Una decisión que compromete el futuro portuario
Puerto de Montevideo: cláusula del contrato protege a Katoen Natie y frena la competencia
29.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El contrato firmado en 2021 garantiza prioridad de atraque a TCP. Neltume propone invertir US$ 900 millones y MSC también quiere otra terminal, pero el gobierno advierte obstáculos jurídicos.
El futuro del puerto de Montevideo enfrenta una nueva controversia entre grandes operadores internacionales, mientras el gobierno analiza propuestas para construir una segunda terminal especializada de contenedores. El principal obstáculo es una cláusula del contrato firmado en 2021 con Katoen Natie, durante la administración de Luis Lacalle Pou, que otorga prioridad operativa a Terminal Cuenca del Plata (TCP) y condiciona las posibilidades de competencia.
La discusión involucra inversiones millonarias, eventuales demandas internacionales y el modelo de funcionamiento del principal puerto comercial del país. Dos compañías manifestaron interés en desarrollar una segunda terminal: Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon, y Mediterranean Shipping Company (MSC), una de las principales navieras del mundo.
Sin embargo, ambas enfrentan una disposición contractual que, según la interpretación del Poder Ejecutivo, limita considerablemente la viabilidad de sus proyectos.
La cláusula que asegura la prioridad de Katoen Natie
El acuerdo de 2021 extendió hasta 2081 la concesión de TCP, controlada mayoritariamente por la empresa belga Katoen Natie. La negociación permitió cerrar una controversia internacional en la que la compañía había planteado un reclamo de US$ 1.500 millones contra el Estado uruguayo, argumentando que la competencia de Montecon en los muelles públicos perjudicaba sus derechos.
Además de prolongar la concesión, el acuerdo incorporó disposiciones que favorecen la operativa de TCP. Una de las más relevantes establece que la Administración Nacional de Puertos (ANP) debe asignar prioritariamente a la terminal especializada los buques que transporten contenedores.
En los hechos, esta disposición significa que TCP tiene preferencia para operar la carga que llega al puerto, mientras otros operadores quedan condicionados por su capacidad disponible.
La prioridad de atraque constituye actualmente uno de los principales obstáculos para desarrollar una segunda terminal que pueda competir efectivamente por los mismos servicios.
MSC quiere competir, pero reclama cambios
La naviera Mediterranean Shipping Company mantuvo contactos con integrantes del gobierno uruguayo para transmitir su interés en desarrollar y administrar otra terminal especializada. Según informó El Observador, representantes del Poder Ejecutivo consultaron a la compañía sobre las condiciones que consideraba necesarias para avanzar con la inversión.
La respuesta fue modificar la prioridad de atraque que actualmente beneficia a TCP. MSC mantiene diferencias comerciales con la terminal de Katoen Natie y ha optado por canalizar determinadas operaciones de tránsito regional a través de Buenos Aires, donde dispone de infraestructura propia.
La situación adquiere relevancia porque Montevideo compite con otros puertos de la región por captar cargas provenientes de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia.
Neltume propone invertir US$ 900 millones
La segunda iniciativa corresponde a Neltume Ports, empresa chilena que controla Montecon. A comienzos de setiembre presentó ante Presidencia un proyecto para construir una nueva terminal especializada, con una inversión estimada en US$ 900 millones.
La propuesta, denominada Montevideo Container Terminal, contempla infraestructura portuaria adicional, nuevos muelles, áreas operativas y equipamiento para movilizar hasta 1,15 millones de TEU anuales, unidad utilizada internacionalmente para medir contenedores.
La compañía sostiene que el objetivo es captar nuevas cargas regionales y ampliar la capacidad competitiva del puerto, no simplemente redistribuir los contenedores que actualmente opera TCP. Antes de presentar la iniciativa, Neltume desistió de manera irrevocable de un arbitraje internacional que había promovido contra Uruguay por las condiciones establecidas en el acuerdo de 2021.
La propuesta está siendo examinada por técnicos de la ANP. Si supera esa evaluación, deberá pasar a consideración del Poder Ejecutivo, que resolverá si corresponde iniciar un procedimiento competitivo.
El fallo judicial que reabrió la discusión
Uno de los elementos centrales del conflicto es la sentencia número 719, dictada en diciembre de 2025 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El tribunal anuló una disposición del decreto 114/021 que restringía la posibilidad de otorgar concesiones para nuevas terminales especializadas.
La decisión se fundamentó en la incompatibilidad de esa restricción con el régimen legal de defensa de la competencia. Para Neltume, el fallo permite al Estado evaluar nuevas concesiones sin quedar sometido a la prohibición reglamentaria anulada.
Katoen Natie, en cambio, sostiene que la sentencia no elimina los compromisos contractuales asumidos por Uruguay ni los derechos que considera protegidos por los acuerdos internacionales de inversiones.
La distinción resulta decisiva: la anulación de una disposición reglamentaria no resuelve automáticamente todas las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre el Estado y la compañía belga.
El gobierno reconoce las dificultades
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, admitió que el contrato vigente constituye una limitación para habilitar una segunda terminal. El jerarca explicó que el gobierno estudia la factibilidad jurídica de la iniciativa de Neltume y que cualquier decisión deberá considerar los compromisos asumidos por el Estado.
Katoen Natie, por su parte, advirtió que podría promover un nuevo arbitraje internacional si Uruguay autoriza una terminal competidora en condiciones que considere contrarias a sus derechos. La empresa sostiene que la aparición de otro operador afectaría las condiciones económicas sobre las que se sustentan las inversiones comprometidas en TCP.
Neltume rechaza esa interpretación y argumenta que el Estado conserva la potestad de promover la competencia portuaria. Mientras tanto, distintas empresas navieras y organizaciones empresariales analizan planteos destinados a reclamar mayores alternativas operativas y condiciones competitivas en Montevideo.
Una decisión que compromete el futuro portuario
La controversia trasciende los intereses particulares de Katoen Natie, Montecon y MSC. Uruguay debe definir cómo compatibilizar los compromisos contractuales existentes con la posibilidad de captar nuevas inversiones, aumentar el movimiento de contenedores y fortalecer su posición frente a los puertos competidores de la región.
La extensión de la concesión hasta 2081 introduce, además, una dimensión de largo plazo: las decisiones adoptadas ahora pueden condicionar el funcionamiento portuario durante varias décadas.
El gobierno deberá determinar si existe un camino jurídicamente viable para habilitar una segunda terminal sin exponer al país a indemnizaciones internacionales, o si resulta necesario negociar modificaciones al régimen actual.
El debate plantea una pregunta de fondo: hasta dónde puede un contrato celebrado por el Estado condicionar su capacidad futura de promover la competencia y organizar una infraestructura estratégica para la economía nacional.
La respuesta será determinante no solamente para las empresas involucradas, sino también para los exportadores, importadores, trabajadores y operadores logísticos que dependen del puerto de Montevideo.
Foto: Daniel Rodríguez / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
