HAITÍ / PANDILLAS, SOBERANÍA Y CRISIS DE SEGURIDAD
«Haití pertenece a los haitianos»: el discurso de Barbecue frente a la intervención extranjera
13.11.2026
PUERTO PRÍNCIPE (Uypress) – Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, uno de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que operan en Haití, vuelve a utilizar un discurso de defensa de la soberanía nacional frente a la intervención de fuerzas extranjeras. Sus mensajes circulan en un país donde las pandillas mantienen el control de amplias zonas urbanas, condicionan la circulación de la población y desafían la autoridad del Estado.
Chérizier, antiguo integrante de la Policía Nacional haitiana, se convirtió en una de las figuras más conocidas de la violencia organizada en el país caribeño.
En sus intervenciones públicas combina críticas a las autoridades haitianas, denuncias contra las élites económicas y mensajes de rechazo a la presencia de fuerzas militares internacionales.
Esa retórica pretende presentar la actuación de las organizaciones armadas como una forma de resistencia nacional.
Sin embargo, las investigaciones de Naciones Unidas describen una realidad diferente: las pandillas utilizan asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas para controlar territorios y someter a las comunidades.
De expolicía a dirigente de una coalición criminal
Jimmy Chérizier fue integrante de la Policía Nacional de Haití antes de convertirse en uno de los principales líderes de las estructuras armadas de Puerto Príncipe.
Su nombre quedó asociado inicialmente con G9 an Fanmi e Alye, una federación de pandillas que desarrolló una importante presencia territorial en la capital.
Posteriormente adquirió protagonismo dentro de Viv Ansanm, expresión en criollo haitiano que significa Vivir Juntos.
Esta alianza surgió de acuerdos entre organizaciones que anteriormente habían mantenido enfrentamientos por el control de diferentes barrios.
La coordinación permitió desarrollar ataques contra instalaciones policiales, edificios públicos, centros penitenciarios y otras infraestructuras estratégicas.
Naciones Unidas incorporó a Chérizier y a Viv Ansanm a sus regímenes de sanciones por actividades que amenazan la paz y la seguridad de Haití.
Los informes internacionales también vinculan a estas organizaciones con graves violaciones de derechos humanos.
La soberanía nacional como argumento político
Una característica del discurso de Chérizier es su rechazo a las intervenciones militares extranjeras.
El dirigente presenta la presencia internacional como una amenaza a la independencia haitiana y sostiene que la solución a la crisis debe surgir de los propios habitantes del país.
Esta posición utiliza referencias históricas de especial importancia para Haití, cuya independencia fue proclamada en 1804 después de una revolución protagonizada por personas esclavizadas.
La memoria de aquella revolución continúa ocupando un lugar central en la identidad nacional haitiana.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre defender la soberanía del país y utilizar ese principio para justificar el accionar de organizaciones armadas.
El derecho de los haitianos a decidir su futuro político no otorga legitimidad a grupos que imponen restricciones mediante amenazas y violencia.
Las investigaciones internacionales muestran que las pandillas han utilizado discursos políticos para reforzar su influencia territorial y disputar autoridad a las instituciones estatales.
Una capital fragmentada por el control de las pandillas
Durante los últimos años, diferentes organismos internacionales estimaron que las organizaciones criminales llegaron a controlar o ejercer influencia sobre aproximadamente el 85% del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Sin embargo, la situación territorial no permanece estática.
El informe de expertos de Naciones Unidas publicado en setiembre de 2026 señala que las operaciones de seguridad desarrolladas desde fines de 2025 permitieron recuperar parcialmente algunas zonas de la capital.
También documenta enfrentamientos entre organizaciones integrantes de Viv Ansanm.
A pesar de esos cambios, las pandillas conservan posiciones importantes y mantienen influencia sobre rutas de acceso, barrios y corredores comerciales.
El control territorial no se limita a la presencia de hombres armados.
También comprende la imposición de normas informales, cobros extorsivos, restricciones a la circulación y represalias contra quienes son considerados colaboradores de las fuerzas de seguridad.
En determinadas zonas, los habitantes deben modificar sus actividades cotidianas en función de las decisiones de las organizaciones criminales.
Encierros impuestos mediante amenazas
Una de las manifestaciones más visibles de ese poder es la capacidad de las pandillas para ordenar cierres de comercios y restricciones de circulación.
En distintas oportunidades, las organizaciones armadas convocaron acciones destinadas a paralizar barrios o impedir el funcionamiento normal de la ciudad.
La población puede quedar obligada a permanecer dentro de sus viviendas por temor a represalias.
Estas restricciones afectan especialmente a trabajadores, comerciantes, estudiantes y personas que necesitan acceder a servicios sanitarios.
También dificultan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.
La imposición de estas condiciones constituye una forma de control coercitivo sobre las comunidades.
Aunque Chérizier y otros dirigentes recurren a expresiones relacionadas con la libertad y la independencia, los mecanismos utilizados por las pandillas restringen derechos fundamentales de la población.
