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30.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) reclamó extender beneficios fiscales hasta 2030, apoyar proyectos inmobiliarios menores y acelerar las autorizaciones. El gobierno analizará las propuestas.

La gremial planteó al presidente Yamandú Orsi una serie de medidas para estimular la inversión inmobiliaria, entre ellas la extensión de beneficios fiscales, incentivos para proyectos de menor escala y la reducción de los tiempos administrativos que demoran el comienzo de nuevas obras.

Las propuestas fueron presentadas durante una reunión realizada el martes 27 de octubre en la sede de la gremial, con la participación del presidente, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Según informó el periodista Lautaro Brum en El País, el encuentro se desarrolló en el marco del 36º aniversario de APPCU. Su presidente, Alfredo Kaplan, destacó la receptividad de las autoridades, aunque aclaró que las iniciativas todavía deben ser estudiadas por el Poder Ejecutivo.

Extender los beneficios hasta 2030

Uno de los principales reclamos se refiere a los plazos para presentar proyectos inmobiliarios y acceder a los beneficios fiscales del régimen de inversiones de gran dimensión económica. El gobierno ya extendió hasta diciembre de 2030 el plazo para determinadas inversiones de gran porte. Sin embargo, los emprendimientos de entre 30 millones y 60 millones de Unidades Indexadas, equivalentes aproximadamente a entre US$ 5 millones y US$ 10 millones, solamente podrán presentarse hasta diciembre de 2027.

APPCU solicitó que ese segmento también pueda acceder a los incentivos hasta finales de 2030. Kaplan sostuvo que la medida permitiría ofrecer mayor previsibilidad a las empresas y facilitar la planificación de nuevas inversiones.

Incentivos para proyectos menores

La gremial también propuso crear beneficios fiscales para emprendimientos inmobiliarios cuya inversión no alcance los US$ 5 millones. Actualmente, estos proyectos no acceden a los mismos estímulos que las inversiones de mayor dimensión o las comprendidas en el régimen de vivienda promovida.

La propuesta consiste en otorgar beneficios equivalentes aproximadamente a la mitad de los establecidos para las grandes inversiones, incluyendo posibles exoneraciones parciales del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Según los empresarios, esta modificación permitiría incorporar al sistema de promoción a desarrolladores pequeños y medianos.

Menos trámites y autorizaciones más rápidas

Otro planteo central estuvo relacionado con las demoras administrativas. APPCU advirtió que numerosos proyectos permanecen durante períodos prolongados a la espera de autorizaciones, incluso cuando no existen observaciones sobre los expedientes.

La asociación propuso implementar mecanismos de aprobación tácita para determinados emprendimientos: una vez transcurrido un plazo sin objeciones de la administración, los trámites podrían avanzar automáticamente. Kaplan señaló que las autoridades reconocieron la necesidad de agilizar los procedimientos y se comprometieron a estudiar alternativas.

Cambios en la vivienda promovida

Durante el encuentro también se analizaron posibles modificaciones al régimen de vivienda promovida. Entre ellas figura habilitar apartamentos de dos dormitorios con dos baños y ampliar las zonas geográficas que pueden acceder a beneficios fiscales.

Según Kaplan, el gobierno estudia incorporar nuevas áreas, aunque todavía no se conocen cuáles serían. El dirigente reconoció que durante 2026 se presentaron menos proyectos que en 2025, pero explicó que el año pasado numerosas empresas adelantaron sus iniciativas ante posibles cambios reglamentarios.

Aseguró que la actividad constructiva continúa siendo importante, especialmente por proyectos previamente aprobados que ahora comienzan a ejecutarse, y destacó el crecimiento inmobiliario en Canelones.

El gobierno estudiará las propuestas

La reunión concluyó sin anuncios ni compromisos definitivos, aunque ambas partes acordaron mantener el diálogo. El Poder Ejecutivo deberá evaluar la viabilidad fiscal y administrativa de las medidas, así como sus efectos sobre la inversión y el acceso a la vivienda.

La discusión vuelve a colocar sobre la mesa el papel de los incentivos tributarios y la necesidad de agilizar los procedimientos estatales, procurando que el estímulo a la construcción también contribuya a atender las necesidades habitacionales del país.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS