumidor, el cambio podría ser especialmente útil en alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene personal, papel higiénico, detergentes, aceites, arroz, fideos, lácteos y otros artículos de consumo frecuente.

También puede ayudar a detectar estrategias comerciales en las que se reduce el contenido del envase sin que el precio final baje en la misma proporción, una práctica que en otros mercados se conoce como “reduflación”.

El desafío estará en la implementación. Los comercios deberán adaptar etiquetas, sistemas de facturación, plataformas digitales y mecanismos de actualización de precios. En productos con promociones, combos o presentaciones especiales, la información deberá ser suficientemente clara para evitar nuevas confusiones.

El gobierno sostiene que la medida busca mejorar la calidad de la información disponible para el consumidor y reducir barreras que dificultan la competencia real. La transparencia en precios no garantiza por sí sola una baja inmediata del costo de vida, pero puede ayudar a que las familias comparen mejor y a que los comercios compitan con menos margen para la opacidad.

La propuesta todavía deberá ser discutida en el Parlamento. Allí se definirá su alcance final, los plazos de aplicación, los comercios alcanzados, las eventuales excepciones y el régimen de fiscalización.

Si prospera, la escena cotidiana del supermercado podría cambiar: junto al precio visible de cada producto, los consumidores encontrarían una referencia más útil para decidir. No solo cuánto cuesta el envase, sino cuánto cuesta realmente lo que contiene.

Imagen: Ministerio de Economía y Finanzas / archivo.