UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.06.2026

JERUSALÉN/RAMALA (Uypress) – Un video de Itamar Ben-Gvir entregando rifles de asalto a civiles israelíes volvió a circular en redes sociales y reabrió una discusión central sobre Cisjordania ocupada: si la violencia de colonos debe entenderse como el accionar de grupos extremistas aislados o como parte de una política sostenida por el Estado israelí.

La imagen es potente. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, referente de la ultraderecha y colono él mismo, aparece asociado a la distribución de armas a civiles en un contexto de guerra, ocupación y creciente violencia contra comunidades palestinas.

Aunque la entrega de armas no es nueva, su nueva difusión llega en un momento especialmente sensible. En los últimos días, ex primeros ministros, ex jefes de los servicios de seguridad, ex jueces, figuras culturales y referentes públicos israelíes advirtieron en una carta sobre lo que describen como una campaña de “terrorismo judío” en Cisjordania, con ataques contra palestinos cometidos con impunidad y, en algunos casos, con participación o tolerancia de estructuras estatales.

El debate no se limita a una escena viral. Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí flexibilizó de forma masiva la concesión de licencias de armas, aceleró trámites y promovió la formación de equipos civiles armados. Ben-Gvir defendió públicamente esa política como una herramienta de “autodefensa” y seguridad.

Reuters informó en 2023 que el ministro había ordenado la compra de 10.000 rifles para armar civiles israelíes, incluidos colonos, y que centenares de armas ya habían sido distribuidas en zonas consideradas sensibles. El propio primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo entonces que Israel alentaba a civiles a armarse para defenderse.

Con el paso de los meses, la política se amplió. En enero de 2026, Ben-Gvir aprobó la posibilidad de otorgar licencias de armas a residentes de otros 18 asentamientos en Cisjordania ocupada. Según el propio ministro, más de 240.000 israelíes recibieron permisos desde la expansión del régimen de armas, frente a un promedio anual anterior muy inferior.

El problema, según organizaciones de derechos humanos y analistas críticos, es que esas armas no circulan en un vacío. Se distribuyen en un territorio ocupado, donde los colonos israelíes viven dentro de un sistema de protección militar y legal muy diferente al que enfrentan las comunidades palestinas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas documentó más de 1.800 ataques de colonos contra palestinos durante 2025, con víctimas, daños a propiedades y desplazamientos forzados en centenares de comunidades de Cisjordania. Organizaciones israelíes, palestinas e internacionales vienen denunciando además que muchos ataques quedan impunes.

La Unión Europea también comenzó a reaccionar. En mayo sancionó a entidades e individuos vinculados a la violencia de colonos, congeló activos y prohibió poner recursos económicos a disposición de los sancionados. Bruselas afirmó que esas organizaciones y dirigentes son responsables de abusos graves y sistemáticos contra palestinos en Cisjordania, incluidos desplazamientos forzados, ataques contra propiedades y afectación de derechos básicos.

Sin embargo, esa respuesta abre una discusión política más profunda. Al sancionar solo a determinados colonos u organizaciones, Europa corre el riesgo de presentar la violencia como una anomalía de unos pocos extremistas, sin abordar el sistema que permite, financia y protege la expansión de asentamientos.

Ese es el punto central de la crítica. Los colonos violentos no actúan siempre al margen del Estado. En muchos casos operan en un entorno de protección militar, respaldo político, financiamiento público, legalización retroactiva de puestos de avanzada y acceso privilegiado a armas.

La propia Corte Internacional de Justicia sostuvo en 2024 que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que los asentamientos deben cesar. La mayoría de la comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este violan el derecho internacional.

Israel rechaza esa lectura y sostiene que los territorios son disputados, no ocupados en los términos planteados por sus críticos. También argumenta que las armas entregadas a civiles y colonos tienen como finalidad proteger vidas israelíes frente a ataques palestinos.

Pero la realidad sobre el terreno muestra una asimetría profunda. Los colonos armados cuentan con rutas, seguridad, protección militar y respaldo político; las comunidades palestinas viven entre puestos de control, demoliciones, restricciones de movimiento, ataques, pérdida de tierras y dificultad para acceder a mecanismos efectivos de justicia.

En los últimos años, esa asimetría se volvió más visible. La expansión de asentamientos, la legalización de nuevos puestos avanzados, los llamados a la anexión y la incorporación de colonos armados a estructuras de seguridad difuminan cada vez más la frontera entre civil, policía, ejército y militancia ideológica.

El video de Ben-Gvir entregando rifles no muestra simplemente a un dirigente de extrema derecha haciendo una puesta en escena. Muestra la imagen de un Estado que arma a una parte de su población civil dentro de un territorio ocupado, mientras esa misma población forma parte de un proyecto de expansión territorial condenado por amplios sectores de la comunidad internacional.

Por eso, la discusión europea sobre sanciones individuales parece insuficiente para muchos críticos. Si el problema se reduce a castigar a algunos colonos violentos, se evita enfrentar la responsabilidad de quienes diseñan, autorizan, financian y protegen la política de asentamientos.

La violencia de colonos no puede separarse del marco general de la ocupación. Tampoco puede analizarse sin mirar el papel de ministros como Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, figuras centrales de la ultraderecha israelí, ambos defensores de una política de expansión y control permanente sobre Cisjordania.

La nueva circulación del video vuelve a condensar esa tensión. Una mesa con rifles, un ministro sonriendo, civiles armados y un territorio bajo ocupación. La escena funciona como síntesis de una política: convertir a civiles israelíes en una extensión armada del proyecto de control territorial.

Mientras Europa sanciona a algunos individuos, la pregunta de fondo sigue abierta: si la violencia es apenas obra de colonos extremistas o si forma parte de una estructura más amplia de Estado, ocupación y anexión progresiva.

Ese es el verdadero significado político de la imagen. No habla solo de armas. Habla de poder, territorio, impunidad y de la dificultad internacional para nombrar el sistema que sostiene la violencia en Cisjordania.