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30.06.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no se explica solo por el desgaste político acumulado. En las últimas horas, la difusión de audios atribuidos al exfuncionario y nuevos datos judiciales sobre su situación patrimonial terminaron de agravar un cuadro que ya era difícil de sostener para el gobierno de Javier Milei.

Los mensajes conocidos fueron enviados, según la información difundida en Argentina, al contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Tabar había declarado ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que las obras costaron US$ 245.000, pagados en negro. Esa declaración fue uno de los elementos que complicó la defensa política y judicial del entonces jefe de Gabinete.

En uno de los audios difundidos, atribuido a Adorni, se escucha al exfuncionario ofrecerle “todo el soporte” que necesitara antes de su declaración judicial. También le plantea la posibilidad de conversar personalmente en su propiedad y busca transmitir tranquilidad frente a la citación.

El contenido de los mensajes no implica por sí solo una condena ni prueba definitiva de delito. Pero sí tiene un impacto político evidente: muestra un intento de contacto directo con una persona que debía declarar en una causa sensible y que luego terminó aportando información relevante para el expediente.

Ese punto fue leído en la Casa Rosada como un nuevo problema. Hasta entonces, Milei había defendido públicamente a Adorni, incluso después de que se conocieran inconsistencias patrimoniales, viajes, propiedades, gastos elevados y rectificaciones en sus declaraciones juradas.

La línea oficial era que no había delito probado y que el funcionario debía defenderse en la Justicia. Sin embargo, la acumulación de revelaciones convirtió el caso en un problema de gobernabilidad.

Adorni no era un funcionario más. Como jefe de Gabinete, era el principal puente institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Su cargo lo obligaba a concurrir regularmente al Parlamento, responder preguntas, negociar con bloques y defender la gestión.

Esa función quedó cada vez más debilitada. La oposición impulsaba pedidos de interpelación y una eventual moción de censura. Sectores aliados, incluido el PRO, comenzaron a marcar distancia. Y el oficialismo debió bloquear sesiones para impedir que el tema avanzara en el Congreso.

La crisis judicial se transformó así en una crisis política. Cada dato nuevo del expediente no solo complicaba a Adorni, sino que afectaba la capacidad del Gobierno para ordenar su agenda legislativa y negociar reformas.

El expediente está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. La investigación analiza inconsistencias entre el patrimonio declarado por Adorni y los bienes, gastos y operaciones conocidos públicamente durante su paso por el Gobierno.

Entre los puntos observados figuran la casa de Indio Cuá, el departamento en Caballito, viajes, gastos con tarjeta, movimientos de dinero y declaraciones juradas rectificadas. Adorni incorporó luego bienes y explicó parte de su incremento patrimonial por inversiones en criptomonedas que no habían sido declaradas previamente.

La defensa del exfuncionario sostiene que no hubo hechos de corrupción y que las acusaciones forman parte de una campaña mediática y política. En su carta de renuncia, Adorni afirmó que se retiraba con la conciencia tranquila y denunció ataques contra él y su familia.

Milei también intentó preservar esa lectura. Tras aceptar la renuncia, volvió a decir que confía en su inocencia y remarcó que la Justicia todavía no se expidió.

Pero el Presidente decidió cortar por lo sano. La permanencia de Adorni ya no protegía al Gobierno: lo obligaba a defenderlo cada semana, tensaba el vínculo con aliados y mantenía bloqueada parte de la agenda parlamentaria.

La salida del exjefe de Gabinete permitió abrir una nueva etapa. Diego Santilli fue designado como reemplazante, con la misión de recomponer puentes con gobernadores, el Congreso y sectores dialoguistas. Su llegada expresa una apuesta más política y pragmática para relanzar la gestión.

La difusión de los audios, sin embargo, impide cerrar completamente el capítulo. Adorni deja el Gobierno, pero la causa judicial sigue abierta. Ahora deberá enfrentar el expediente desde fuera del Poder Ejecutivo y sin la centralidad institucional que tenía hasta hace pocos días.

Para Milei, el costo también persiste. El caso golpeó una de las principales banderas libertarias: la promesa de transparencia y ruptura con la “vieja política”. El Presidente construyó parte de su legitimidad sobre la denuncia de privilegios, corrupción y gastos injustificados del Estado. Por eso, cualquier sospecha sobre un funcionario propio tiene un efecto amplificado.

La crisis opacó además los mensajes económicos que el Gobierno buscaba instalar. En un momento en que la Casa Rosada intenta mostrar resultados, baja de inflación y recuperación de expectativas, el caso Adorni ocupó el centro de la agenda pública durante semanas.

El Gobierno buscará ahora pasar página, recuperar iniciativa legislativa y evitar que el expediente siga contaminando la discusión política. Pero la aparición de los audios muestra que la salida del funcionario no necesariamente clausura el problema.

La pregunta ya no es solo por qué se fue Adorni. Es cuánto daño dejó su permanencia y cuánto podrá contener Milei el impacto de una causa que todavía tiene recorrido judicial.

El Presidente eligió cerrar la etapa antes de que el Congreso o la Justicia le impusieran un desenlace más costoso. Pero el caso sigue ahí: en los tribunales, en la oposición y en la memoria política de un Gobierno que prometió ser distinto.