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10.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Los elevados costos de la electricidad y el riego comprometen la competitividad citrícola y exponen la insuficiencia de las políticas estatales de apoyo a la producción.

Uruguay ha construido una matriz eléctrica caracterizada por una elevada participación de fuentes renovables. Es uno de los logros más importantes de su política energética. Sin embargo, para los productores citrícolas existe una contradicción que merece ser examinada: disponer de electricidad generada mayoritariamente con recursos renovables no garantiza que su precio final sea competitivo frente al de otros países exportadores.

La electricidad interviene en dos etapas fundamentales de la cadena citrícola. En los establecimientos rurales permite extraer, bombear y distribuir agua para riego. En las plantas de empaque alimenta las líneas de clasificación, lavado, acondicionamiento, refrigeración y conservación de la fruta.

No se trata, por tanto, de un gasto secundario. Es un componente de los costos de producción y exportación.

En abril de 2025, Washington Guarino, representante del sector exportador, denunció después de una reunión con el ministro Alfredo Fratti que una planta de empaque similar en Argentina pagaba aproximadamente la mitad de lo que abonaba una empresa uruguaya. También cuestionó la eliminación de una bonificación del 15% de UTE.

La comparación, publicada por Tardáguila Agromercados, constituye una advertencia empresarial relevante, aunque para establecer su magnitud exacta sería necesario contrastar facturas equivalentes, potencia contratada, horarios de utilización, impuestos y condiciones comerciales.

Pero aun sin esa comparación completa, la denuncia plantea una cuestión de política económica: ¿qué instrumentos utiliza Uruguay para impedir que sus costos energéticos reduzcan la competitividad de actividades exportadoras que generan empleo y valor agregado?

El 15% de descuento: una política temporal, no una solución estructural

La documentación oficial permite precisar un aspecto importante. El Decreto 14/026, aprobado en enero de 2026, exhortó a UTE a mantener una bonificación del 15% sobre el gasto energético sin IVA para suministros identificados con riego productivo, durante el período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

UTE también estableció un beneficio horario para productores registrados ante el MGAP, aplicable entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Estas medidas demuestran que el Estado reconoce el problema del costo energético. Sin embargo, no equivalen a una política permanente de tarifas competitivas para toda la cadena citrícola. Además, una bonificación destinada al riego no necesariamente alcanza a la electricidad utilizada en las plantas de empaque.

Es una diferencia fundamental: el productor puede recibir un descuento para bombear agua y continuar pagando la tarifa ordinaria para clasificar, refrigerar y conservar la fruta destinada a exportación.

La vigencia temporal de los beneficios también introduce incertidumbre. Una inversión en riego o refrigeración se amortiza durante varios años, mientras que los descuentos pueden depender de decisiones administrativas de duración mucho menor.

Cuánto representa una bonificación del 15%

Para visualizar su importancia, consideremos tres ejemplos hipotéticos de facturación eléctrica anual, antes de IVA.

Estos valores no representan consumos verificados de empresas citrícolas. Muestran cuánto puede significar económicamente un descuento de esa magnitud. También permiten comprender por qué la continuidad del beneficio puede influir en las decisiones de inversión.

El problema no se resuelve exclusivamente mediante descuentos. Requiere analizar la estructura tarifaria, los cargos por potencia, la utilización de horarios de menor costo y la posibilidad de establecer condiciones específicas para actividades exportadoras electrointensivas.

Una política energética que pretende favorecer la producción debería medir no solamente cuánta electricidad genera el país, sino cuánto cuesta utilizarla para producir bienes competitivos.

El agua: la infraestructura invisible que sostiene la producción

La importancia del riego queda demostrada por las estadísticas oficiales. Según la Encuesta Citrícola de Primavera de 2025, elaborada por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP, Uruguay tenía 13.294 hectáreas destinadas a cítricos y una producción estimada de 274.399 toneladas.

El 75% de la superficie citrícola contaba con riego instalado. Esto representa aproximadamente 9.970 hectáreas equipadas para recibir agua artificialmente. La cifra revela que el riego dejó de ser una tecnología complementaria: constituye una infraestructura central de la citricultura nacional.

Sin embargo, disponer de instalaciones no significa que todos los productores tengan agua suficiente, energía accesible o capacidad económica para utilizar los sistemas cuando más se necesitan.

El costo del agua no se limita a conseguirla

En la producción citrícola, el agua puede proceder de cursos superficiales, tajamares, embalses o perforaciones. Cada alternativa tiene costos diferentes. El productor debe financiar la captación, el almacenamiento cuando corresponde, las bombas, los filtros, las tuberías y los equipos de distribución. A ello se agregan el mantenimiento, las reparaciones y la energía necesaria para mover el agua.

El costo final depende de la profundidad de extracción, la distancia de transporte, la altura de bombeo, la presión requerida y la eficiencia del sistema.

