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03.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – América Latina se ha convertido en un frente emergente de la competencia estratégica más amplia entre Estados Unidos y China, donde la inteligencia artificial y las tecnologías de semiconductores actúan como la nueva moneda de influencia.

1. Resumen regional: La rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China en América Latina

América Latina se ha convertido en un frente emergente de la competencia estratégica más amplia entre Estados Unidos y China, donde la inteligencia artificial y las tecnologías de semiconductores actúan como la nueva moneda de influencia. A diferencia de la competencia ideológica de la Guerra Fría o de la pugna más reciente por la financiación de infraestructuras (puertos, ferrocarriles, 5G), esta "guerra blanda" se libra mediante marcos de gobernanza de datos, asociaciones en la nube y en la computación, acceso a modelos de IA y el control de las cadenas de suministro de hardware crítico.  E.E.UU articula su enfoque en torno a ecosistemas tecnológicos "de confianza": restringiendo infraestructuras al estilo de Huawei, ofreciendo incentivos vinculados a la Ley de Chips (*Chip Act*) y advirtiendo a los gobiernos regionales sobre la "incursión extranjera hostil" en infraestructuras digitales críticas, tal como se establece en la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. de noviembre de 2025. China, por el contrario, ofrece paquetes de IA y telecomunicaciones comercialmente atractivos -a menudo bajo la modalidad "llave en mano"- combinados con comercio, inversión y financiación vinculados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, posicionándose como un socio libre de condicionamientos en materia de gobernanza o derechos humanos.

Para la mayoría de los Estados latinoamericanos, no se trata de una elección binaria, sino de un ejercicio de equilibrio. Países con instituciones democráticas sólidas y vínculos históricamente estrechos con Washington mantienen, no obstante, una profunda interdependencia económica con China, su principal socio comercial, lo que genera incentivos estructurales para diversificar riesgos en lugar de alinearse plenamente. El resultado es un patrón regional de "dualidad estratégica" o "soberanía adaptativa": se acepta capital, chips e infraestructura de IA chinos cuando resulta económicamente ventajoso, al tiempo que se preservan los vínculos institucionales, de seguridad y normativos con EE. UU. y sus aliados. Esta dinámica obliga cada vez más a los Estados pequeños y medianos a desarrollar doctrinas explícitas de no alineamiento tecnológico, dado que la dimensión de la IA y los chips en la competencia entre grandes potencias, a diferencia de los bienes comerciales, afecta a ámbitos sensibles como la infraestructura nacional, la soberanía de datos y las capacidades de vigilancia.

2. Resumen sobre la politica de Uruguay: La neutralidad progresista ante la pugna por la IA y los chips

Uruguay ofrece un caso singular de cómo una democracia pequeña, con instituciones sólidas, busca ejercer la neutralidad en la era de la IA y los semiconductores. Fiel a una tradición de política exterior basada en la neutralidad y el multilateralismo, el país ha evolucionado en los últimos años hacia lo que su gobierno denomina «neutralidad progresista»: una doctrina que no implica un no alineamiento pasivo, sino una interacción activa y simultánea con Washington y Pekín para obtener beneficios tecnológicos y económicos de ambos sin alinearse formalmente con ningún bloque. Esta postura dual se refleja en que Uruguay mantiene vínculos institucionales y militares con Occidente -incluidas sus contribuciones a las misiones de paz de la ONU y su cooperación en materia de seguridad con EE. UU., mientras China fue su principal socio comercial de bienes entre 2013 y 2024 y, en 2018, Uruguay se convirtió en el primer país del Cono Sur en adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Este equilibrio se extiende directamente a las políticas sobre inteligencia artificial (IA) y semiconductores. Uruguay ha impulsado una docena de acuerdos de cooperación con China en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y el comercio -firmados durante una reunión en 2026 entre el presidente Yamandú Orsi y Xi Jinping, viaje que se llevó a cabo pese a las presiones de la administración Trump para evitar la influencia tecnológica china en América Latina-. Al mismo tiempo, Uruguay mantiene su alineación con las normas multilaterales de gobernanza de la IA de orientación occidental -adhiriéndose a los Principios de la OCDE sobre IA, a pesar de no ser miembro de dicha organización- y se ha posicionado como un centro regional de gobernanza de la IA, al albergar diálogos políticos sobre la materia en el marco de la Alianza Digital UE-ALC en Montevideo y obtener una buena clasificación entre las economías emergentes en los indicadores de preparación para la IA que monitorea el FMI.

