UY Press - Agencia uruguaya de noticias

17.05.2026

LA PAZ (Uypress) – Bolivia atraviesa una nueva escalada de tensión política y social tras más de una decena de días de bloqueos en rutas estratégicas. El gobierno de Rodrigo Paz desplegó un operativo policial y militar para restablecer la circulación, garantizar el paso de alimentos, combustible e insumos médicos, y evitar que La Paz quede paralizada.

La operación, denominada “Corredor Humanitario”, comenzó este sábado con la movilización de miles de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. Según reportes oficiales y medios locales, el despliegue se concentró en las principales carreteras de acceso a La Paz y El Alto, donde los cortes impedían el tránsito normal y afectaban el abastecimiento de productos básicos.

El conflicto comenzó con el rechazo de sectores campesinos e indígenas a la Ley 1720, una reforma agraria que permitía convertir pequeña propiedad rural en mediana propiedad y utilizarla como garantía crediticia. Para sus impulsores, la norma abría acceso a financiamiento; para organizaciones rurales, significaba mercantilizar la tierra y debilitar su carácter inembargable.

La presión social obligó al gobierno y a la Asamblea Legislativa a retroceder. El Senado aprobó la abrogación de la ley y el Ejecutivo buscó presentar esa decisión como una vía para pacificar el país. Sin embargo, la medida no alcanzó para desactivar la protesta, que fue incorporando nuevas demandas económicas, salariales y políticas.

En los últimos días se sumaron mineros, maestros rurales, sindicatos y organizaciones campesinas. Las consignas pasaron de la defensa de la tierra y los reclamos por combustible a pedidos de aumentos salariales, acceso a explosivos para cooperativas mineras, revisión de contratos, cambios normativos y, en los sectores más radicalizados, la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La tensión llegó a su punto más alto en La Paz, donde mineros intentaron avanzar hacia Plaza Murillo y se enfrentaron con la Policía. Hubo explosiones de dinamita, gases lacrimógenos, detenidos y escenas de fuerte confrontación en el centro político del país. Reuters informó que los manifestantes reclamaban la renuncia de Paz apenas seis meses después de su llegada al poder.

Associated Press reportó que los enfrentamientos marcaron el punto más crítico de dos semanas de protestas nacionales, iniciadas por sectores rurales y luego ampliadas a otros grupos sociales. La agencia señaló que el gobierno derogó la polémica norma agraria, pero que las movilizaciones continuaron con reclamos más amplios.

El operativo de desbloqueo abrió un nuevo capítulo. La Defensoría del Pueblo informó que durante las primeras horas de intervención en La Paz y El Alto se registraron 57 personas detenidas, un herido y agresiones a la prensa. El organismo llamó a evitar un escalamiento de la violencia y pidió respetar derechos humanos durante las acciones de restablecimiento de circulación.

El gobierno sostiene que la intervención no busca confrontar con los manifestantes, sino garantizar derechos básicos de circulación, abastecimiento y atención sanitaria. Las autoridades afirmaron que los bloqueos generaban escasez de alimentos, combustibles, insumos médicos y oxígeno hospitalario, especialmente en La Paz y El Alto.

La crisis se desarrolla sobre un fondo económico delicado. Bolivia enfrenta escasez de dólares, caída de la producción energética, dificultades para importar combustibles y presiones inflacionarias que golpean a sectores populares. El malestar social no responde a una sola causa, sino a la acumulación de problemas económicos, territoriales y políticos.

Paz llegó al poder prometiendo una nueva etapa tras dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo. Su gobierno buscó instalar un giro económico, institucional y político, pero rápidamente enfrentó resistencias sociales y tensiones heredadas de la crisis de combustibles, la falta de divisas y la fragmentación del sistema político.

La figura de Evo Morales vuelve a aparecer en el trasfondo. El gobierno acusa a sectores vinculados al expresidente de alentar la protesta y profundizar la crisis. Morales, que enfrenta procesos judiciales y permanece con apoyo de sus bases en el Chapare, expresó respaldo a las movilizaciones y advirtió sobre mayor conflictividad si no se atienden las demandas económicas.

El conflicto muestra la fragilidad de la gobernabilidad boliviana. Los bloqueos de rutas han sido históricamente una herramienta de presión central en el país, capaz de paralizar ciudades, condicionar gobiernos y abrir crisis políticas mayores. En Bolivia, la disputa por carreteras no es solo logística: es una forma de medir fuerza social y poder territorial.

El riesgo para el gobierno es quedar atrapado entre dos caminos difíciles. Si reprime con fuerza, puede provocar una escalada y unificar a sectores movilizados. Si cede demasiado, puede proyectar debilidad y estimular nuevas demandas. El operativo militar y policial intenta recuperar control, pero también aumenta el costo político de cualquier error.

La situación tiene además impacto regional. Ocho países de América Latina emitieron un comunicado de respaldo a la administración de Paz y llamaron a preservar el orden constitucional. La señal muestra preocupación por la estabilidad boliviana en un contexto sudamericano marcado por polarización, presión económica y conflictividad social.

La clave inmediata será si el “Corredor Humanitario” logra sostener el abastecimiento sin derivar en más enfrentamientos. Según reportes posteriores al inicio del operativo, algunos puntos fueron despejados, pero los movilizados comenzaron a reorganizarse y retomaron medidas de presión en zonas estratégicas.

El conflicto boliviano ya superó la discusión inicial sobre una ley agraria. Hoy expresa una crisis más amplia de legitimidad, economía y representación. Los sectores movilizados denuncian ajuste, pérdida de ingresos, falta de combustibles y decisiones tomadas sin consulta. El gobierno responde que debe garantizar circulación, abastecimiento y autoridad estatal.

Bolivia entra así en una fase crítica. Las rutas son el escenario visible, pero la disputa real está en la capacidad del gobierno de Rodrigo Paz para sostener gobernabilidad frente a una coalición social diversa, con demandas económicas urgentes y liderazgos políticos fragmentados.

La pregunta ya no es solo cuándo se levantarán los bloqueos. Es si el gobierno podrá construir una salida política antes de que la crisis de rutas, combustibles y protestas se transforme en una crisis de poder más profunda.

Imagen: APG