Un ejemplo permite dimensionarlo. Supongamos una plantación de 20 hectáreas que necesita aplicar 2.000 metros cúbicos de agua por hectárea durante una temporada. El volumen total sería de 40.000 metros cúbicos. Si el sistema consumiera 0,30 kilovatios hora por metro cúbico bombeado, necesitaría 12.000 kWh. Con un precio eléctrico hipotético de $ 6 por kWh, el gasto energético de esa temporada alcanzaría los $ 72.000.

Equivale a $ 3.600 por hectárea, exclusivamente por electricidad. No incluye inversión inicial, amortización, reparaciones, personal ni otros costos. Con una bonificación efectiva del 15% sobre ese componente, el ahorro sería de $ 10.800.

Este ejemplo no pretende establecer el costo promedio nacional. Demuestra cómo pequeñas diferencias en consumo energético y tarifas pueden modificar el costo de utilizar el agua.

El Estado reconoce el problema, pero falta medir el alcance de su respuesta

En abril de 2026, el MGAP presentó el programa Agua para la Granja, destinado a financiar proyectos de acceso al agua, mejoras del riego y nuevas tecnologías. La convocatoria contempló subsidios no reembolsables de hasta $ 400.000 para determinadas unidades productivas de menor escala.

También incluyó apoyos para fuentes de agua, sistemas de bombeo, distribución, automatización y equipos de riego.

Por tanto, no sería correcto afirmar que el Estado carece completamente de instrumentos de apoyo. La cuestión decisiva es otra: determinar cuántos productores citrícolas accedieron efectivamente a esos beneficios, qué porcentaje de sus inversiones pudieron financiar y cuántos quedaron fuera por razones de escala, requisitos o disponibilidad presupuestal.

Un subsidio de $ 400.000 puede representar un aporte significativo para una pequeña explotación, pero su alcance debe evaluarse frente al costo real de las obras necesarias.

También corresponde distinguir los apoyos para construir infraestructura de los mecanismos destinados a financiar su funcionamiento cotidiano. El Estado puede contribuir a instalar un sistema de riego y, simultáneamente, mantener condiciones energéticas que dificulten su utilización.

La sequía convierte el riego en una necesidad estratégica

El problema adquiere mayor importancia ante la variabilidad climática. La producción citrícola necesita disponibilidad de agua en etapas específicas de floración, crecimiento y desarrollo de los frutos.

Cuando se producen déficits hídricos, pueden disminuir los rendimientos, el calibre y la proporción de fruta apta para exportación. Las consecuencias no terminan en el establecimiento rural. Menor producción exportable significa menos actividad en plantas de empaque, transporte, servicios y comercialización.

Por eso, las políticas de riego no deberían considerarse únicamente ayudas individuales a productores. También constituyen inversiones en infraestructura productiva, empleo y estabilidad de las exportaciones.

La responsabilidad del Estado: más allá de los subsidios ocasionales

La discusión sobre electricidad y agua plantea una responsabilidad pública que no puede reducirse a la administración de bonificaciones temporales. UTE tiene objetivos empresariales, financieros y de servicio público. El MGAP debe promover la producción agropecuaria. El Ministerio de Economía participa en las decisiones fiscales y presupuestales. Y los organismos responsables del agua intervienen en su disponibilidad, autorización y gestión. La coordinación entre esas instituciones resulta indispensable.

Una política integral para la citricultura debería contemplar tarifas eléctricas previsibles para riego y empaque, financiamiento de infraestructura hídrica, asistencia técnica y mecanismos de evaluación de resultados.

También debería publicar información que hoy resulta indispensable para discutir con rigor: costos energéticos por tonelada exportada, consumo de agua por hectárea, diferencias entre productores grandes y pequeños, beneficiarios efectivos de subsidios y comparaciones tarifarias con países competidores. Sin esos datos, el debate queda atrapado entre las denuncias empresariales y los anuncios gubernamentales.

Uruguay no puede modificar los precios internacionales de los cítricos ni controlar las condiciones climáticas. Pero sí puede intervenir sobre una parte de los costos internos y sobre las condiciones de acceso a infraestructura productiva.

La pregunta de fondo no es si el Estado debe financiar indefinidamente los gastos de las empresas. Es si sus políticas permiten que una actividad exportadora genere suficiente productividad, empleo y rentabilidad para sostenerse y crecer.

Porque existe una contradicción difícil de ignorar: un país que presenta su electricidad renovable como ventaja competitiva y promueve la expansión del riego debería poder demostrar que esas políticas también fortalecen a sus productores citrícolas.

La respuesta no puede encontrarse solamente en los discursos. Debe aparecer en las facturas eléctricas, en el acceso efectivo al agua, en las inversiones realizadas y, finalmente, en la fruta que Uruguay consigue producir y exportar.