Sin embargo, el modelo de neutralidad progresista enfrenta tensiones reales en el ámbito de la infraestructura. Los analistas señalan que China ha comenzado a utilizar su peso económico y sus redes de influencia en Uruguay de manera cada vez más coercitiva; citan incidentes como la cancelación de una visita prevista a Taiwán por parte de un gobernador provincial en marzo de 2026, tras recibir presiones diplomáticas chinas que invocaban la política de «una sola China» de Uruguay. Esto ilustra la tensión fundamental del enfoque de Uruguay: a diferencia del comercio de productos agrícolas, la infraestructura de IA y chips (centros de datos, redes troncales de telecomunicaciones, sistemas vinculados a la vigilancia) conlleva dependencias estratégicas intrínsecas que resultan más difíciles de mantener «neutrales» una vez adoptadas. Esto convierte el experimento uruguayo en una prueba en tiempo real para determinar si el no alineamiento tecnológico de un estado pequeño es sostenible a medida que se intensifica la rivalidad entre Estados Unidos y China, o si las dependencias a nivel de infraestructura acabarán imponiendo un alineamiento *de facto*, independientemente de la política declarada.

Diferencias tecnológicas: cómo EE. UU. y China han aplicado las TIC en América Latina

Ambas potencias han seguido modelos estructuralmente distintos -no solo tecnologías diferentes, sino también mecanismos de implementación diversos- y esa diferencia es lo que más importa para un país como Uruguay.

El modelo de China: es basado en paquetes de infraestructura respaldados por el Estado

El enfoque de China se ha centrado en proyectos de infraestructura financiados y llave en mano-redes troncales de telecomunicaciones, estaciones base 5G y paquetes de vigilancia para "Ciudades Inteligentes/Seguras" (reconocimiento facial, lectura de matrículas, monitoreo de redes sociales) -suministrados por Huawei, ZTE y Hikvision como parte de la Ruta de la Seda Digital, el brazo tecnológico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La ventaja de Huawei en la región ha sido principalmente comercial: ofrece una gama completa de hardware integrada verticalmente sin necesidad de subcontratar componentes, superando en precio a sus competidores occidentales, y acompaña el equipo con financiación en condiciones favorables proveniente de bancos estatales chinos. Este modelo encontró un mercado receptivo en América Latina debido a las altas tasas de criminalidad y a la infraestructura de telecomunicaciones obsoleta de la región; municipios de Ecuador, Bolivia y Venezuela adoptaron redes de cámaras para "Ciudades Seguras», presentadas explícitamente como herramientas para combatir el delito. El inconveniente, ampliamente señalado por analistas de America Latina y Europa, es que dicha arquitectura tiene un doble uso: puede facilitar la vigilancia estatal y el acceso a datos por parte de intermediarios chinos, con la misma facilidad con la que reduce la delincuencia callejera; además, la etiqueta de "Ciudad Segura" ha alimentado acusaciones de que China está exportando un conjunto de herramientas de gobernanza autoritaria junto con el hardware. En cuanto al despliegue físico, las empresas chinas han superado con creces a sus competidores estadounidenses en la región: los informes sugieren que la instalación de estaciones base 5G por parte de Huawei en América Latina ha sido varias veces mayor que el despliegue comparable realizado por empresas estadounidenses en el mismo período.

