UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.09.2026

MADRID (Uypress)- La patronal SpainDC, que reúne a los gigantes de los data centers, rechaza las nuevas exigencias energéticas, recurren al Consejo de Estado y advierten sobre inversiones en riesgo.

Las grandes compañías de centros de datos abrieron un nuevo frente contra el Gobierno español por la regulación que prepara para estas infraestructuras, fundamentales para la expansión de la inteligencia artificial, según informa diario El País de Madrid. La patronal SpainDC, que agrupa a operadores y gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google, presentó sus objeciones ante el Consejo de Estado y prepara el terreno para una eventual batalla judicial.

El conflicto se concentra en el proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que incorpora nuevas exigencias energéticas, ambientales y de soberanía digital para los centros de datos.

SpainDC considera que algunas de esas obligaciones pueden ser discriminatorias, económicamente perjudiciales e incluso exceder las competencias del ministerio. La organización sostiene que determinadas cuestiones sobre acceso y conexión a las redes eléctricas corresponderían a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como regulador independiente.

La presentación ante el Consejo de Estado tiene especial importancia porque el Gobierno también deberá remitirle el proyecto antes de su aprobación definitiva. Su dictamen es preceptivo, aunque no vinculante.

El 80% renovable, centro de la disputa

El punto que genera mayor resistencia empresarial es la obligación de que los centros de datos garanticen un 80% de energía renovable adicional hora a hora para poder operar. El sector considera que esa exigencia resulta técnicamente muy difícil de cumplir con la configuración actual del sistema eléctrico y que puede elevar sustancialmente los costos de proyectos ya comprometidos.

El Gobierno, en cambio, mantiene por ahora ese principio. El Ejecutivo ha recibido más de 600 alegaciones durante el período de consulta y se muestra dispuesto a introducir modificaciones, pero sin renunciar a la filosofía general de la regulación.

Las exigencias no se limitan al suministro eléctrico. El proyecto incorpora condiciones sobre consumo de agua, sostenibilidad, ciberseguridad y soberanía digital, entre ellas requisitos relacionados con el establecimiento de los operadores dentro de la Unión Europea.

Inversiones por 67.000 millones

La batalla regulatoria llega en pleno auge de estas infraestructuras por el crecimiento de la inteligencia artificial. El sector estima que los centros de datos podrían movilizar en España cerca de 67.000 millones de euros de inversión hasta 2030. Las condiciones energéticas, la disponibilidad de suelo y la infraestructura de telecomunicaciones han convertido al país en uno de los destinos europeos de mayor interés para estas instalaciones.

Aragón es uno de los principales polos. Su gobierno regional también presentó alegaciones y pidió una "revisión integral" del decreto, al considerar que los requisitos previstos ponen en peligro inversiones ya anunciadas. Amazon proyectó inversiones superiores a 30.000 millones de euros en esa comunidad, donde también tienen planes Microsoft y otros grandes operadores.

La amenaza de los tribunales

SpainDC no descarta acudir a la Justicia si el Gobierno mantiene la regulación en sus términos actuales. La patronal sostiene que modificar las condiciones para inversiones iniciadas bajo reglas anteriores podría vulnerar la seguridad jurídica y dar lugar a reclamaciones patrimoniales multimillonarias. Al menos tres promotores estarían dispuestos a abandonar sus proyectos si el decreto se aprueba sin modificaciones sustanciales.

El sector se ha reforzado jurídicamente con algunos de los principales bufetes españoles, entre ellos Garrigues, Cuatrecasas y A&O Shearman, que estudian el alcance de las nuevas obligaciones y las posibles vías de impugnación.

El conflicto podría incluso adquirir una dimensión internacional. Una parte relevante del capital invertido procede del exterior, lo que abre la posibilidad de que algunos inversores intenten recurrir a mecanismos internacionales de arbitraje, aunque SpainDC no ha confirmado que vaya a seguir ese camino.

España ante una decisión estratégica

La disputa coloca al Gobierno ante un difícil equilibrio. Por un lado, busca evitar que la expansión acelerada de los centros de datos genere una presión excesiva sobre la red eléctrica, el consumo de agua y el medioambiente. Por otro, España aspira a convertirse en uno de los grandes centros europeos de infraestructura digital y de inteligencia artificial.

De hecho, el Ejecutivo prepara una candidatura para albergar una de las primeras gigafactorías europeas de IA mediante un proyecto público-privado que pretende movilizar unos 5.000 millones de euros.

Por ahora, el decreto todavía se encuentra en tramitación y puede sufrir modificaciones. Pero el movimiento de SpainDC ante el Consejo de Estado eleva considerablemente la presión.

Lo que comenzó como una discusión sobre sostenibilidad energética amenaza así con convertirse en una batalla por miles de millones de euros de inversión y por el lugar que España pretende ocupar en la carrera europea por la inteligencia artificial.