UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.06.2026

GAZA/RAMALA (Uypress) – Informar desde zonas de guerra se ha convertido en una tarea cada vez más peligrosa. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó 129 periodistas y trabajadores de medios muertos en 2025, la cifra anual más alta desde que la organización comenzó sus registros en 1992.

El dato confirma una tendencia alarmante: la cobertura de conflictos, protestas, ocupaciones militares y regímenes autoritarios se volvió más letal, más restringida y más expuesta a ataques directos o indirectos contra quienes intentan documentar los hechos.

El caso de Gaza ocupa el centro de la preocupación internacional. Según CPJ, la mayoría de las muertes de periodistas registradas en 2025 ocurrieron en contextos de conflicto, y una proporción sustancial correspondió a periodistas palestinos que cubrían la guerra desde dentro de la Franja.

La situación se ve agravada por una restricción clave: Israel no permite el ingreso independiente de periodistas extranjeros a Gaza. Eso deja la cobertura cotidiana en manos de periodistas locales, que trabajan bajo bombardeos, desplazamientos, escasez, pérdida de familiares y riesgo permanente de muerte.

Israel sostiene que no ataca deliberadamente a periodistas y afirma que sus operaciones apuntan contra integrantes o colaboradores de organizaciones armadas. Sin embargo, organizaciones de prensa y derechos humanos cuestionan que esas acusaciones no siempre sean acompañadas por pruebas públicas suficientes y reclaman investigaciones independientes.

El derecho internacional humanitario establece que los periodistas son civiles en los conflictos armados y deben ser protegidos como tales, salvo que participen directamente en hostilidades. Para CPJ, la magnitud de las muertes y la falta de rendición de cuentas muestran un deterioro grave de esa protección.

La preocupación volvió a crecer en los últimos días tras la muerte del camarógrafo de Al Jazeera Ahmed Wishah, abatido en un ataque israelí en el campo de refugiados de Bureij, en Gaza. El Ejército israelí afirmó que Wishah tenía vínculos con Hamás; Al Jazeera rechazó la acusación y denunció una campaña para desacreditar a periodistas muertos en servicio.

Cisjordania también aparece como un territorio cada vez más difícil para el ejercicio periodístico. Reporteros Sin Fronteras advirtió sobre un aumento de la presión contra periodistas en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, con ataques, detenciones, restricciones de movimiento y agresiones durante coberturas de campo.

En varios episodios recientes, equipos de prensa fueron alcanzados por gases lacrimógenos, balas de goma o agresiones mientras cubrían protestas, operativos militares o violencia de colonos. Para las organizaciones de libertad de prensa, el problema no es solo el riesgo inherente de cubrir un conflicto, sino la normalización de ataques contra periodistas claramente identificados.

El cuadro global no se limita a Medio Oriente. CPJ también registró niveles muy altos de encarcelamiento de periodistas. Su censo de 2025 contabilizó 330 trabajadores de prensa presos en todo el mundo, por quinto año consecutivo por encima de los 300 casos.

China, Myanmar, Israel, Egipto, Turquía e Irán figuran entre los países señalados por organizaciones internacionales por el encarcelamiento o persecución de periodistas. En muchos casos, los cargos utilizados son terrorismo, espionaje, colaboración con medios extranjeros o delitos contra la seguridad nacional.

En Irán, organizaciones de prensa denuncian que no existen garantías reales de juicio justo para periodistas críticos o vinculados a medios independientes. El uso de acusaciones de seguridad nacional contra reporteros forma parte de un patrón más amplio de represión a la disidencia, especialmente desde las protestas sociales de los últimos años.

La combinación de asesinatos, encarcelamientos, restricciones de acceso, campañas de desprestigio y falta de investigaciones independientes configura un escenario de deterioro profundo para la libertad de prensa.

El impacto trasciende a los propios periodistas. Cuando una cámara se apaga por miedo, censura, prisión o muerte, también se reduce la capacidad de la sociedad internacional de conocer qué ocurre en zonas de guerra, territorios ocupados o países bajo regímenes represivos.

Por eso, las organizaciones de defensa de la prensa insisten en que proteger a los periodistas no es un privilegio corporativo, sino una condición básica para el derecho a la información. En los conflictos armados, esa protección es además una obligación legal.

El año 2025 dejó una cifra récord y un mensaje inquietante: informar se volvió una actividad de alto riesgo en demasiados lugares del mundo. Gaza es hoy el símbolo más extremo, pero el problema es global. Sin garantías para la prensa, la primera víctima no es solo el periodista: también lo es la verdad pública.