CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
Auditoría argentina cuestionó los controles sobre US$ 200 millones destinados a subsidios eléctricos
17.07.2026
BUENOS AIRES (Uypress) – La Auditoría General de la Nación de Argentina cuestionó la gestión y los mecanismos de control utilizados por el Ministerio de Economía para administrar US$ 200 millones desembolsados por el Banco Mundial dentro de un programa destinado a mejorar la focalización de los subsidios eléctricos.
El informe fue aprobado por el Colegio de Auditores Generales el 14 de julio y comunicado al Congreso mediante la Resolución 140/26. El Senado argentino dio cuenta formalmente del expediente este jueves 16.
El documento analiza los estados financieros del Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible en Argentina, correspondiente al período irregular comprendido entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024.
La iniciativa es ejecutada por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, y cuenta con un préstamo de US$ 500 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una de las instituciones que integran el Grupo Banco Mundial.
El objetivo del programa es mejorar la selección de los hogares que reciben ayuda estatal, proteger a los usuarios eléctricos de menores ingresos, corregir errores en las bases de datos y fortalecer el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía —RASE—.
De los US$ 500 millones acordados, unos US$ 200 millones fueron transferidos directamente a la Tesorería General de la Nación el 11 de diciembre de 2024, después de que el Banco Mundial considerara cumplidas las condiciones iniciales del contrato.
La AGN observó que, al cierre del período auditado, todavía no se encontraba aprobado el Manual Operativo del Programa con la conformidad del organismo internacional.
Tampoco estaban disponibles el plan operativo anual, el plan de adquisiciones aprobado por el Banco Mundial y la documentación completa sobre las cuentas bancarias y las personas autorizadas para gestionarlas.
Otro de los cuestionamientos se concentró en la justificación del desembolso. Según el informe, no se incorporó toda la documentación necesaria para explicar los criterios utilizados al calcular los US$ 200 millones.
El monto se vinculó con información extraída del sistema energético para las facturas emitidas por Edenor y Edesur entre diciembre de 2023 y julio de 2024, correspondientes a usuarios identificados como de menores ingresos.
El Ministerio de Economía respondió que las dos distribuidoras disponían de la información consolidada al momento de presentar la solicitud.
La explicación no eliminó la observación. La Auditoría recomendó que cada solicitud de desembolso incorpore la totalidad de los documentos que respaldan el cálculo y la utilización de los fondos.
La AGN señaló además que no existía una coordinación efectiva entre la Dirección de Información Energética y el área tecnológica del Ministerio para administrar el RASE.
También cuestionó la falta de un entorno informático específico para desarrollar, probar y mantener las herramientas utilizadas por el registro.
La deficiencia podía dificultar la trazabilidad de los cambios, el control de las bases de datos y la corrección de posibles errores en la clasificación de los beneficiarios.
Uno de los aspectos más sensibles fue la inexistencia de un mecanismo dentro de la Secretaría de Energía que permitiera verificar que los subsidios financiados con el préstamo fueran aplicados efectivamente en las facturas de los clientes.
La Auditoría tampoco pudo comprobar la existencia de normas, procedimientos o diagramas que detallaran los circuitos de compras, contrataciones, pagos y registros contables.
Economía indicó que esos procesos se encontraban en etapa de ajuste. La AGN recomendó subsanar las deficiencias y formalizar los controles para reducir los riesgos administrativos y financieros.
Las observaciones no equivalen a una constatación de malversación o desvío. El informe cuestiona la capacidad del Estado para demostrar documentalmente cómo se justificó el desembolso y para verificar el destino final de los subsidios, pero no afirma que los US$ 200 millones hayan desaparecido o sido utilizados en gastos diferentes.
La responsabilidad institucional recae sobre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Aunque la cartera está encabezada por Luis Caputo, el documento no constituye una citación personal al ministro ni formula una acusación penal en su contra.
El préstamo fue aprobado por el Banco Mundial en noviembre de 2024. En ese momento, el organismo informó que al menos un millón de usuarios incluidos en el RASE no contaban con información socioeconómica verificable, lo que dificultaba determinar si debían continuar recibiendo el beneficio.
El financiamiento fue otorgado con un plazo de devolución de 32 años y siete años de gracia. Además del pago de subsidios, contempla inversiones para mejorar los registros públicos, cruzar información proveniente de diferentes organismos y reducir errores de inclusión y exclusión.
En diciembre de 2025, el Banco Mundial afirmó que el proyecto había contribuido a reclasificar a 1,2 millones de hogares dentro del registro energético. Ese resultado fue posterior al breve período examinado por la AGN, que se concentró en la etapa inicial de implementación y en el primer desembolso.
El informe será analizado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, encargada de estudiar las auditorías y promover eventuales pedidos de información o medidas correctivas.
La discusión no gira únicamente en torno al destino contable de los US$ 200 millones. También plantea si el Estado argentino dispone de sistemas suficientemente sólidos para identificar a los hogares vulnerables, transferir los recursos, controlar a las distribuidoras y comprobar que la reducción subsidiada llegue efectivamente a cada factura.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
