SISTEMA FINANCIERO
Bancos de Estados Unidos reclaman integrar al cannabis legal al sistema financiero
17.07.2026
WASHINGTON (Uypress) – La Asociación Americana de Banqueros —American Bankers Association, ABA— reclamó al Congreso de Estados Unidos la aprobación de una reforma que permita incorporar al sistema financiero regulado los fondos procedentes de empresas de cannabis que operan legalmente bajo las legislaciones estatales.
La organización manifestó su respaldo a la Secure and Fair Enforcement Banking Act de 2026, conocida como SAFE Banking Act, mediante una carta dirigida a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado.
La iniciativa busca resolver parcialmente la contradicción existente entre las leyes estatales y federales. Aunque casi todos los estados estadounidenses han autorizado alguna modalidad de cannabis medicinal o de uso adulto, la planta continúa sometida a restricciones federales que generan riesgos jurídicos y regulatorios para los bancos.
Como consecuencia, numerosos productores, dispensarios y empresas vinculadas con el sector tienen dificultades para abrir cuentas, obtener préstamos, contratar seguros o procesar pagos electrónicos.
La ABA sostiene que una parte importante de esos negocios continúa manejando grandes cantidades de efectivo, situación que incrementa el riesgo de robos, dificulta el seguimiento de las operaciones y reduce la capacidad de las autoridades para detectar movimientos sospechosos.
“Es mucho más seguro para el sistema financiero estadounidense y para las comunidades que los bancos puedan prestar estos servicios”, plantea la posición institucional de la asociación.
Los bancos deben cumplir simultáneamente las normas estatales y federales. Por esa razón, brindar servicios a una empresa autorizada por un estado puede exponerlos a cuestionamientos relacionados con lavado de activos, supervisión bancaria o utilización de fondos considerados ilícitos por la legislación federal.
La SAFE Banking Act impediría que los reguladores federales sancionen, desaconsejen o restrinjan a una institución financiera únicamente por prestar servicios a una empresa de cannabis que cumpla la normativa del estado donde desarrolla su actividad.
El proyecto también establece que los ingresos generados por operaciones estatales legales no sean considerados automáticamente producto de una actividad ilícita a los efectos de la legislación federal contra el lavado de dinero.
Las protecciones alcanzarían a bancos, cooperativas de crédito, entidades financieras de desarrollo comunitario, aseguradoras y prestadores de servicios relacionados con la actividad.
También abarcarían a empresas que no producen ni comercializan cannabis directamente, pero trabajan con el sector, como propietarios de inmuebles, estudios jurídicos, contadores, proveedores, empresas de mantenimiento y transportistas.
La reforma no elimina los controles contra el lavado de activos. Las instituciones seguirían obligadas a identificar a sus clientes, analizar las transacciones, conservar registros y presentar reportes cuando detecten actividades sospechosas.
El texto dispone que el Departamento del Tesoro actualice sus directrices dentro de los 180 días posteriores a una eventual promulgación, con el objetivo de mantener la capacidad de la Red de Control de Delitos Financieros para prevenir y detectar operaciones ilegales.
La ABA argumenta que incorporar estos fondos al sistema bancario permitiría aumentar la transparencia, conocer el origen y el destino del dinero y mejorar la cooperación entre bancos, autoridades tributarias y organismos de seguridad.
La organización también advierte que el conflicto legal no afecta únicamente a las empresas de cannabis. Los fondos generados por el sector terminan circulando entre propietarios de locales, trabajadores, proveedores y profesionales que pueden enfrentar dificultades bancarias pese a desarrollar actividades legales.
La propuesta no legaliza el cannabis en todo Estados Unidos ni modifica las prohibiciones federales sobre su producción y venta. Su alcance está limitado a ofrecer garantías jurídicas a las entidades que decidan trabajar con negocios autorizados por los estados.
Tampoco obliga a los bancos a abrir cuentas, otorgar créditos o contratar con empresas del sector. Cada institución conservaría la facultad de evaluar los riesgos y decidir si ofrece o no sus servicios.
La iniciativa fue presentada en el Senado por Jeff Merkley junto con legisladores demócratas y republicanos, mientras Dave Joyce encabezó la versión correspondiente en la Cámara de Representantes. Ambas deberán superar el análisis de las respectivas comisiones antes de ser sometidas a votación.
La ABA representa a una industria bancaria con activos por unos US$ 26,1 billones y sostiene desde hace varios años que mantener al cannabis estatal legal fuera del sistema financiero aumenta los riesgos para las empresas, los trabajadores y las comunidades.
El problema tuvo repercusiones directas en Uruguay en 2017, cuando bancos locales y corresponsales internacionales limitaron o cerraron cuentas vinculadas con la dispensación legal de cannabis ante el riesgo de incumplir regulaciones estadounidenses.
La aprobación de la SAFE Banking Act no resolvería automáticamente todas las dificultades internacionales, pero supondría un cambio relevante en el tratamiento bancario de una industria que continúa siendo legal en numerosos estados y restringida por la legislación federal.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
