INTERNACIONALES / DISPUTA POR MALVINAS
Argentina denunciará penalmente a cinco petroleras por operar en Malvinas
08.09.2026
BUENOS AIRES (Uypress) – El Gobierno argentino anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, bajo administración británica y cuya soberanía es reclamada por Argentina.
La acción será promovida por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio jurídico del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente.
La denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.
También comprenderá a los directores, gerentes, administradores, síndicos, integrantes de los consejos de vigilancia, mandatarios, representantes y otras autoridades empresariales que presuntamente hayan intervenido en las actividades investigadas.
Licencias otorgadas por el Reino Unido
El Gobierno señaló que algunas de las compañías contarían con licencias concedidas por las autoridades británicas para explorar o explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Argentina considera ilegítimas esas autorizaciones debido a que no fueron emitidas por el Estado argentino, que reclama soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
La presentación se fundamentará en la Ley 26.659, que establece condiciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La norma prohíbe desarrollar esas operaciones sin autorización del Gobierno argentino y contempla sanciones administrativas y penales para las empresas y personas involucradas.
La Casa Rosada presentó la denuncia como una medida destinada a proteger los recursos naturales y defender los derechos soberanos de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El proyecto petrolero Sea Lion
El centro de la disputa es Sea Lion, un yacimiento ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la cuenca septentrional del archipiélago.
El proyecto es operado por Navitas Petroleum, una compañía que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y posee una participación de 65%. El 35% restante pertenece a la empresa británica Rockhopper Exploration.
Las compañías estiman que la primera etapa demandará una inversión de aproximadamente US$ 2.200 millones y proyectan comenzar la producción de petróleo durante 2028.
Navitas y Rockhopper sostienen que las licencias fueron otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas y cuentan con el respaldo del Reino Unido.
Argentina rechaza esa posición y considera que las actividades constituyen una explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
Una escalada en la política de Milei
La denuncia fue anunciada después de que el presidente Javier Milei prometiera endurecer las sanciones contra las compañías que participen en proyectos petroleros en las islas.
El mandatario afirmó que el desarrollo de Sea Lion representa un peligro para los intereses argentinos y adelantó que impulsará modificaciones legales para ampliar las sanciones a empresas, accionistas, directores y proveedores relacionados con esas actividades.
Navitas y Rockhopper ya habían sido inhabilitadas para operar en territorio argentino durante 20 años. La nueva presentación agrega una dimensión penal a las medidas administrativas adoptadas anteriormente.
El Gobierno también anunció que otorgará prioridad presupuestal a la construcción de una base naval integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego, como parte de una estrategia destinada a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
El Reino Unido defiende las operaciones
El Gobierno británico mantiene que su posición sobre la soberanía de las islas es “inamovible” y sostiene que las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago son competencia de sus habitantes.
Londres invoca el principio de autodeterminación y el resultado del referéndum celebrado en 2013, cuando una amplia mayoría de los residentes votó por continuar bajo administración británica.
Argentina no reconoce la validez de esa consulta porque considera que la población actual fue implantada después de la ocupación británica de 1833.
La posición argentina se apoya en resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y exhortan a ambos países a reanudar las negociaciones.
Buenos Aires sostiene además que las partes deben abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación del territorio mientras permanezca sin resolver el conflicto.
Una disputa con efectos empresariales
La ofensiva argentina podría alcanzar a inversores, administradores y proveedores internacionales vinculados con el desarrollo petrolero.
Empresas de servicios energéticos como SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron al Gobierno argentino que no participarían en actividades hidrocarburíferas en las islas, después de las advertencias formuladas por Milei.
Navitas no había respondido públicamente a la denuncia penal al momento del anuncio. Rockhopper señaló que las consultas debían dirigirse a la empresa operadora y reiteró que el proyecto dispone de autorizaciones válidas.
La presentación ante la Justicia argentina no implica por sí misma la suspensión de las actividades en Sea Lion. Su alcance práctico dependerá de las decisiones judiciales y de la capacidad del Gobierno para aplicar sanciones sobre compañías y personas con intereses en Argentina o en otros países.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