El modelo de EE. UU.: liderado por el sector privado, basado en restricciones e incentivos

La postura histórica de Washington ha estado mucho menos dirigida por el Estado. En lugar de financiar directamente la infraestructura, el enfoque de EE. UU. se ha basado en (1) empresas privadas estadounidenses (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Meta, Qualcomm, Cisco) que compiten comercialmente sin la financiación subvencionada de la que gozan las firmas chinas; (2) herramientas de control de exportaciones y listas negras destinadas a restringir el acceso de China a chips y equipos avanzados, en lugar de desarrollar infraestructura alternativa en el extranjero -incluidas las restricciones del Departamento de Comercio de 2019 contra Huawei y el escrutinio de inversiones salientes de 2024 para transacciones con China en los sectores de IA, semiconductores y supercomputación-; y (3) la Ley CHIPS y de Ciencia de 2022, un programa de subsidios internos de 52.700 millones de dólares orientado a relocalizar la fabricación de semiconductores (como la planta de Intel en Arizona o la instalación de Samsung en Texas) en lugar de exportar capacidad de fabricación de chips a países socios. Analistas internacionales han señalado abiertamente que esto ha dejado un vacío estratégico en la región: Estados Unidos no ha complementado su postura restrictiva hacia China con una oferta económica propia que sea igualmente generosa y coherente en América Latina; de hecho, en algunos casos, las recientes medidas arancelarias estadounidenses (por ejemplo, contra Colombia en 2025-2026) se han percibido localmente como contraproducentes para el objetivo de competitividad, reforzando la reputación de China como un socio más fiable y presente, incluso allí donde, en principio, se prefieren los estándares de gobernanza estadounidenses.

La diferencia práctica para Uruguay

China ofrece rapidez, precio y financiación con menos condicionantes institucionales, aunque conlleva riesgos reales de soberanía de datos y de doble uso integrados en la propia capa de hardware. Estados Unidos ofrece confianza institucional, alineación con el Estado de derecho y acceso a chips y capacidad de cómputo de IA de vanguardia, pero históricamente con procesos más lentos, menos coordinados y sin instrumentos de financiación equivalentes. Esa asimetría -y no la ideología- es el verdadero eje que Uruguay debe gestionar.

Las decisiones políticas más eficientes y prácticas para Uruguay en la actualidad

Dada la postura de "neutralidad progresiva" de Uruguay, su fortaleza institucional y su dependencia económica de China como socio comercial, las medidas más estratégicas son aquellas que preservan la capacidad de elección en lugar de forzar una decisión prematura.

1. Segmentar la infraestructura según su nivel de sensibilidad, no por la nacionalidad del proveedor.

Uruguay no necesita elegir entre China y EE. UU. de forma absoluta; requiere un marco escalonado: tratar la red troncal de telecomunicaciones, los centros de datos gubernamentales y cualquier sistema vinculado a la vigilancia (cámaras de tráfico, identificación biométrica, sistemas de fuerzas de seguridad) como una categoría de alta sensibilidad que exija diversificación de proveedores, auditorías de seguridad y requisitos de localización de datos, independientemente del origen del proveedor. Las aplicaciones comerciales de menor sensibilidad (tecnología agrícola, IA para logística, servicios en la nube para consumidores) pueden permanecer abiertas a licitaciones competitivas de cualquier socio, incluidos los proveedores chinos, ya que el beneficio de la "neutralidad progresiva" depende de mantener este segmento genuinamente abierto.

2. Formalizar un estándar de adquisiciones y auditoría neutral respecto a los proveedores.

En lugar de vetar a Huawei o a cualquier empresa en particular (una medida políticamente costosa que socavaría la neutralidad), a Uruguay le conviene más adoptar normas técnicas vinculantes -localización de datos, auditorías de seguridad realizadas por terceros, requisitos de interoperabilidad- que cualquier proveedor deba cumplir. Esto permite a Uruguay rechazar o restringir un proyecto específico con base en criterios técnicos o de seguridad documentados, sin necesidad de emitir una declaración geopolítica simbólica, preservando así la posibilidad de negar la intencionalidad política y manteniendo el equilibrio.

3. Buscar activamente el acceso a la capa de computación y chips controlada por EE. UU., ya que China no puede ofrecer una alternativa en este ámbito.