La intervención extranjera y sus dificultades
La crisis haitiana motivó la creación de mecanismos internacionales destinados a apoyar a las autoridades nacionales.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene como objetivo colaborar con las instituciones haitianas para recuperar territorios y reducir la capacidad operativa de las organizaciones armadas.
Su mandato fue prorrogado en setiembre de 2026 hasta marzo de 2027.
Sin embargo, el despliegue continúa enfrentando dificultades relacionadas con la disponibilidad de efectivos, recursos y coordinación operativa.
En octubre, Naciones Unidas advirtió que la fuerza internacional todavía estaba lejos de alcanzar el número de integrantes autorizado.
Los grupos criminales, por su parte, comenzaron a modificar sus tácticas frente a la presión de las operaciones policiales y militares.
Los informes internacionales documentan represalias contra comunidades, secuestros y una expansión de los ataques hacia zonas rurales.
La situación muestra que la recuperación de territorios constituye solamente una parte de los desafíos de seguridad.
El factor salvadoreño
La discusión sobre la intervención extranjera adquirió una nueva dimensión con la participación militar de El Salvador.
El Gobierno de Nayib Bukele reforzó su presencia en Haití después de que cuatro militares salvadoreños desaparecieran durante un ataque ocurrido en octubre.
El episodio generó nuevas tensiones sobre las operaciones internacionales, las condiciones de seguridad y los mecanismos de coordinación con las autoridades haitianas.
También fortaleció el debate sobre las atribuciones de las fuerzas extranjeras y la necesidad de establecer responsabilidades claras frente a eventuales daños a la población civil.
En este contexto, los mensajes de Chérizier contra los contingentes internacionales adquieren una dimensión política adicional.
Sin embargo, no existen elementos suficientes para afirmar que una grabación determinada corresponda a una respuesta directa al despliegue salvadoreño, salvo que se establezcan su fecha y contenido original.
Más de mil muertos en tres meses
La dimensión humanitaria del conflicto continúa siendo extremadamente grave.
Naciones Unidas informó el 12 de noviembre de 2026 que más de mil personas murieron en Haití entre julio y setiembre, en un contexto de violencia armada, operaciones de seguridad y enfrentamientos.
Los informes también documentaron secuestros, violencia sexual y represalias contra civiles.
La expansión de los grupos armados hacia regiones situadas fuera de Puerto Príncipe incrementó el número de comunidades expuestas a ataques.
La violencia también contribuyó al desplazamiento interno de cerca de 1,5 millones de personas, incluidos cientos de miles de niños.
Las dificultades para acceder a alimentos, atención sanitaria y educación profundizan una emergencia humanitaria que se prolonga desde hace años.
La población civil continúa soportando las principales consecuencias de la confrontación entre las organizaciones criminales, las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados.
Sin elecciones y con instituciones debilitadas
La crisis de seguridad también condiciona la recuperación de la vida democrática.
Las elecciones presidenciales y legislativas que estaban previstas para diciembre de 2026 fueron postergadas debido a las dificultades para garantizar condiciones adecuadas de participación y seguridad.
Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016.
La falta de autoridades elegidas mediante procesos recientes y el debilitamiento de las instituciones complican la construcción de acuerdos políticos duraderos.
En ese escenario, las pandillas intentan consolidar espacios de poder mediante el control de territorios y recursos económicos.
El vacío institucional favorece la aparición de mecanismos informales de autoridad que dificultan la recuperación de las funciones del Estado.
Sin embargo, la actividad de las instituciones haitianas no ha desaparecido completamente.
La Policía Nacional, las autoridades de transición y diferentes organismos públicos continúan desarrollando funciones, aunque bajo condiciones extraordinariamente difíciles.
La soberanía también implica proteger a la población
El discurso nacionalista de Jimmy Chérizier plantea una contradicción central.
Mientras reivindica que los haitianos deben decidir el futuro de su país sin imposiciones extranjeras, las organizaciones armadas en las que participa ejercen un poder que limita la libertad de numerosos habitantes.
La recuperación de la soberanía haitiana no depende exclusivamente de reducir la presencia de fuerzas internacionales.
También requiere que las instituciones del país puedan ejercer sus funciones y que la población recupere derechos básicos, incluidos el desplazamiento, la educación, la atención sanitaria y la participación política.
Naciones Unidas ha insistido en que las operaciones de seguridad deben acompañarse de políticas de fortalecimiento institucional, desarme, reintegración y recuperación de servicios públicos.
La historia de Haití demuestra la importancia que la independencia y la autodeterminación tienen para su sociedad.
Pero el desafío actual es garantizar que esos principios se traduzcan en condiciones reales de libertad y seguridad para sus habitantes.
En una capital donde todavía existen territorios sometidos al control de organizaciones armadas, la distancia entre los discursos sobre la soberanía y la vida cotidiana de la población continúa siendo uno de los problemas centrales de la crisis.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
