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19.05.2026

LA PAZ (Uypress) – Bolivia volvió a convertirse en escenario de una crisis política de alta intensidad. Mineros, campesinos, transportistas, sindicatos y maestros mantienen movilizaciones y bloqueos que golpean al gobierno de Rodrigo Paz, apenas seis meses después de su llegada al poder bajo la consigna de un “capitalismo para todos”.

El presidente boliviano asumió el 8 de noviembre de 2025, luego de una victoria que puso fin a casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). Su triunfo se apoyó en el desgaste del gobierno de Luis Arce, la fractura interna con Evo Morales, la escasez de combustibles y dólares, y una promesa de cambio moderado que buscaba diferenciarse tanto del viejo MAS como de la derecha más tradicional.

Seis meses después, ese capital político aparece seriamente erosionado. Reuters informó que las protestas iniciadas a comienzos de mayo crecieron hasta transformarse en un movimiento nacional con participación de sindicatos, mineros, transportistas y grupos rurales. Los reclamos combinan demandas salariales, rechazo a medidas de austeridad, críticas por el costo de vida y cuestionamientos a reformas agrarias percibidas como favorables a grandes propietarios.

La situación escaló con bloqueos de carreteras, desabastecimiento en La Paz y choques con la Policía. AP reportó que dos semanas de cortes dejaron mercados vacíos, afectaron reservas hospitalarias de oxígeno y derivaron en al menos tres muertes vinculadas a la imposibilidad de llegar a centros médicos. Las protestas, inicialmente sectoriales, pasaron a incluir pedidos de renuncia del presidente.

El trasfondo económico es central. Paz heredó una economía en crisis, con inflación elevada, escasez de combustibles y falta de divisas. En diciembre, su gobierno anunció la eliminación de subsidios a los combustibles, congelados desde 2006, con fuertes aumentos en el precio del diésel y la gasolina premium. La medida fue presentada como un paso necesario para ordenar las cuentas públicas, pero terminó ampliando el costo político de un ajuste que golpea de lleno a sectores populares y productivos.

El gobierno sostiene que recibió un “Estado quebrado” y acusa a Evo Morales y a sectores opositores de alentar la desestabilización. Morales, por su parte, respalda las movilizaciones y afirma que mientras no se atiendan problemas estructurales como combustible, alimentos e inflación, el levantamiento social continuará. La crisis, sin embargo, parece exceder la capacidad de movilización del expresidente: expresa también el choque entre una promesa de estabilidad y una agenda económica que buena parte de la calle percibe como ajuste.

El otro componente de la crisis es geopolítico. Desde su llegada al poder, Paz aceleró un realineamiento externo que rompe con buena parte de la tradición diplomática del ciclo MAS. Estados Unidos celebró la apertura de una “nueva etapa” en la relación bilateral y participó de la toma de posesión del nuevo presidente. Poco después, Bolivia flexibilizó restricciones para ciudadanos estadounidenses e israelíes y comenzó a recomponer vínculos estratégicos con Washington.

El gesto más sensible fue el retorno de la cooperación operativa con la DEA después de 17 años. Reuters confirmó en febrero que agentes de la agencia antidrogas estadounidense volvieron a trabajar con autoridades bolivianas, revirtiendo la expulsión decidida por Evo Morales en 2008. El ministro del Interior, Marco Oviedo, sostuvo que la medida forma parte de una estrategia multinacional contra el crimen organizado, pero para amplios sectores sociales e indígenas el regreso de la DEA revive una memoria de injerencia, criminalización del campesinado cocalero y subordinación de la política antidrogas a Washington.

También fue restablecida la relación diplomática con Israel, rota por el gobierno anterior a raíz de la guerra en Gaza. AP informó que el canciller boliviano Fernando Aramayo firmó en Washington una declaración con su par israelí Gideon Saar para reactivar los vínculos bilaterales, incluyendo la futura restitución de embajadores. La medida fue presentada por el nuevo gobierno como parte de una estrategia de “confianza” y cooperación internacional, pero consolidó la percepción de un viraje externo acelerado.

En ese marco se inscriben las denuncias conocidas como “Honduras Gate” y las investigaciones sobre redes regionales de consultoría política ligadas a la nueva derecha latinoamericana. Medios como Canal Red y El Libertador de Honduras sostienen que los audios filtrados mostrarían una trama de injerencia regional, lobby, operaciones digitales y reorientación política favorable a intereses de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, ese material debe ser tratado con cautela: hasta ahora no existe una verificación independiente suficiente que permita afirmar como hecho probado que el gobierno de Paz haya asumido compromisos previos de política exterior a cambio de apoyo electoral.

Lo que sí está documentado es la creciente discusión sobre el papel de consultores como Fernando Cerimedo y estructuras como Numen en campañas de la derecha regional. Nueva Sociedad publicó un perfil en el que vincula a Cerimedo con campañas de Jair Bolsonaro, Javier Milei, Rodrigo Paz y Nasry Asfura, y lo ubica dentro del ecosistema de nuevas derechas latinoamericanas, redes digitales y estrategias de comunicación agresiva.

Brújula Digital, en Bolivia, también recogió referencias de Nueva Sociedad y The Economist sobre la relación de Cerimedo con el entorno de Paz. Según esa publicación, el consultor admitió haber asesorado informalmente al presidente boliviano durante la segunda vuelta “como amigo”, mientras otras fuentes lo describen como un operador de influencia digital con vínculos con la red MAGA y antecedentes de controversias por desinformación.

El diario boliviano El País profundizó esa línea al analizar el rol de Numen y Brad Parscale, exjefe de campaña de Donald Trump, en la región. Según ese trabajo, la consultora habría incorporado herramientas de microsegmentación, análisis de datos y monitoreo digital aplicadas a campañas electorales. El informe sostiene que el caso boliviano debe leerse dentro de un patrón regional de profesionalización tecnológica de campañas conservadoras y reorientación posterior de políticas públicas.

El punto político es ese: aun si las denuncias más graves de “Honduras Gate” no pueden presentarse todavía como prueba judicial o documental cerrada, los hechos verificables muestran una dirección clara. Paz llegó al poder con un discurso de moderación y reconciliación, pero en pocos meses eliminó subsidios, reactivó la cooperación con la DEA, recompuso relaciones con Israel y estrechó vínculos con Washington, en un país donde soberanía, recursos naturales, coca, minería, litio y memoria antiimperialista son ejes sensibles de la identidad política.

La pregunta que hoy recorre Bolivia no es solo si el gobierno podrá levantar los bloqueos o negociar con sindicatos y campesinos. La pregunta de fondo es si el “capitalismo para todos” prometido por Paz terminó convertido, para buena parte de sus antiguos votantes, en una restauración neoliberal demasiado rápida, demasiado externa y demasiado parecida a un programa diseñado fuera de Bolivia.

El desenlace sigue abierto. Paz conserva respaldo internacional y argumenta que sus medidas son necesarias para evitar un colapso económico mayor. Pero la calle boliviana, que tantas veces definió el destino de sus presidentes, volvió a hablar con fuerza. Y esta vez lo hace contra un mandatario que llegó al poder prometiendo cerrar la fractura nacional, pero que en apenas medio año enfrenta la acusación política más peligrosa en Bolivia: haber confundido apertura al mundo con entrega de soberanía.