BOLIVIA / CRISIS POLÍTICA
Bolivia cambia Defensa y endurece la respuesta ante bloqueos y protestas
04.06.2026
LA PAZ (Uypress) – La crisis política y social en Bolivia escaló en las últimas horas con la renuncia de dos ministros del gobierno de Rodrigo Paz y el nombramiento de un nuevo titular de Defensa, que asumió con la promesa de restablecer la circulación en las rutas bloqueadas.
El presidente designó a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa, luego de la salida de Marcelo Salinas en medio de protestas que ya llevan más de un mes y que mantienen interrumpidos accesos clave a La Paz, El Alto y otras zonas del país.
Justiniano afirmó que su tarea inmediata será “restaurar la normalidad”, garantizar rutas transitables, abastecimiento, atención médica, trabajo y paz. El mensaje marcó un cambio de tono en la respuesta del Ejecutivo, presionado por sectores que reclaman una intervención más firme para levantar los bloqueos.
La salida de Salinas coincidió con la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García, quien había tenido un papel visible en los intentos de diálogo impulsados por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos. Días antes también había dejado el cargo el ministro de Trabajo, Edgar Morales.
Las dimisiones muestran el desgaste del gabinete de Paz, que asumió en noviembre con la promesa de ordenar una economía golpeada por la escasez de dólares, la falta de combustibles, el aumento del costo de vida y la caída de la actividad.
Las protestas comenzaron con reclamos laborales y sectoriales, pero derivaron en una crisis nacional con bloqueos, desabastecimiento y pedidos de renuncia del mandatario. En las movilizaciones participan sindicatos, maestros, transportistas, organizaciones campesinas, sectores mineros y grupos afines al expresidente Evo Morales.
El Alto y La Paz son dos de los puntos más afectados por los cortes de ruta. Autoridades locales advirtieron sobre pérdidas económicas diarias, dificultades para abastecer mercados y problemas en hospitales por la falta de insumos, combustibles y medicamentos.
El gobierno sostiene que los pedidos de renuncia son antidemocráticos y acusa a sectores vinculados a Morales de impulsar una estrategia de desestabilización. Los manifestantes, en cambio, afirman que Paz incumplió sus promesas de campaña y aplicó medidas de ajuste que profundizaron la crisis social.
La semana pasada, el presidente había intentado enviar una señal de austeridad al anunciar una reducción de 50% en su salario y en el de sus ministros. El gesto, sin embargo, no logró desactivar las movilizaciones ni frenar los bloqueos.
Ahora, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para habilitar operaciones conjuntas de policías y militares destinadas a despejar rutas y garantizar corredores humanitarios. La iniciativa abre un nuevo capítulo de tensión, porque las organizaciones sociales advierten que una respuesta represiva puede agravar el conflicto.
El caso boliviano vuelve a mostrar el peso histórico de la protesta social en la gobernabilidad del país. En un contexto económico deteriorado, con ciudades parcialmente aisladas y un gabinete debilitado, Paz enfrenta el mayor desafío de su corta gestión.
La crisis ya dejó de ser solo un conflicto sindical o económico. Se transformó en una pulseada política por la legitimidad del gobierno, la capacidad del Estado para garantizar circulación y abastecimiento, y el papel de las Fuerzas Armadas en una situación de alta conflictividad social.
Imagen: REUTERS/Ipa Ibanez
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