Los chips de IA de última generación y los modelos de frontera siguen siendo un punto crítico controlado por EE. UU. y sus aliados, que las empresas chinas no pueden igualar actualmente. Uruguay debería priorizar el acceso preferente a la infraestructura de computación en la nube y de IA de EE. UU. (AWS, Microsoft, Google, infraestructura basada en Nvidia) y a asociaciones de investigación vinculadas a la Ley CHIPS (CHIPS Act) ahora, mientras aún goza de buena voluntad por haberse resistido a una alineación explícita contra China; este es un activo que no tiene equivalente chino, por lo que asegurarlo tiene un costo mínimo para Uruguay en términos de neutralidad.

4. Utilizar la participación en organismos multilaterales de gobernanza de la IA como cobertura neutral para implementar estándares reales. El continuo apego de Uruguay a los Principios de la OCDE sobre IA y su papel como anfitrión de los diálogos sobre políticas de IA entre la UE y América Latina y el Caribe (UE-LAC) en Montevideo le proporcionan un lenguaje sólido y no alineado para imponer salvaguardias (transparencia, evaluaciones de impacto en los derechos humanos, rendición de cuentas algorítmica) a cualquier sistema de IA que adopte -ya sea chino o estadounidense- sin que dichas medidas se perciban como una acción alineada con EE. UU.

5. Diversificar más allá de la dicotomía siempre que sea posible.

La UE, Corea del Sur, Japón y Estonia ofrecen asociaciones en materia de IA, chips e infraestructura digital que no conllevan la misma carga de vigilancia asociada al doble uso que presentan los proveedores chinos, ni las mismas condiciones geopolíticas vinculadas a las ofertas de EE. UU. Fortalecer los vínculos de la Alianza Digital UE-LAC y las asociaciones de telecomunicaciones con Corea y Japón brinda a Uruguay una auténtica tercera vía; este es el refuerzo más sólido posible para una doctrina de "neutralidad progresista", ya que la neutralidad resulta mucho más creíble cuando existen tres o más alternativas reales en lugar de solo dos.

6. Desarrollar capacidad institucional para auditar de forma independiente los riesgos de doble uso, en lugar de depender de las garantías ofrecidas por cualquiera de los dos países.

Dada la existencia de casos documentados de presión coercitiva por parte de China en otras partes de la región (por ejemplo, el incidente con el gobernador provincial mencionado anteriormente) y la bien documentada desconfianza de EE. UU. hacia la infraestructura vinculada a Huawei, las propias agencias uruguayas de ciberseguridad y protección de datos deberían contar con la capacidad técnica independiente necesaria para evaluar los sistemas basándose en sus propios méritos; esto es precisamente lo que confiere credibilidad -más allá de la mera retórica- al componente "activo" de la neutralidad progresista.

