UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.05.2026

CARACAS (Uypress) – Venezuela y PDVSA se preparan para iniciar un proceso de reestructuración de deuda que podría convertirse en uno de los más complejos de la historia reciente de los mercados emergentes. El movimiento apunta a ordenar obligaciones en mora desde 2017 y reabrir, gradualmente, el acceso del país al financiamiento internacional.

El punto de partida fue una autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitida el 5 de mayo a través de la Licencia General 58 de la OFAC. Esa licencia permite contratar servicios legales, financieros y de consultoría vinculados a una eventual reestructuración de deuda del Estado venezolano, PDVSA y sus entidades controladas. Sin embargo, no habilita todavía la reestructuración efectiva, la liquidación de deuda ni negociaciones directas con acreedores.

La precisión es importante. Venezuela no está todavía ante un acuerdo cerrado ni ante un canje formal de bonos. Lo que se abrió es una etapa preparatoria: contratar asesores, ordenar información, evaluar escenarios, diseñar propuestas y construir una arquitectura legal capaz de enfrentar una deuda acumulada durante años de default, sanciones, litigios y colapso productivo.

El país y su petrolera estatal están en mora desde 2017. Solo los bonos soberanos y de PDVSA en default rondan los US$ 60.000 millones, pero el monto total que podría entrar en una negociación es mucho mayor. Reuters estimó que, si se incluyen otras obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, la deuda externa relevante se ubica entre US$ 150.000 millones y US$ 170.000 millones. S&P Global Ratings elevó el rango potencial hasta US$ 150.000 millones-US$ 200.000 millones.

Esa magnitud explica por qué el proceso será especialmente difícil. No se trata de una negociación clásica con un grupo homogéneo de bonistas. Venezuela arrastra deuda soberana, deuda de PDVSA, intereses vencidos, reclamos comerciales, demandas de empresas expropiadas, préstamos bilaterales, compromisos petroleros y procesos judiciales en distintas jurisdicciones.

PDVSA ya comenzó a moverse. The Wall Street Journal informó que la petrolera estatal contrató al estudio White & Case, en un contexto marcado por la futura venta judicial de Citgo y por el inicio de una posible reorganización de su frente legal y financiero. La misma información señala que PDVSA también trabaja con Dentons, mientras grupos de bonistas se preparan para eventuales negociaciones.

El caso Citgo es uno de los nudos centrales. La refinería con sede en Estados Unidos es uno de los activos externos más valiosos de Venezuela y está sometida a un proceso de venta judicial para atender reclamos de acreedores. La OFAC extendió recientemente protecciones sobre Citgo hasta junio de 2026, lo que muestra que Washington busca evitar una ejecución desordenada mientras se exploran alternativas de reestructuración más amplias.

Los mercados reaccionaron rápido. Los bonos venezolanos y de PDVSA subieron después de la autorización estadounidense para contratar asesores, porque los inversores interpretaron la medida como una señal de que podría iniciarse un proceso largamente postergado. Bloomberg Law informó que algunos bonos soberanos alcanzaron sus precios más altos en años tras la licencia de la OFAC.

Pero el entusiasmo financiero convive con enormes obstáculos. La reestructuración deberá resolver quién representa legítimamente al Estado, qué acreedores quedan incluidos, cómo se tratan los reclamos contra PDVSA, qué ocurre con Citgo, cómo se reconocen intereses acumulados y qué papel tendrán China, otros acreedores bilaterales y empresas con laudos arbitrales.

También está el problema de las sanciones. Aunque la Licencia General 58 habilita servicios profesionales preparatorios, mantiene prohibiciones relevantes. No permite cerrar acuerdos de reestructuración, transferir deuda, negociar directamente con acreedores ni ejecutar sentencias sobre activos bloqueados. Eso significa que cualquier paso sustantivo requerirá nuevas autorizaciones de Washington.

Para Venezuela, ordenar la deuda es una condición necesaria para volver a los mercados. Mientras el país siga en default y bajo litigios múltiples, cualquier recuperación petrolera, inversión extranjera o normalización financiera estará limitada. La reestructuración puede abrir una puerta, pero no sustituye la necesidad de estabilizar instituciones, reglas fiscales, producción petrolera y relación con acreedores.

La deuda de PDVSA agrega otra capa de complejidad. La empresa es al mismo tiempo deudora, fuente principal de ingresos, activo estratégico del Estado y centro de los reclamos judiciales. Reuters informó que la deuda financiera consolidada de PDVSA se ubicó en US$ 34.580 millones en 2025, aunque las obligaciones totales vinculadas a la petrolera y sus litigios son mayores.

Los acreedores ya se preparan. Un grupo clave de bonistas venezolanos venía trabajando en la designación de Houlihan Lokey como asesor financiero, mientras comités de acreedores y fondos especializados siguen de cerca el proceso. La participación de grandes gestores internacionales será decisiva porque muchos de ellos compraron deuda venezolana con fuertes descuentos durante los años de sanciones y default.

El proceso puede generar una disputa dura por las condiciones. Los acreedores buscarán maximizar recuperación; Venezuela intentará obtener quitas, plazos largos y alivio de caja; Estados Unidos buscará condicionar la normalización financiera al nuevo marco político y sancionatorio; y los tribunales seguirán teniendo peso sobre activos bajo jurisdicción estadounidense.

El antecedente argentino aparece como referencia inevitable, pero Venezuela es un caso más enredado. Argentina reestructuró deuda soberana bajo ley extranjera con acreedores financieros; Venezuela deberá enfrentar, además, una empresa petrolera sancionada, activos embargables, reclamaciones arbitrales, sanciones internacionales y años de ausencia de información fiscal y financiera comparable.

La posibilidad de un acuerdo integral también dependerá del petróleo. Si la producción venezolana logra recuperarse y atraer inversión, el país tendrá más capacidad de ofrecer pagos futuros. Si la industria sigue limitada por infraestructura deteriorada, falta de capital y restricciones operativas, cualquier propuesta de reestructuración será más difícil de sostener.

El mensaje de fondo es que la deuda venezolana empieza a moverse después de casi una década congelada. La autorización estadounidense no resuelve el problema, pero permite preparar técnicamente una negociación que hasta ahora estaba bloqueada por sanciones y ausencia de canales formales.

La reestructuración, si avanza, será larga, litigiosa y políticamente sensible. Pero su sola posibilidad ya cambia el escenario financiero de Venezuela. Después de años de default, aislamiento y acumulación de intereses, el país comienza a ordenar el mapa de una deuda gigantesca. La pregunta es si ese primer paso alcanzará para transformar una expectativa de mercado en un acuerdo real, verificable y sostenible.