Supermercados exigen eliminar un artículo de la Ley de Competitividad porque podría "aumentar" precios
30.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La Asociación de Supermercados cuestiona el artículo 139 de la Ley de Competitividad. Advierte que podría perjudicar a pequeños proveedores y aumentar los precios.
La Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) solicitó al Parlamento eliminar el artículo 139 del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi. La gremial sostiene que la disposición vulnera principios constitucionales, afecta la libertad de contratación y podría generar consecuencias contrarias al objetivo de abaratar los productos.
El planteo fue presentado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto después de su aprobación en el Senado.
La controversia gira en torno a las facultades que se pretende otorgar a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para elaborar recomendaciones y códigos de buenas prácticas sobre las relaciones comerciales entre supermercados y proveedores.
Cuestionamientos jurídicos
El artículo establece que el organismo podrá formular orientaciones sobre descuentos, bonificaciones, promociones, exhibición de productos, condiciones de abastecimiento y otras prácticas comerciales. Aunque los lineamientos tendrán carácter técnico y orientador, la Asociación de Supermercados considera que podrían terminar condicionando las negociaciones entre empresas.
Para fundamentar su posición, la gremial presentó un informe jurídico elaborado por el estudio Ferrere. El especialista en defensa de la competencia Alejandro Alterwain sostuvo ante los legisladores que la disposición presenta problemas de constitucionalidad porque delega en un organismo administrativo decisiones que deberían estar expresamente reguladas por ley.
Según su interpretación, el artículo afecta garantías relacionadas con la libertad de comercio y contratación, reconocidas por la Constitución. Alterwain también cuestionó que la misma comisión pueda elaborar orientaciones, interpretarlas e intervenir en procedimientos de investigación y sanción.
Se trata de objeciones jurídicas formuladas por los representantes empresariales, no de una declaración judicial de inconstitucionalidad.
Temor a perjudicar a pequeños proveedores
El gerente general de ASU, Daniel Menéndez, advirtió que la regulación podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas proveedoras. Explicó que muchos emprendimientos colocan productos nuevos en los supermercados para comprobar su aceptación entre los consumidores.
Si se establecen condiciones comerciales demasiado rígidas, como plazos de pago más breves, las cadenas podrían optar por trabajar únicamente con productos de mayor rotación. Según Menéndez, esto reduciría las oportunidades de ingreso de nuevos proveedores y limitaría la diversidad de marcas disponibles.
También sostuvo que eventuales modificaciones en las condiciones de abastecimiento podrían trasladar mayores costos logísticos a las empresas proveedoras y, finalmente, a los consumidores. La gremial advirtió que una normativa concebida para promover la competencia podría terminar favoreciendo a las compañías de mayor tamaño.
El peso de los supermercados
Durante su comparecencia parlamentaria, Menéndez rechazó que las grandes superficies controlen la mayor parte de la comercialización de alimentos y bebidas en Uruguay. Según los datos presentados por la asociación, los supermercados representan aproximadamente un tercio del mercado, con una participación que desde 2007 se mantiene entre el 33% y el 36%.
El empresario utilizó esas cifras para cuestionar la percepción de que el sector ejerce una posición dominante generalizada.
Una ley que enfrenta resistencias
El reclamo de ASU se suma a las observaciones de otras organizaciones empresariales. La Cámara de Industrias del Uruguay también solicitó eliminar el artículo 140, relacionado con la habilitación de importadores adicionales para determinados productos que ya cuentan con registros técnicos o sanitarios.
El gobierno promueve estas modificaciones como parte de una estrategia para mejorar la competencia y reducir el costo de vida. Los empresarios, en cambio, advierten sobre posibles efectos negativos para la producción, la distribución y las inversiones.
La Comisión de Hacienda deberá evaluar los planteos antes de definir la redacción final del proyecto. La discusión enfrenta dos posiciones: la intención gubernamental de fortalecer los mecanismos de competencia y la preocupación empresarial por preservar la libertad de negociación comercial.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
