UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.09.2026

NUEVA YORK (Uypress)- Representantes de unos 40 países, incluidos 12 ministros de Exteriores, se congregaron en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir medidas concretas que hagan cumplir el derecho internacional y brindar un firme respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI) frente a las presiones y sanciones de Estados Unidos.

El encuentro, copatrocinado por Sudáfrica y Malasia en los márgenes de la semana de alto nivel de la Asamblea General, contó con la intervención del canciller sudafricano, Ronald Lamola, quien advirtió que el derecho internacional no puede proteger a la población si sus obligaciones y decisiones judiciales son «ignoradas o consideradas opcionales».

Lamola denunció que jueces y fiscales de la CPI han sido blanco de sanciones estadounidenses y señaló que el diario The Wall Street Journal reporta la preparación de nuevas medidas por parte de Estados Unidos para restringir las actividades del tribunal y sus nexos con entidades de ese país. Estas acciones «dificultan» la cooperación internacional con la institución, cuya salvaguarda constituye el eje central de este bloque fundado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica.

Entre las metas del organismo figuran apoyar el cumplimiento de las órdenes de la CPI y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el conflicto palestino-israelí y las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma. La secretaria ejecutiva del grupo, Varsha Gandikota-Nellutla, resumió la misión central de la plataforma en la transición «de la impunidad a la rendición de cuentas».

Palestina reclama consecuencias reales y sanciones

El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, exigió a la comunidad internacional la aplicación de medidas económicas y políticas contra la expansión de los asentamientos israelíes y contra quienes contribuyan a ella.

Durante su intervención, denunció la confiscación de tierras, el avance urbanístico, el desplazamiento forzado y la violencia de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, al tiempo que advirtió que el plan de asentamientos conocido como E1 amenaza con «fragmentar Cisjordania y aislar Jerusalén de su entorno palestino».

Mansour criticó que «las declaraciones de condena no han ido acompañadas de consecuencias» para frenar estas políticas y posicionó al Grupo de La Haya como «un mecanismo para pasar de las declaraciones a las medidas». Demandó sanciones contra colonos y funcionarios «vinculados con la expansión de los asentamientos y el desplazamiento de palestinos, así como medidas comerciales contra los asentamientos».

El diplomático sintetizó su propuesta bajo la fórmula «no armas, no comercio, no dinero» dirigida a quienes prolonguen la ocupación, y solicitó un respaldo firme a las gestiones ante la CIJ y la CPI.

Irán demanda universalidad jurídica frente a la selectividad

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseveró que el derecho internacional «no se puede aplicar de manera selectiva» y argumentó que su credibilidad depende de garantizar la «igualdad ante la ley con independencia del poder de cada Estado».

Araqchí calificó la situación palestina como una muestra evidente de dicha aplicación «desigual» y valoró el proceso legal impulsado por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ al amparo de la Convención sobre el Genocidio.

Esta sesión ministerial tuvo lugar apenas tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionara a la CPI durante su intervención en la Asamblea General y exhortara a las naciones integrantes a retirarse del organismo.