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20.09.2025

OTHER NEWS (Por Valeria M. Rivera Rosas* – Mundiario)- La decisión de la Fiscalía General de abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza sitúa a España en un terreno incómodo pero necesario: el de elegir entre la indiferencia cómplice y el compromiso con el derecho internacional.

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, autorizada por el fiscal general Álvaro García Ortiz, no es un gesto menor ni un mero trámite burocrático. Es, en esencia, un pronunciamiento político y jurídico que interpela directamente a la conciencia europea en un momento de parálisis internacional. Hablar de "crímenes de guerra" o incluso de "genocidio" en Gaza implica situar a España en el centro de un debate que muchos gobiernos prefieren esquivar.

La fiscal de Derechos Humanos, Dolores Delgado, lo resumió con crudeza: no se trata de juzgar a un jefe de Estado extranjero -competencia exclusiva de la Corte Penal Internacional-, sino de preservar pruebas, testimonios y hechos que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido. Esa labor, que parece técnica y distante, es en realidad la piedra angular de cualquier intento de justicia futura.

El peso de la memoria y la justicia universal

España conoce bien lo que significa debatir sobre la jurisdicción universal. Durante años, la Audiencia Nacional fue referencia internacional en la persecución de crímenes contra la humanidad: desde Pinochet hasta los militares argentinos o los verdugos de Ruanda. Aquel impulso se vio cercenado por las presiones diplomáticas y las reformas legales de 2009 y 2014, que limitaron la capacidad de los jueces españoles para actuar fuera de nuestras fronteras.

Ahora, la investigación sobre Gaza rescata, aunque con cautela, ese espíritu. No se trata de erigir a España en tribunal del mundo, sino de asumir una obligación internacional derivada de tratados firmados y de un compromiso con la Corte Penal Internacional. Es, en definitiva, una vuelta al espejo: ¿queremos seguir siendo un país que actúe como sujeto activo del derecho internacional o preferimos refugiarnos en la comodidad de la neutralidad?

La incomodidad de la política

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó la investigación de "razonable" y "necesaria". Sus palabras reflejan un consenso tácito en el Gobierno, pero también dejan entrever la incomodidad política que genera el asunto. Reconocer la posibilidad de un genocidio en Gaza implica señalar directamente a Israel, aliado estratégico de Occidente, y chocar con la narrativa dominante en Washington y Bruselas, más proclive a matizar que a condenar.

Que el Partido Popular haya guardado silencio o se haya mostrado reticente tampoco sorprende: la política exterior española rara vez se mueve por convicciones éticas, y casi siempre lo hace a golpe de alineamiento con los grandes socios internacionales. Pero la opinión pública, cada vez más sensibilizada por las imágenes de la devastación en Gaza, puede no aceptar el silencio como respuesta.

Gaza como herida abierta

Las investigaciones parten, entre otros, de informes policiales que documentan testimonios de testigos protegidos y posibles violaciones graves contra la población civil. La Comisión Internacional de la ONU ya ha calificado los hechos como genocidio, lo que añade un elemento de presión moral. Pero, más allá de los tecnicismos jurídicos, Gaza es hoy una herida abierta en la conciencia global: barrios arrasados, hospitales convertidos en ruinas, niños huérfanos cuya única certeza es el miedo.

España, al abrir diligencias, no resuelve el conflicto ni cambia el curso de la guerra. Pero lanza un mensaje: la barbarie no puede normalizarse y la justicia, por lejana que parezca, exige que alguien comience a recoger las piezas del puzzle.

El dilema es claro: ¿hasta dónde puede España tensar la cuerda sin poner en riesgo sus equilibrios diplomáticos? La respuesta quizá no esté en la política inmediata, sino en la historia. Dentro de unas décadas, cuando se juzgue lo ocurrido en Gaza, la pregunta será quién hizo algo para documentar, investigar y denunciar. No quién se calló para no molestar a un aliado.

La investigación no condena a Netanyahu ni a Israel -eso será tarea de la Corte Penal Internacional si llega el momento-, pero sí compromete a España en la preservación de la verdad. Y, en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa, ese gesto es ya una forma de resistencia.

Un compromiso incómodo, pero imprescindible

La investigación sobre Gaza es, en definitiva, un recordatorio de que el derecho internacional no es un ornamento diplomático, sino una tabla de salvación frente a la barbarie. España, con todas sus limitaciones, ha decidido no mirar hacia otro lado. Y esa decisión, aunque incómoda y arriesgada, es también una forma de dignidad política.

Porque en Gaza se juega mucho más que una guerra. Se juega la vigencia de un principio esencial: que incluso en medio del horror, la justicia debe tener la última palabra.

*Valeria M. Rivera Rosas escribe en Mundiario, donde es la coordinadora general. Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso, se graduó en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín de Venezuela. 

Foto: Gazatíes retiran ayuda humanitaria / X