UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.04.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – El compromiso de Javier Milei de llevar al Congreso la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril quedó empantanado entre la presión de laboratorios locales, el interés de multinacionales y la expectativa de Washington. El conflicto reabrió una vieja disputa: cuánto proteger la innovación sin encarecer medicamentos ni resignar margen industrial.

El punto de partida es oficial. En el acuerdo bilateral de comercio e inversión firmado el 5 de febrero entre Argentina y Estados Unidos, el gobierno de Milei se comprometió a someter al Congreso la adhesión al PCT antes del 30 de abril de 2026. Ese paso quedó formalizado el 25 de marzo con el ingreso del proyecto 0821-D-2026 en la Cámara de Diputados.

Pero el trámite político empezó a enfriarse. Reportes de iProfesional, elDiarioAR y otros medios argentinos coinciden en que el oficialismo no logró sostener el cronograma que buscaba dictamen y votación antes de fin de mes, y atribuyen la demora tanto a diferencias internas dentro del Gobierno como a la presión del lobby farmacéutico nacional. Hasta ahora, el proyecto sigue en comisiones y no tiene aprobación asegurada.

La discusión no se limita al tratado. El 18 de marzo el Gobierno derogó, mediante la Resolución Conjunta 1/2026, las pautas de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas vigentes desde 2012 y devolvió al INPI un margen más amplio para evaluar cada caso bajo la Ley 24.481. La medida fue leída como una señal de flexibilización en materia de propiedad intelectual, en línea con los compromisos asumidos con Washington.

Los laboratorios nacionales, sin embargo, marcaron sus reparos. CILFA sostuvo que la industria argentina ya opera bajo patentes desde 2000 y advirtió sobre el riesgo de ampliar monopolios mediante prácticas de “evergreening”, aunque al mismo tiempo valoró que el acuerdo con Estados Unidos no incluyera protección de datos de prueba ni extensión de plazos de patentes, dos reclamos habituales de la industria innovadora global.

El Gobierno defiende la adhesión con otro argumento: Argentina sigue fuera del PCT, un sistema con 158 Estados contratantes que permite centralizar solicitudes internacionales de patentes y ampliar de 12 a 30 meses el plazo para definir en qué países se buscará protección. Para investigadores, universidades y empresas tecnológicas, el cambio implicaría menores costos y más tiempo para conseguir financiamiento. Para los laboratorios locales, en cambio, puede reforzar la presión competitiva de multinacionales en un mercado especialmente sensible por su impacto en precios y acceso a medicamentos.

La pulseada, en definitiva, ya dejó de ser un tecnicismo jurídico. Se convirtió en una prueba política para Milei: cumplir con Washington y profundizar su agenda de apertura, o administrar el costo interno de enfrentar a una de las industrias con mayor capacidad de presión en Argentina. El acuerdo, por ahora, sigue firmado; lo que quedó congelado es su traducción parlamentaria.