Estonia como modelo de «tercera vía» para la cooperación de Uruguay en IA

En medio de la polarización derivada de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, los pequeños Estados digitalmente avanzados, como Estonia, ofrecen a Uruguay un tipo de socio cualitativamente distinto: uno cuya propuesta de valor es arquitectónica y normativa, más que geopolítica. El modelo de gobierno electrónico de Estonia -basado en una identidad digital (e-ID) obligatoria para el 99 % de la población, la capa de interoperabilidad X-Road que permite el intercambio seguro de datos bajo el principio de «solo una vez» entre organismos, y una arquitectura legal que reconoce la propiedad de los datos como perteneciente al ciudadano- lo ha convertido en el referente mundial más citado en materia de Estado digital. Estonia ya ha comenzado a exportar este modelo directamente a América Latina: Perú incorporó el enfoque estonio en su Ley de Gobierno Digital de 2018, Trinidad y Tobago está desarrollando un sistema de identidad digital por capas sobre una versión adaptada de X-Road, y Estonia copreside actualmente los diálogos políticos de alto nivel UE-ALC sobre gobierno electrónico, recibiendo a delegaciones regionales en Tallin para transferir conocimientos prácticos de implementación directamente a los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Para Uruguay, un acuerdo de cooperación en IA con Estonia conlleva una lógica estratégica singular que no puede replicarse mediante acuerdos con Estados Unidos o China. En primer lugar, se trata de una colaboración despolitizada: Estonia es un Estado pequeño, miembro de la OTAN y de la UE, sin una agenda propia de gran potencia en América Latina; esto implica que la transferencia tecnológica se produce sin los riesgos de infraestructura de vigilancia asociados a los proveedores chinos ni las condicionalidades comerciales típicas de los acuerdos con Estados Unidos, reforzando así -en lugar de comprometer- la neutralidad progresista de Uruguay. En segundo lugar, el modelo se adapta arquitectónicamente al perfil uruguayo: ambos son democracias pequeñas, estables institucionalmente y caracterizadas por altos niveles de confianza, donde resulta más viable implementar una administración pública digital ágil que en Estados más grandes y fragmentados; además, la reputación de Uruguay por sus instituciones sólidas y sus bajos índices de corrupción refleja las condiciones previas que permitieron el éxito del modelo estonio. En tercer lugar, Estonia está extendiendo ahora esta experiencia al ámbito de la propia IA -mediante pruebas piloto de identidades digitales soberanas para agentes de IA e integrando la automatización de servicios públicos impulsada por IA sobre la plataforma X-Road-, lo que ofrece a Uruguay un modelo para incorporar la gobernanza de la IA directamente en la columna vertebral de su gobierno electrónico, en lugar de abordar la adopción de la IA y la infraestructura digital como vías separadas. En la práctica, esto sugiere que la medida más eficiente a corto plazo para Uruguay es un acuerdo gubernamental específico -posiblemente canalizado a través de la e-Governance Academy de Estonia o del marco del NIIS (Instituto Nórdico para Soluciones de Interoperabilidad), utilizado para extender X-Road más allá de los países bálticos- centrado en la identidad digital interoperable, los estándares de intercambio seguro de datos y proyectos piloto de IA en la administración pública. El primer paso para implementar este acuerdo requiere un contacto inicial liderado por el embajador de Uruguay en Finlandia, quien actuará bajo las instrucciones de los técnicos en IA del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos gubernamentales. Esta iniciativa permitiría a Uruguay adoptar estándares de infraestructura digital probados y neutrales respecto a los proveedores, lo que dificultaría -en lugar de facilitar- que Washington o Pekín se infiltraran en los sistemas estatales centrales del país, dado que Uruguay se basaría en una arquitectura abierta e interoperable en lugar de en un ecosistema tecnológico propietario de origen chino o estadounidense. En efecto, Estonia ofrece a Uruguay una vía para reforzar el componente "activo" de la Neutralidad Progresista: no limitarse a mantener el equilibrio entre dos grandes potencias, sino reducir la dependencia estructural de cualquiera de ellas mediante el desarrollo de capacidades digitales soberanas a través de un tercero de bajo riesgo y técnicamente solvente.

Financiamiento

Un acuerdo bilateral de asistencia técnica y los memorandos de entendimiento entre gobiernos -como las iniciativas de cooperación en gobernanza digital e IA entre Estonia y Uruguay- suelen regirse por las siguientes condiciones financieras estándar: principios de autofinanciación ("cada parte asume sus propios costos"), donde la mayoría de los memorandos de entendimiento intergubernamentales estipulan que cada país es responsable de financiar sus propios gastos administrativos, de viaje y operativos derivados de las actividades conjuntas (por ejemplo, el envío de delegaciones, la organización de talleres o el intercambio de expertos). También se observa la ausencia de transferencias presupuestarias directas, ya que estos acuerdos marco, que no son vinculantes, generalmente no implican transferencias monetarias directas ni subsidios en efectivo transfronterizos entre ambos gobiernos nacionales. En cuanto a cofinanciación y canales de financiación de terceros, los marcos de la UE y multilaterales, en lugar de financiamiento directo entre Estados, financian o subvencionan las iniciativas conjuntas de IA y gobernanza digital a través de fondos multilaterales de transformación digital, como la Alianza Digital UE-ALC (en el marco del programa Global Gateway de la UE) o la e-Governance Academy (eGA) en Estonia. Además, la financiación específica para proyectos, como programas piloto técnicos, intercambios de investigación o integración de software, se realiza mediante acuerdos de implementación individuales, subvenciones institucionales o asociaciones público-privadas (APP) establecidas caso por caso.